El polémico proyecto de Gobierno para endurecer el castigo a las tomas y desórdenes públicos ya ingresó a trámite a la Cámara de Diputados y se encuentra disponible a la opinión pública.

El texto hace una aproximación en primer lugar a lo que se entiende por orden público, destacando como definición “clásica”, que este concepto “permite limitar la autonomía de la voluntad, en interés de la comunidad. Así, el orden público constituye un escudo protector frente a los excesos en que los particulares pueden incurrir, al tomar en cuenta sólo sus intereses en los actos que realizan”.

A partir de ello, describe las situaciones en que personas transgreden dicho orden público y hace hincapié en que atentan contra quienes se manifiestan pacíficamente: “en ocasiones, el legítimo ejercicio pacífico del derecho de reunión, es perturbado por otros que (…) provocan desórdenes, agreden a los funcionarios policiales o a quienes se manifiestan tranquilamente, causan daños a la propiedad, portan y utilizan armas cortantes, contundentes, de fuego e incendiarias”.

Agrega que estas personas “muchas veces ocultan su rostro para evadir la acción policial y asegurar sus ataques a los legítimos participantes de la reunión. A lo anterior se suman situaciones graves como saqueos y la afectación al desenvolvimiento normal de la vida diaria y la actividad del comercio en las zonas por la que transitan las marchas cuando ocurren situaciones que exceden el ámbito pacífico en que el derecho está llamado a ejercerse”.

El escrito además se refiere a que estas situaciones de violencia se han vivido “en escenarios de cortes generales de luz”, haciendo clara referencia al saqueo de un supermercado durante el último apagón que afectó a cerca de 10 millones de chilenos, interrupción del suministro que no se considera en este proyecto como alteración a dicho orden público.

Luego fundamenta la necesidad de reformar el Código Penal en que sus actuales disposiciones “no responden a los fenómenos sociales actuales ni a los de desórdenes públicos que enfrentamos, lo cual se ha traducido en una difícil aplicación de la norma y, en muchos casos, la consecuente impunidad de quienes son parte de estos hechos”.

Con ello, “se propone establecer claramente una responsabilidad penal para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado”, desórdenes como paralizar o interrumpir algún servicio público, “invadir, ocupar o saquear” viviendas, oficinas, establecimientos educacionales, entre otros, sean privados, fiscales o municipales; “o si importan impedir o alterar la libre circulación por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público”.

Establece además el aumento de las penas contra personas que actúen encapuchadas y aumenta la gravedad de las agresiones a Carabineros y la PDI.

Finalmente propone otorgar la facultad a las policías de solicitar medios de prueba audiovisuales sin orden de un fiscal.

Descarga AQUÍ el proyecto de ley completo.