A partir de cierta fecha, se irá incrementando cada año la edad en la que se permite comprar cigarros hasta que sea ilegal para todas las edades.

El Gobierno de Nueva Zelanda anunció este jueves su intención de ilegalizar el tabaco desde diciembre de 2022 para las nuevas generaciones. Si bien aún no está completamente claro desde que edad empezará a regir, sería para los nacidos entre 2008 y 2013 e irá aumentando progresivamente la edad permitida para comprar cigarros.

Esto busca reducir el consumo de tabaco en el país a menos del 5 por ciento de la población total en 2025. En el territorio según las cifras oficiales señalan que el cigarrillo es la causa de fallecimiento de hasta 5.000 personas al año en Nueva Zelanda, lo que representa el 15 por ciento de la mortalidad total.

“Queremos asegurarnos de que los jóvenes nunca comiencen a fumar, por lo que convertiremos en delito vender o suministrar tabaco a nuevas generaciones de jóvenes. Las personas que tengan 14 años cuando entre en vigor la ley nunca podrán comprar tabaco legalmente”, señaló la viceministra de Sanidad, Ayesha Verrall.

La ley se enmarca dentro de un plan de acción del Gobierno laborista de la primera ministra, Jacinda Ardern, cuyo objetivo es lograr una “generación libre de tabaco” con medidas como la limitación de los establecimientos donde se puede vender cigarros o la reducción de la nicotina.

Según el plan de acción colgado en la web del Ministerio de Sanidad, el Ejecutivo comenzará este mes la reforma legislativa.

Las autoridades señalaron al presentar su plan que a pesar de que se ha producido una disminución del consumo de tabaco en los últimos años todavía es muy alta entre la etnia originaria Maorí, un 28 por ciento, en comparación con la población de origen europeo, que alcanza un 20 por ciento.

“Si bien las tasas de tabaquismo van en la dirección correcta, debemos hacer más y más rápido para alcanzar nuestro objetivo. Si nada cambia, pasarán décadas hasta que las tasas de tabaquismo de los maoríes caigan por debajo del 5 por ciento, y este Gobierno no está dispuesto a dejar atrás a la gente”, apuntó la ministra de Sanidad.

La Asociación Médica de Nueva Zelanda (NZMA, en sus siglas en inglés) afirmó que el plan del Gobierno beneficiará al país y recordó que más del 80 por ciento de los fumadores en Nueva Zelanda desearían no haber empezado a fumar nunca.

“La mejor forma de lograr una Aotearoa (Nueva Zelanda en maorí) es prevenir que nuestros ‘tamakiri’ (“niños” en maorí) nunca empiecen a fumar en primer lugar. La política de una generación sin tabaco será un momento crucial para la salud respiratoria en Nueva Zelanda”, afirmó Alistair Humphrey, presidente de la NZMA en un comunicado.

Según el plan del Gobierno, los impuestos por el tabaco ascienden anualmente a unos 1.900 millones de dólares neozelandeses (unos 1.200 millones de dólares o 1.140 millones de euros).

No obstante, el coste derivados del tabaco para la sanidad y los servicios sociales públicos se estiman en al menos 2.500 millones de dólares (unos 1.700 millones de dólares o 1.500 millones de euros), según un informe del Ministerio de Sanidad de 2016.

Críticas por prohibición de comprar cigarros

El Ejecutivo ha reconocido en su propuesta que la prohibición es “probable” que provoque una aumento del contrabando e incluso “desafíos” en relación con las obligaciones de comercio internacional del país.

Uno de los más críticos con la propuesta del Gobierno ha sido David Seymour, líder del partido conservador Asociación de Consumidores y Contribuyentes Nueva Zelanda.

“La prohibición nunca ha funcionado, en ningún tiempo o lugar. Siempre ha tenido consecuencias involuntarias. Vamos a tener un mercado negro para el tabaco, sin estándares o regulación. Las bandas estarán frotándose las manos”, dijo Seymour en su cuenta de Twitter.

La medida también ha provocado la protesta de las tiendas de ultramarinos que venden cigarros, pues temen que sin el tabaco sus negocios no sean sostenibles.

De aprobarse la ley, Nueva Zelanda será el segundo país en ilegalizar la venta de tabaco, algo que ahora solo existe en el país asiático de Bután y rige desde 2004.