A nivel mundial, el gas lacrimógeno es uno de los elementos disuasivos más utilizado para controlar protestas, por sus compuestos que incapacitan temporalmente a los manifestantes causando irritación ocular y del sistema respiratorio.
Si bien existen más tipos, hay tres que son los más conocidos: cloroacetofenona (CN), la dibenzoxazepina (CR) y clorobenzilideno malononitrilo (CS). Este último, es el que actualmente utiliza Carabineros de Chile.
Se trata de un compuesto desarrollado en 1928 por Ben Corson y Roger Stoughton en la Middlebury College, que fue bautizado con las iniciales de sus apellidos (CS). Su creación buscaba reemplazar al peligroso CN, utilizado durante la Primera Guerra Mundial.
Entre sus principales síntomas se cuentan irritación de los ojos, espasmos en los párpados (blefaroespasmo), lagrimeo, irritación de las vías respiratorias y de la piel -especialmente en áreas húmedas-, salivación, secreción nasal (rinorrea), estornudos y tos.
Pero también podría generar dolor y opresión torácica, además de náuseas y vómitos, aumento temporal de la presión sanguínea y frecuencia cardíaca. Asimismo, pacientes con asma podrían presentar una crisis, mientras que los bronquíticos crónicos pueden sufrir bronquitis aguda y bronconeumonia.
El compuesto puede ser utilizado como gas o como solución, con aerosol líquido. Para esto último, se usan solventes como cloruro de metileno, acetona y la metilisobutilcetona, y para los propulsores utilizan butano, dióxido de carbono y el nitrógeno.
Los síntomas aparecen rápidamente 20 o 30 segundos después de la exposición, y tienden a desaparecer hasta media hora después, dependiendo del tiempo en que la persona logre respirar aire limpio.
Por lo general, una granada lacrimógena genera una nube tóxica de entre 6 a 9 metros de diámetro, cuya concentración se reduce rápidamente en la medida que se dispersa. Por lo mismo, si se detona en un espacio cerrado o en racimos, lógicamente los niveles de exposición, no de concentración, serán mucho más altos al no existir ventilación, acentuando los síntomas adversos.
De acuerdo al Journal of the American Medical Association, una detonación puede llegar a tener una concentración de entre 2 mil a 5 mil miligramos por metro cúbico, lejos aún de los niveles letales de exposición, que están por sobre los 25 mil según antecedentes publicados en revistas científicas aportados a BioBioChile por el doctor Andrei Tchernitchin, docente de la Universidad de Chile y presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico.
Se considera que una dosis letal provocaría un daño pulmonar que derive en asfixia y una falla circulatoria o que origine una bronconeumonia secundaria.
El polvo derivado de la utilización de la sustancia, por su parte, se puede asentar en el piso y permanecer activo por 5 días.
Además, cuando se calienta, el CS produce cloruro de hidrógeno, óxido de nitrógeno y cianuro. Sin embargo, a concentraciones de hostigamiento, su producción sería excesivamente pequeña y sin ninguna importancia clínica.
Actualmente no hay evidencia científica que demuestre si el CS es cancerígeno, pese a los estudios en ratas realizados por el Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos, de acuerdo a lo publicado por el Departamento de Salud del Reino Unido.
Asimismo, la evidencia descarta letalidad en embriones, mutagenicidad, es decir, alternaciones genéticas, ni teratogenicidad -malformaciones congénitas-, según determinó el Comité de Himsworth, grupo de expertos médicos que realizó un estudio al respecto entre 1969 y 1971, para validar el uso de lacrimógenas. Lo anterior, pese a los reparos de la Sociedad Británica para la Responsabilidad Social en la Ciencia.
En esa misma línea, el Comité del Departamento de Salud del Reino Unido ha expresado su inquietud respecto a la exposición al aerosol CS en los grupos susceptibles.
Estos últimos serían las personas con asma bronquial o alguna enfermedad obstructiva crónica de las vías aéreas, y quienes sufren de hipertensión u otra enfermedad cardiovascular.
