¿Cómo fueron a parar $3,4 billones de la Corfo a Hacienda y en qué se gastaron?

Es mitad de febrero. La mayoría de las voces políticas están de vacaciones y la pauta nacional lo nota. Sin embargo, hay un actor que no se salva este verano; el Gobierno de Gabriel Boric, que se ve envuelto en una nueva ola de críticas por la situación presupuestaria, tras conocerse el traspaso de más de 3,4 billones de pesos ($3.400.000.000.000) desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), hacia las arcas fiscales en el 2023.

Es necesario aclarar que no se trata de algo ilegal, de hecho expertos en la materia ponen paños fríos para explicar que el retiro de dinero desde la Corfo hacia Hacienda se llevó a cabo dentro de lo que permite la ley, pero no deja de llamar la atención la cantidad de dinero que se tuvo que utilizar, con una cifra histórica, que fue retirada en medio de críticas por los avances en materia de salud, vivienda y seguridad, sumado a los cuestionamientos por la creación de unos 100 mil nuevos cargos al interior del aparataje público.

Además, se mantiene la duda respecto a dónde o en qué se destinaron los miles de millones de pesos, o por qué en el 2023 el Ejecutivo necesitó de esa cantidad y no lo comunicó de manera oportuna o transparente.

Todo, se da justo poco tiempo después de las críticas que ha recibido el ministro Marcel, junto a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, debido a cómo han manejado las arcas fiscales en estos 3 años de gobierno. Por lo que ya se anunció una comisión investigadora por las interrogantes respecto a responsabilidad fiscal.

¿Qué es la Corfo?

Vamos por parte. La Corfo es una institución del Gobierno que apoya el desarrollo económico del país. Su principal tarea es impulsar la innovación, el emprendimiento y la productividad en distintos sectores, por medio de financiamiento, subsidios y asesoría a empresas, startups y proyectos que buscan crecer y generar empleo.

También fomenta la inversión en tecnología y sostenibilidad para mejorar la competitividad de Chile a nivel internacional.

Así, en medio de estas diversas tareas, la Corfo recibe ganancias respecto a ciertas inversiones, como las de la extracción de Litio, gracias a contratos vigentes con las mineras SQM y Albemarle, que explotan el recurso en el Salar de Atacama.

¿Qué pasó? El “manotazo” del Fisco a la Corfo

Según un reportaje del medio The Clinic, en el 2023, la Corfo aprobó millonarios traspasos al fisco por medio de seis transferencias que sumaron un total de $3.426.693.555.220, lo que significa el 4,5% del presupuesto del país para ese año.

¿Cuál sería el problema? Que, acorde a la investigación, la Corfo habría sufrido una “pérdida patrimonial” para poder cumplir con el último traspaso solicitado por Hacienda, que era de 1.500 millones de dólares. De hecho, explican que la Corporación debió recurrir a la venta de activos financieros.

De hecho, su vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente, se abstuvo (no rechazó, ni aprobó) el traspaso, porque implicaba “una reducción de los fondos patrimoniales que permiten el funcionamiento de largo plazo (de la Corfo)” afirmó.

A pesar de todo, el mismo Benavente descartó “pérdidas de capital” tras los millonarios traspasos al Fisco (lo explicaremos más adelante).

Para entender lo anterior, centrémonos en febrero del 2023, cuando se realizó la primera petición desde Hacienda, por más de $2 billones (de pesos chilenos), los que se pactaron que se pagarían en 5 cuotas durante el año (hasta noviembre).

El acta de la sesión afirma que la razón de la solicitud “tiene que ver, por una parte, con la caja, y por otra parte, con las fuentes de financiamiento del Fisco, atendido que está copado el nivel de endeudamiento de este año, por lo cual, no es posible sostener la caja a través de la emisión de deuda“.

Sin embargo, desde la cartera de Hacienda fueron solicitando, de “manera informal”, que los pagos se adelantaran, por lo que, según dice el reportaje, la Corfo debió vender activos para pagar al Gobierno, y después los repuso con los excedentes del litio del último trimestre de 2023.

