“Hace perder la independencia y autonomía del organismo. Es peligroso en el futuro que los consejeros, para que puedan ser reelectos, si quieren estar otros seis años, tengan que estar emitiendo fallos que le agraden al gobierno de turno (…) Hay que tener mucho cuidado cuando uno ejerce una función pública, por eso es tan importante la Constitución y la ley y no moverse un ápice de ese predicamento”.

Las palabras de Raúl Urrutia, recién salido Presidente del Consejo para la Transparencia (La Segunda 28/10/11), aparecieron casualmente el mismo día en que la Corte Suprema, a través de un documento de cinco carillas, advertía: “Ante la determinación del gobierno respecto a los nombramientos de jueces es posible que los magistrados tengan presente –consciente o inconscientemente– la forma en cómo repercutirán en su carrera profesional las decisiones que adopten. Esta posibilidad afecta objetivamente tanto las garantías constitucionales de ser juzgado por un juez independiente e imparcial, como la de un debido proceso legal”.

Los dos casos comparten varias características:

1) En ambos se cuestiona si el Ejecutivo, a través de su actuar y de ciertos dichos, está atentando contra la independencia de entidades consideradas, por ley, autónomas.

2) En los dos, el Gobierno ha manifestado molestia con decisiones de ambos organismos. En el caso del Consejo para la Transparencia, la Subsecretaría de Interior no acató la orden de que correos electrónicos de funcionarios del Ejecutivo son de conocimiento público. El asunto quedó radicado en la justicia.

En el del Poder Judicial versus encapuchados, ha habido gran cantidad de declaraciones. Por citar algunas… Ministro Chadwick: “Le hemos planteado a nuestros jueces que puedan aplicar el mayor rigor de la ley a esas personas que hacen de la violencia su diario vivir”. O la del Ministro Ribera: “No existe un adecuado equilibrio interpretativo y eso conduce a que personas que manifiestamente puedan haber participado en hechos de violencia son tan altos los niveles de comprobación que se exige que en definitiva salen libres”.

3) Tanto en uno como en otro, el Gobierno ha reaccionado ya sea adoptando o anunciando decisiones que se corresponden, dice, con atribuciones que le son propias. No sólo impugnó órdenes del Consejo sino que inauguró la premisa de que quiere preparar consejeros nuevos y, por eso, no le renovó el período ni a Urrutia ni a Juan Pablo Olmedo, a pesar de lo celosos que fueron en su trabajo pro-transparencia.

Respecto de los jueces, el Ministro de Justicia, en su enésima aclaración, reconoció que el Poder Judicial resuelve las contiendas que surgen de la implementación de la ley, sin que los otros poderes puedan revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones. “Sin embargo”, agregó, “el Presidente de la República tiene dos atribuciones sumamente relevantes, que es velar por la conducta ministerial de los jueces y designar tanto a éstos como a los altos magistrados (…)”.

¿Está el Ejecutivo quebrantando la independencia de entidades autónomas? No parece haber verdad absoluta al respecto. Las conclusiones de variados expertos difieren mucho entre sí. Pero, si uno hace un “promedio” con las ideas afines, éste vendría a ser el consenso: porque la sociedad se rige por políticas públicas en las que participan distintos actores coordinados entre sí, el gobierno – como actor -puede opinar respecto de materias que piensa no han sido bien llevadas.

Su preocupación, por supuesto, debe ser en pos de la defensa y protección de los derechos ciudadanos. Sin embargo, en el caso del Consejo para la Transparencia, ¿en qué se estarían transgrediendo esos derechos cuando éste establece que los mails de funcionarios hay que darlos a conocer porque son públicos? ¿O cuando ordena que la Fundación Integra informe en qué se gastaron donaciones destinadas a la reconstrucción? Se lo comento a un acérrimo partidario de gobierno y me dice: “¿Por qué puede la gente auditar lo que dicen esos mails y no puede el Ejecutivo auditar cómo sopesaron los jueces las pruebas para dejar libres a tanto encapuchado? El gobierno está defendiendo los derechos de las personas saqueadas y violentadas en protestas”.

Le contesto: “Porque, nos guste o no, en todo sistema democrático opera la independencia de Poderes”. En las políticas públicas, todo actor tiene su rol: el Ejecutivo formula las leyes y propicia un actuar policial que aporte evidencia para que la Fiscalía formule cargos que, como explica Clara Szczaranski, ““tengan un lógico nexo causal y claros indicios de autoría o participación”. El Legislativo aprueba las leyes y el Judicial las ejecuta – aplica – dentro de un sistema en que prima la presunción de inocencia y no la de culpabilidad.

Margarita Hantke

Margarita Hantke

“¡Pero los jueces los dejan a todos libres! ¿Quién responde por los destrozos, daños e incendios que cometen encapuchados?”, me retruca el partidario del oficialismo. “El Ejecutivo”, le digo, “puede estar igual de molesto y manifestarlo, pero no formular advertencias de que si no le gusta el actuar de un ente autónomo tomará medidas por su cuenta para intervenir en el trabajo de éstos”.

Para eso hay conductos establecidos por ley. Si a alguien le parece que los jueces no están haciendo su trabajo, deben acudir a la Corte Suprema. Si no le gusta el sistema “garantista”, puede intentar modificarlo por la vía legislativa. Si a la autoridad no le gusta que el Consejo para la Transparencia sea tan celoso en su actuar en pro de la causa, debe primero estimar qué espera la ciudadanía de este organismo: ¿nitidez del poder ante quienes lo eligen o resguardo de información que opina que la ciudadanía no debe conocer?

En el fondo, como lo decía una connotada abogado, se puede opinar, pero no presionar.

Margarita Hantke es periodista de la Universidad de Chile. Con vasta experiencia en radio y televisión, actualmente es conductora de Radiograma y del programa Asuntos Pendientes en Radio Bío-Bío. Puedes seguirla en su cuenta de Twitter @margaritahantke