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Tras la publicación de la Alerta Sanitaria por el aumento de circulación de enfermedades respiratorias en Chile, el Ministerio de Salud (Minsal), confirmó desde cuándo se hará efectivo el uso obligatorio de mascarillas, quiénes deben portarlas, dónde y específicamente cuáles son los únicos tipos o modelos permitidos.
De acuerdo al Decreto publicado este jueves 3 de abril en el Diario Oficial, el uso obligatorio de mascarillas será en todos los servicios de urgencia de todos los niveles de atención de la Red Asistencial del país, tanto públicos como privados desde el 15 de abril de este 2025.
Uso obligatorio de mascarillas: ¿quiénes y hasta cuándo deben hacerlo?
Primero, es relevante establecer que el uso obligatorio de mascarillas aplica para “el equipo de salud, incluidos los profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y alumnos en práctica; paciente y cualesquiera otras personas que se encuentren en los mencionados servicios de urgencia de todos los niveles de atención”.
En ese sentido, y tal como advierte la Alerta Sanitaria, la autoridad competente podrá extender su utilización de manera forzada “a otros lugares de acceso público o donde exista aglomeración de personas si la evolución de los virus así lo amerita para evitar su propagación”.
Como se dijo, la medida es obligación a contar del martes 15 de abril de este año, hasta el 31 de agosto próximo, o, “hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión”, dice el documento.
¿Cuáles son los únicos modelos de mascarillas permitidos?
Respecto a los modelos, el Decreto deja establecido que, se entenderá por mascarillas, las médicas, también llamadas quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues.
Igualmente, también estarán permitidas las mascarillas y respiradores de alta eficiencia tipo N95, KN95 y equivalentes.
¿Cuáles son las multas por no respetar el uso obligatorio de mascarillas en Chile?
Primero, el no uso de mascarillas conlleva sanciones administrativas para los centros de Urgencia, según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario.
En tanto, las personas se arriesgan a sanciones que van desde presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 541 días a 3 años y un día de cárcel) o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales (casi $410 mil a poco más de $13 millones y medio), por poner en peligro la salud pública, según el artículo 318 del Código Penal.
