A fines de septiembre pasado se aprobó la nueva Ley de Cumplimiento Tributario o “antievasión”, en la que se especifica que, desde ahora, los bancos deberán informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando un cliente reciba sobre una cierta cantidad de abonos (transferencias o depósitos) al mes o al semestre.

¿Pero para qué sirve esta medida? El Gobierno busca evitar la elusión de impuestos, recaudar más para solventar la Ley de Presupuesto 2025 y combatir el trabajo informal. Conoce cómo se aplicará la norma.

¿Qué pasa si recibo más de 50 transferencias al mes?

Según el mismo Ejecutivo, con la Ley de Cumplimiento Tributario proyectan recaudar de 1,5% del PIB, es decir, US$4.500 millones, de los que estima destinar US$1.200 millones al Presupuesto 2025 para financiar diversos planes, entre ellos, de seguridad y aumento de la PGU.

En concreto, la norma modifica el Código Tributario y agrega que, desde ahora, las entidades financieras (bancos) deberán proporcionar al SII información de la cantidad de abonos que reciban titulares, cuando se cumplan los requisitos señalados a continuación:

Que dentro de un mismo día, semana o mes se produzcan más de 50 abonos en las cuentas, provenientes de 50 o más personas o entidades diferentes, o que dentro de un semestre presenten al menos 100 abonos de 100 personas o entidades diferentes.

Vale destacar que previo a la aprobación de la Ley, el Código Tributario ya ordenaba a entidades financieras informar cuando haya clientes que registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 Unidades de Fomento (UF), casi $57 millones a la fecha.

Otras medidas de la Ley de Cumplimiento Tributario o “antievasión”

Además de que los bancos deban poner ojo al número mensual de abonos, la ley establece otras medidas para recaudar más impuestas y para combatir la informalidad o la evasión.

Por ejemplo, se eliminó la eliminación de la exención de US$41 a la compra de bienes importados mediante plataformas digitales. Con ello, también se incorpora un sistema simplificado para el pago de IVA en productos de hasta US$500, eliminando los aranceles en ese tramo.

Desde ahora, la administración del Estado, gobiernos regionales y municipalidades deben exigir inicio de actividades y cumplimiento de sus obligaciones tributarias a los contribuyentes con los que contraten algún producto o servicio.

De igual modo, contra el crimen organizado, se establecen medidas como un procedimiento judicial simplificado para el levantamiento del Secreto Bancario o la creación de la figura de denunciante anónimo para facilitar las denuncias.

Otra normativa es que a los supermercados y restaurantes se les reforzará las instrucciones administrativas para evitar la emisión de facturas a empresas por compras de consumo personal.