Tras terminar con el primer monto solicitado, los excedentes del Litio quedaron en cero y la Corfo terminó traspasando al fisco casi 281 mil millones más de lo originalmente solicitado por el gobierno, que equivaldría “a todo el presupuesto que Corfo destina a transferencias y apoyo al sector privado en un año”, añadieron.

La discordia de los últimos US$1,5 millones

Luego, el 29 de noviembre del 2023, el Fisco, en voz del Gobierno (por mediod de Hacienda) volvió a pedir dinero a la Corfo, esta vez por 1.500 millones de dólares (1,4 billones en moneda nacional), pero ahora, necesitaban el pago “a la brevedad”, con fecha límite para el 8 de diciembre (una semana después). Específicamente, solicitaron dinero proveniente de las utilidades netas de Corfo en el 2022.

Eso sí, la Corfo tuvo que pedir más plazo, porque como los recursos ya formaban parte del patrimonio de la Corporación, dijo The Clinic, por lo que se encontraban invertidos como patrimonio fiscal. O sea, para poder acceder a ellos debían liquidarlos, o en otras palabras, “venderlos más baratos que lo que costaron”.

Por la operación de venta de ciertos instrumentos financieros, la Corfo dejó de percibir alrededor de $193 millones de dólares en intereses durante el 2023.

¿Qué dijo la Corfo?

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, abordó los traspasos extraordinarios por más de $3,4 billones. Mantuvo la postura de explicar que el alza histórica de los precios del litio registrada en 2022 y 2023 generó ingresos excepcionales.

“Los traspasos solicitados por el Ministerio de Hacienda en el marco de sus atribuciones legales afectan solo una parte de dichos ingresos extraordinarios”, aclaró, y que la liquidación de inversiones “fue necesaria para cumplir con las mencionadas transferencias”, pero que se hizo “de manera gradual y estratégica”.

En ese sentido, Benavente descartó “pérdidas de capital” en los millonarios traspasos al Fisco, a pesar de que el mismo se abstuvo de aprobar una de las transferencias por $1.500 millones de dólares, argumentando una “reducción de los fondos patrimoniales”.

¿Es ilegal o legal el traspaso de fondos desde Corfo?

Tras conocerse la noticia, el ministerio de Hacienda elevó un comunicado donde sostuvieron que los hechos “no constituyen una acción por fuera del marco legal, y que todo se fundamentaba en “el Balance Estructural”.

Consultado por BioBioChile, Francisco Castañeda, economista y académico de la Universidad Central, afirmó que toda la polémica es legal, “el Ministerio de Hacienda tiene las facultades de recaudar recursos de la Agencia del Estado y desde el punto de vista legal no hay cuestionamientos”.

Por su lado, el vicedecano Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Jonathan Hermosilla, asegura que como Corfo es una agencia de gobierno, que depende del Ministerio de Economía, el Estado puede requerir de su patrimonio.

“En este aspecto no veo mayor complicación porque son recursos que pasan de un servicio público a un ministerio en particular, y particularmente, con el objeto de equilibrar el presupuesto de la nación”, aclaró.

¿Por qué se requiere en estos recursos hoy día? “Bueno, puede ser por todo lo que el Estado hoy día está requiriendo con mayor presión para que tampoco el Estado se endeude más. Y para mantener ese equilibrio requiere recursos para poder financiar muchas de las actividades y proyectos en las políticas públicas de la nación”, mencionó el economista.

¿Y dónde fueron a parar? “Claro, uno podría indagar y preguntar definitivamente si estos 3,4 billones es para atenuar un déficit presupuestario o es para financiar alguna acción del Estado, y ahí está la cuestión”, concluyó.

¿Dónde están o en qué se gastaron los 3,5 billones de la Corfo?

The Clinic consultó a la Dirección de Presupuesto (Dipres), encabezada por la cuestionada Javiera Martínez, por el destino de estos traspasos, pero no pudieron decir específicamente a dónde fueron a parar.

“Los recursos por los que se consulta, al pasar a formar parte de los ingresos fiscales como un total agregado, fueron destinados al financiamiento general del presupuesto, sin que resulte posible especificar algún destino específico de gasto”, respondieron al medio citado.

