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La Fiscalía nacional anunció una investigación penal contra Marcela Cubillos, candidata a alcaldesa de Las Condes, por su millonario sueldo en la Universidad San Sebastián, alcanzando los $17 millones mensuales. Las sospechas apuntan a posibles delitos de corrupción, soborno y contratos simulados, lo que motivó la denuncia de diputados del Partido Socialista. Además, se investigaría un supuesto lucro encubierto en la USS, lo que llevó a la Superintendencia a actuar. La normativa prohíbe el lucro en educación, con multas de hasta $66 millones, y la USS recibió ingresos estatales por más de $50 millones en el 2023.
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Durante la mañana de este miércoles 25 de septiembre, la Fiscalía nacional anunció una investigación penal en contra de la candidata a alcaldesa de la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana, Marcela Cubillos (ex UDI), tras conocerse el millonario sueldo mensual percibido por supuestas labores en la Universidad San Sebastián ($17 millones).
Las indagatorias del Ministerio Público contra la exministra de Educación y Medio Ambiente, además de exconvencional constitucional, se suman a las que podría realizar la Superintendencia de Educación Superior por posibles falta a la Ley de Educación.
Las sospechas de posibles delitos aparecieron en el mundo político, ya que además del alto sueldo de Cubillos, se supo que la USS ha sido paradero de varias exautoridades de los gobiernos del fallecido expresidente Sebastián Piñera.
Muchos se preguntarán por qué la Fiscalía inició una investigación penal en contra de la ex secretaria de Estado, si el dinero recibido proviene de una institución privada. La indagatoria llega luego de la denuncia formal hecha por los diputados del Partido Socialista, Daniel Manoucheri y Daniella Cicardini.
De acuerdo a los parlamentarios, el sueldo de 17 millones de pesos chilenos percibidos mensualmente por Marcela Cubillos a manos de la Universidad San Sebastián, daría luces de eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política y contratos simulados.
De acuerdo al reportaje de El Mostrador, la exconvencional, prácticamente, no habría “dado clases durante todo su periodo en la universidad” y habría recibido el dinero por su contrato de docente, “incluso durante todos los periodos en que estuvo viviendo en Madrid, acompañando a su pareja, Andrés Allamand, líder de la Secretaría General Iberoamericana (Segib)”.
Eso último provocó las sospechas de posibles contratos simulados, incluidos en la denuncia que derivó en investigación. Además, los nombres de autoridades ligadas el exgobierno de Sebastián Piñera motivaron que también fuera denunciada un posible financiamiento irregular de la política.
Por otro lado, los mismos parlamentarios afirmaron que “acá (en la USS)” podría haber lucro encubierto, por eso, oficiaron a la Superintendencia para que se inicie un proceso de investigación, a pesar de que la entidad ofició a la casa universitaria para que “informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles”.
La Superintendencia tiene la facultad de fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la norma y sus estatutos, dice la ley de Educación Superior, en su artículo 20, letra D.
Recordemos que la USS, como universidad privada, se encuentra adscrita a los procesos formales de reconocimiento y acreditación y también recibe recursos del Estado. En el 2023, la Universidad San Sebastián obtuvo ingresos por pre y posgrados de poco más de $200 millones. De ellos, $50 millones son por Crédito con Aval del Estado (CAE), casi $38 millones becas fiscales.
De igual modo, la norma prohíbe el lucro en la educación en su artículo 65. Contravenir la ley de Educación Superior puede llegar a sanciones administrativas con multas de hasta 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, $66 millones.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
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