¿Cómo atender a una persona afectada por gases lacrimógenos?
Según la guía elaborada por la Organización Mundial de Salud, Respuesta de la salud pública a las armas biológicas y químicas, lo primero es retirar al paciente de la fuente de exposición, y que respire aire fresco.
Luego, si los síntomas se mantienen, se recomienda la irrigación de las áreas afectadas con agua tibia, por lo menos durante 15 minutos. Cualquier partícula depositada en los ojos después de la evaporación del solvente debe lavarse con cantidades abundantes de agua tibia durante 15 minutos o más, señala el documento.
No obstante, advierte que en algunos casos el contacto breve con agua hidroliza el CS y puede agravar los síntomas de quemadura. “Se puede usar agua y jabón para lavar la piel, pero debe ser seguida de irrigación con agua tibia durante 15 minutos”, agrega.
“Las soluciones salinas o débiles de ácido bórico pueden aliviar los síntomas oculares y las lociones calmantes como la calamina se pueden usar sobre la piel lesionada. Los apósitos húmedos que permiten que haya evaporación, pueden calmar la piel. Los apósitos se deben cambiar cada 2 a 3 horas. Cualquier infección de la piel se debe tratar con antibióticos”, indica la OMS.
¿Quién autoriza las lacrimógenas?
En nuestro país, el uso de las lacrimógenas está regulada por la Ley de Control de Armas, donde se prohíbe su uso y comercialización a particulares, quienes sólo pueden adquirir elementos elaborados sobre la base de productos naturales como extracto de ají y pimienta.
La prohibición no corre para las Fuerzas Armadas y Carabineros. Mientras que la Policía de Investigaciones, Gendarmería y la Dirección General de Aeronáutica Civil, estarán exceptuadas según la cantidad que autorice el ministro de Defensa, a proposición del director de la respectiva institución, de acuerdo a la legislación.
Asimismo, el texto legal indica que “estas armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señale el respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional”.
En otras palabras, no especifica la forma en la que podrían ser utilizados, de ahí entonces que sea común su uso durante los periodos de instrucción en las distintas escuelas matrices, según consta en videos publicados en redes sociales.
El protocolo para gasear a manifestantes
En el caso de la policía uniformada, existe un documento titulado “Protocolos para el mantenimiento del orden público” de diciembre de 2012, en donde está especificado el “empleo de disuasivos químicos”.
De acuerdo a dicho protoloco, los vehículos lanza gases pueden entrar en operación sólo en caso que los vehículos lanza aguas no logren por completo el objetivo de dispersar una manifestación.
No obstante, lo primero que debe determinar su autorización, es que deben existir alteraciones al orden público. En ese sentido, quien es responsable de su utilización y el motivo -como la protección del personal que está siendo agredido y sobrepasado violentamente o con el fin de evitar un mal mayor- es el jefe de servicio.
Este último, además, debe observar el espacio físico donde se va a hacer uso del gas, si es un espacio abierto o cerrado, y la dirección del viento, por ejemplo.
Luego, se sugiere hacer advertencias a través de altavoces antes de usar los disuasivos químicos, teniendo especial cuidado con el uso de los líquidos CS.
“El uso de agua con líquido C.S., sólo se utilizará con manifestantes que desobedezcan en forma violenta o agresiva las contenciones, despejes o detenciones, o se estén cometiendo graves alteraciones al orden público, con el fin de evitar el contacto físico y enfrentamientos directos o acciones de violencia”, indica el documento.
Asimismo, el protocolo establece que “en el sector central de las ciudades estará restringido el uso de dispositivos lacrimógenos de mano y cartuchos lacrimógenos”, los que sólo se utilizarán frente a “necesidades imperiosas y luego de haber utilizado los demás medios dispersores”.
En ese sentido, se explicita que los gases se deben usar gradualmente dependiendo de la actitud de los manifestantes. Además, se pide tener especial cuidado del entorno, sobre todo en el caso de existir centros de salud y establecimientos educacionales.
En este punto, entraría en juego la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en donde estipula que “deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental (…) la aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas”.