Varias son las demandas del movimiento educacional. Algunas, además, tienen matices. En educación superior, uno de los alegatos es por el alto nivel de los aranceles, que ubica a Chile como el país de la OCDE donde las familias más gastan en ese ítem.
Entre las propuestas planteadas, se pueden mencionar aranceles diferenciados, aumentos de las becas, rebaja de los intereses de la deuda. Como trasfondo, se detecta un realidad: lo oneroso que significa estudiar en las universidades chilenas.
No se trata de una consigna, sino que de una verdad que, además, se ha agudizado con el correr de los años.
Los datos indican que los aranceles de las universidades del Consejo de Rectores en los últimos veintidós años, registraron incrementos de hasta 180% por sobre el Índice de Precios al Consumidor. Es así como aranceles que en 1989 costaban 291 mil pesos hoy alcanzan los 5 millones.
Un estudio realizado por Radio Bío-Bío seleccionó cinco universidades tradicionales del país y comparó los aranceles de las carreras más demandadas entre los años 1989 y 2011, descubriendo que los costos anuales han aumentado hasta en un 194% por sobre el incremento del Índice de Precios al Consumidor.
¿Es que las carreras han sufrido ese incremento de costos? ¿Tiene esto relación con la disminución del aporte estatal, lo que ha obligado a las universidades a financiarse cada vez más con las matrículas y aranceles de los alumnos?
Como sea, aranceles tan altos contradicen el discurso del Consejo de Rectores, que asegura pretender un sistema de educación universitario socialmente equitativo. Los actuales costos de ciertas carreras están simplemente fuera del alcance de una familia modesta de nuestro país.
Veamos algunos ejemplos…
En el año 1989, la carrera de medicina en la Pontificia Universidad Católica costaba $ 359.500 pesos anuales, una cifra que con el incremento del IPC hoy debería alcanzar un valor de $ 1.789.985. Sin embargo, esta casa de estudio está cobrando actualmente 5 millones de pesos.
Es decir, un apoderado que tiene un sueldo de 550 mil pesos mensuales podría pagarle la carrera de medicina a prácticamente tres hijos –destinando, claro, más de la mitad de su ingreso- si los valores hubieran subido de acuerdo al alza real del costo de la vida, pero el escenario revela que en la actualidad no podrá pagarle esta carrera ni siquiera a uno de sus pupilos.
Una situación similar se aprecia en la Universidad de Chile. Allí, en 1989, se cobraba $ 291.500 anuales por la carrera de Ingeniería Civil, una cifra que con el incremento del IPC hoy debería alcanzar a $ 1.374. 916, sin embargo hoy el valor es de $ 3.926.000 al año.
Al comparar los actuales valores con los de hace 16 años, es decir entre 1995 y 2011 podemos ver que la tendencia sigue la misma línea. Así lo indican los datos obtenidos en base a la calculadora de variación del IPC del Instituto Nacional de Estadísticas.
Con este sistema de cálculo se puede determinar que la Universidad de Concepción, en el año 1995, cobraba 774.000 pesos (a valor actualizado) al año por la carrera de Medicina, una cifra que en base a la variación del IPC debería tener hoy un valor de $1.453.952. Sin embargo, el precio actual llega a los $4.268.000.
La universidad Técnica Federico Santa María es una de las entidades que tiene mayor demanda en la carrera de Ingeniería Civil. En el año 1995, esa carrera tenía un valor anual de $706.000, equivalentes a 1.326.215 pesos actuales; sin embargo, vale $ 3.400.000.
En tanto, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el año 1995, cobraba por esa carrera $ 605.968. En valor actual, eso equivale a 1.138.306 pesos, pero cuesta $3.119000. Se podría rescatar que esta universidad por la misma carrera cobra casi 2 millones menos que la casa de estudios mencionada anteriormente.
A partir de estos datos puede cuestionarse el rol mismo de las universidades del Consejo de Rectores como instrumentos de promoción social de jóvenes talentosos, independientemente del ingreso monetario de sus familias.
También el sistema mismo de reajuste de los aranceles, sujeto al arbitrio de las universidades, sin regulación, muy por encima del IPC, que se expresa en la alta cantidad de ex alumnos –ahora profesionales- endeudados.