Agregaron, además, que “si bien pueden existir planes o necesidades de financiamiento, presupuestariamente los recursos se traspasan al Tesoro Público y desde ahí se suman a los montos ya existentes, por lo que no se puede especificar destinos particulares”.

Igualmente, durante este miércoles 19 de febrero, una vez instalada la polémica, el ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo primero que “la polémica que ha existido a propósito de estos traspasos de Corfo al Tesoro es bastante artificial”, y que todos los movimientos fueron de manera “regular y transparente” y que no se habría gastado más recursos de lo que se señaló.

“Es probablemente o desinformación o mala intención”, añadió el jefe de la cartera.

Paralelamente, negó tajantemente una reducción del patrimonio de Corfo. “Eso tampoco es estrictamente cierto”, dijo. “Si uno toma el patrimonio de Corfo que existía cuando nosotros asumimos el Gobierno es básicamente el mismo que existe actualmente”.

Ahora, respecto a en qué se gastaron los más de 3 billones de pesos, “existían urgencias sociales en materia de seguridad, por ejemplo, con la necesidad de más carros para a los policías”, dijo Grau. Aludió también a necesidades en salud, vivienda; y ciencia y tecnología.

En el escrito del Ministerio de Hacienda afirman que “estos mayores recursos de carácter extraordinarios los recibió la Corfo, pero podrían haber llegado a cualquier otro ministerio o servicio público y el procedimiento hubiese sido el mismo: integrarlos al Tesoro Público para financiar los gastos del presupuesto.

¿Falta responsabilidad fiscal?

El economista Jonathan Hermosilla, estima que “este reintegro de recursos de Corfo hacia el Tesoro Público, se debe para, perdonando la expresión poco académica, tapar un hoyo de una decisión que afectó el equilibrio presupuestario“. Por lo anterior, dice que indudablemente “podríamos decir que hay una gestión poco adecuada”.

El experto dice la opinión pública también lo valoraría como transparencia y ayudaría a evitar toda esta discusión. “La transparencia sería fundamental”, cerró.

Lo mismo dijo a BBCL Francisco Castañeda: “Creo que el Gobierno debería haberlo comunicado, no haberse obtenido vía ley de transparencia la información, aunque esté dentro de los marcos legales (…) La ciudadanía quiere transparencia, porque obviamente la proyección fiscal de este año del 2025 ya está bastante compleja. Hay que recordar que hay una serie de gastos comprometidos, aumento de la PGU a $250 mil, va a entrar a operar el nuevo sistema de pensiones probablemente los próximos meses.

Sobre el trabajo presupuestario de Mario Marcel y Javiera Martínez, el economista afirma su gestión como compleja y que ambos “están bastante al debe”.

Las dudas sobre Mario Marcel y Javiera Martínez

Recordemos que la gestión de Marcel y Martínez ya estaba entredicho antes de que se supiera de estos traspasos desde la Corfo. Por esto, la UDI anunció previamente una solicitud para crear una nueva comisión investigadora en la Cámara Baja para indagar los errores de la Dipres relacionados con el incumplimiento de la meta fiscal comprometida para el 2024.

Los parlamentarios gremialistas consideran fundamental abordar los errores de cálculo de la Dipres, como el retiro de US$1.000 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), la recaudación por repatriación de capitales y la rebaja presupuestaria a Gobiernos Regionales.

Además, advierten que el Gobierno podría estar presentando informes financieros incorrectos en la tramitación de proyectos de ley.

En conversación con Radio Bío Bío, el economista Jorge Hermann explicó que el informe de Finanzas Públicas del 2023 afirmó que el aumento de las rentas de propiedad en $3.4 mil millones fue por un mayor precio del litio en los contratos de Corfo.

A su juicio, esto sería un engaño, porque “cerca de la mitad (US$1.500 millones) provienen de venta de activos de Corfo según consta en las actas de directorio. Lo anterior implica, que si no se hubiera utilizado esos recursos el déficit fiscal efectivo delm año, en vez de ser -2,4% del PIB, hubiera sido en torno a -3,0% del PIB”.