La semana pasada, la Policía de Northumbria desestimó una denuncia en contra de la autora de Harry Potter por haber llamado a India Willoughby, una personalidad televisiva transexual, un hombre.
Willoughby había acudido a la policía alegando que Rowling “definitivamente había cometido un delito” al referírsele como hombre. La ex presentadora de noticias de 58 años ha prometido apelar “su decisión de no enjuiciar” y solicitará una revisión de la decisión.
Los seguidores de Willoughby también afirmaron haber presentado denuncias contra Rowling, quien reside en Edimburgo, a la Policía de Escocia con la esperanza de que la fuerza tome una decisión diferente.
Según consignó el medio británico, The Telegraph, en una denuncia publicada en línea, un usuario de X, anteriormente Twitter, afirmó haber presentado una queja ante la Policía de Escocia y animó a otros a hacer lo mismo. La denuncia alegaba que Rowling había “maltratado repetidamente a la Sra. Willoughby con la intención de acosarla, degradarla y deshumanizarla”, arriesgándose a causar “daño psicológico duradero”.
La denuncia añadía: “El motivo de este ataque por parte de Rowling es inequívoco: es porque la Sra. Willoughby es una persona trans”.
Por su parte, Rowling ha negado categóricamente ser transfóbica, afirmando que cree que las personas deberían poder vivir sus vidas como deseen. No obstante, sí ha expresado preocupaciones sobre aceptar que las mujeres trans son iguales que las mujeres, como sí sugieren algunos activistas.
También, ha tenido sus reparos sobre otorgarles acceso a espacios exclusivos para mujeres, lo que, según ella, plantea riesgos para los derechos y la seguridad de las mujeres biológicas.
Nueva ley preocupa a defensores de la “libertad de expresión”
Escocia posee un sistema legal diferente al de Inglaterra. Una nueva ley de delitos de odio, aprobada por los miembros del Parlamento Escocés hace tres años, está programada para entrar en vigor el 1 de abril.
En una carta dirigida al comité de justicia penal de Holyrood, el colectivo independiente de análisis político con sede en Edimburgo, Murray Blackburn Mackenzie (MBM), expresó inquietudes acerca de la implementación de la nueva ley, la cual introduce un delito adicional de “incitación al odio” dirigido a grupos protegidos, incluyendo a las personas trans.
A pesar de que la ley está a punto de entrar en vigor, las órdenes legales necesarias aún no se han presentado, generando preocupaciones sobre la falta de escrutinio o claridad sobre su funcionamiento, denuncia dicho grupo. Para algunos, existe el temor de que defensores de los derechos trans utilicen la ley como una herramienta para restringir la libertad de expresión.
“A pesar de una promesa clara hecha en el Parlamento, durante los tres años desde que se aprobó la Ley, el gobierno no ha hecho nada para involucrarse con aquellos preocupados por el impacto del proyecto de ley en la libertad de expresión en cuestiones de sexo e identidad de género”, dijo MBM.
“Los miembros del Parlamento subrayaron la importancia de la formación policial, pero lo que está sucediendo allí aún es desconocido. Todo el proceso ha sido una caja negra de toma de decisiones, de política cerrada desde arriba, que no inspira confianza”, concluyó.