Por más de seis años la Corporación del Poder Judicial ha intentado desalojar a los okupas que viven en el que sería el nuevo Juzgado Laboral de Valparaíso. Incluso antes de comprarla por $1.500 millones la casona ya estaba invadida. Nada ha funcionado hasta ahora. Ni intentarlo por "las buenas", ni demandarlos con querellas judiciales. Ahora, interpusieron una nueva denuncia con el objetivo de concretar el desalojo.

Por ley, todas las personas tienen el derecho de acceder a la información pública, pero debido a una bodega en mal estado la Municipalidad de Cerrillos no está proporcionando lo requerido. No hay fecha clara para entregar la información, solo un plan para terminar con el problema. Radio Bío Bío conversó con la alcaldesa Lorena Facuse, quien respaldó "la decisión de que los funcionarios no accedan a la bodega hasta que podamos asegurar su integridad física y de salud, por lo menos hasta que podamos corregir con los recursos ya asignados este grave problema heredado de la gestión anterior”.

Una auditoría externa, entregada en enero de este año a la Dirección Ejecutiva de las empresas y fundaciones de la Universidad de Santiago, alertó que, de no tomarse medidas, podrían enfrentarse a un proceso de liquidación. Samuel Navarro, Director Ejecutivo, explicó a Radio Bío Bío que el informe no indica una crisis inminente, sino que señala la posibilidad de una crisis financiera si no se toman medidas, las cuales ya se están implementando. Sin embargo, no son pocas las fuentes ligadas a la casa de estudios que advierten respecto a la necesidad de una revisión del uso de las platas.