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Fue a fines de febrero cuando se dio a conocer la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, que ocurrió en su hogar en Santa Fe, Nuevo México.

Las autopsias ya fueron llevadas a cabo por las autoridades, que determinaron que Arakawa falleció primero, debido a una infección por Hantavirus, mientras que el actor habría muerto una semana después, debido a problemas cardíacos. Sus cuerpos fueron hallados el mismo día.

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Lo cierto es que, ahora, se abrió un nuevo episodio ligado al ganador del Óscar. Este tiene relación con su herencia, donde se anticipa una disputa legal de parte de sus hijos.

De acuerdo a TMZ, Hackman nombró como única heredera de sus bienes, avaluados en 80 millones de dólares, a Betsy Arakawa, con quien se casó en 1991.

Por lo anterior, dejó fuera de aquel documento a sus tres hijos: Christopher, Leslie y Elizabeth Hackman, quienes nacieron cuando estaba casado con Fay Maltese.

Los archivos sostienen que Hackman suscribió dos fondos de administración de sus bienes, en 1995 y 2005. En ambos designaba a su segunda cónyuge como única heredera, si es que él moría antes.

Por su lado Arakawa, en su propio testamento, indicó que, en caso que ella falleciera, los bienes debían ser destinados a un fidecomiso caritativo. Es decir, los hijos de la celebridad seguían quedando fuera.

Ya se anticipa una disputa legal ardua, aunque desde el entorno adelantan que podría existir una posibilidad de éxito para los tres postulantes.

Esto tiene relación con las fechas de muerte, ya que el hecho de que Betsy haya sido la primera en morir cambiaría el panorama legal.

“Si él hubiera muerto primero y ella hubiera sobrevivido, habría sido la Tercera Guerra Mundial”, aclaró una fuente anónima.

Lo cierto es que la justicia nombró a la abogada Julia Peters como cuidadora de los testamentos del actor. La mujer tendría que evaluar la situación una vez que la investigación esté cerrada.

Los tres hermanos ya se hicieron asesorar por un abogado especialista, llamado Christopher Hackman, quien debería llegar a un acuerdo de repartición.

En caso de que no exista solución final, en el entorno de la familia, todos los bienes deberán ser destinados a instituciones de caridad de bien público.