Chile está cambiando las reglas del juego para la portabilidad numérica. El pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial, se publicaron cambios importantes en el reglamento que la rige en nuestro país.

Las nuevas medidas que buscan mejorar la seguridad y reducir la morosidad, pero que también limitan la libertad de los usuarios para cambiar de compañía, entrarán en vigencia a partir del 3 de febrero de 2025.

¿Cuáles son las nuevas reglas para la portabilidad numérica en Chile?

Uno de los cambios más notables es el nuevo tiempo de permanencia: los usuarios deberán mantenerse en su nueva empresa por 120 días tras realizar la portabilidad, el doble del plazo actual de 60 días.

Esta medida, que busca evitar que los consumidores acumulen pequeñas deudas en varias empresas, podría ser vista como una restricción para quienes deseen cambiarse, por razones de calidad de servicio o cobertura.

Además, el proceso de portabilidad se fortalece en términos de seguridad. A partir de agosto de 2025, los usuarios de planes postpago también deberán ingresar un Código de Activación de Portabilidad (CAP), una acción que antes solo se aplicaba a los números prepago.

Ello tiene como fin evitar fraudes como el SIM swapping, que ha afectado a algunos usuarios en el pasado. Las empresas serán responsables de verificar la identidad del titular durante el proceso de portabilidad.

Respecto a las deudas, ahora será necesario tener la cuenta al día antes de portar el número, lo que implica que los usuarios deberán haber pagado cualquier saldo pendiente, incluso si aún no ha vencido. Esto busca evitar que los usuarios se porten antes de liquidar sus deudas con la compañía de origen.

Junto con eso, se incorporó una disposición referente a la seguridad de la información. Los proveedores y la Oficina de Administración de Portabilidad (OAP) estarán obligados a cumplir con estándares adicionales de ciberseguridad, garantizando la protección de los datos asociados a la portabilidad y tomando acciones frente a posibles incidentes.

Esta acción refuerza el compromiso con la protección de los datos personales y la integridad de los sistemas de telecomunicaciones.

En resumen, estos cambios refuerzan la seguridad y buscan una mayor eficiencia en el proceso de portabilidad, pero también limitan la flexibilidad de los usuarios, especialmente aquellos que desean cambiar de proveedor con más libertad.