En la historia de Chile se han presentado 6 acusaciones constitucionales contra presidentes, 3 cuando aún eran mandatarios en ejercicio y 1 que terminó con la destitución del jefe de Estado.
Por estos días, este proceso ha tomado fuerza en la opinión pública, luego que la bancada de Renovación Nacional anunciara una AC en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric, que más tarde bajarían en menos de 24 horas.
Esta figura jurídico-política ha formado parte de cada Constitución Política desde 1828, donde se utilizó en una única ocasión hacia una máxima autoridad.
¿En qué consiste una acusación constitucional?
La actual Constitución detalla que esta acción puede interponerse hacia gobernadores, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de justicia, el contralor general de la República, generales o almirantes, y delegados presidenciales.
Aunque la que más resalta es aquella contra el Presidente de la República “por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes”.
La medida puede tomarse mientras el mandatario está en pleno ejercicio de sus funciones o hasta 6 meses después de abandonar el cargo, tiempo en el que no podrá abandonar el país sin acuerdo de la Cámara.
Por su parte, el artículo 53 establece que el Senado actuará como jurado “y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa”.
Mientras que la Cámara debe declarar si la AC es ha lugar con el voto de la mayoría, el Senado es el organismo a cargo de declarar culpabilidad o no, mediante el voto de dos tercios de los senadores en ejercicio.
En caso de que se tome esa decisión, entonces la autoridad será destituida y no podrá desempeñar funciones públicas por 5 años.
Las acusaciones constitucionales contra presidentes en la historia de Chile
AC contra Francisco Ramón Vicuña
En julio de 1829 se designó a Francisco Ramón Vicuña como Presidente provisorio de la República por 3 meses en una época compleja para Chile, en el marco de la guerra civil. Durante el tiempo que alcanzó a estar en el cargo, trasladó las sesiones del Congreso a Valparaíso e intentó impulsar la descentralización, consigna una publicación del Museo Vicuña Mackenna.
Tras abandonar su breve presidencia, el 20 de julio de 1831 se interpuso la primera de las acusaciones constitucionales hacia presidentes en cargo o no de la historia. Margarita Fernández, viuda del teniente Pedro Rojas, impulsó el libelo luego que este fuese ajusticiado tras ser acusado de sedición. La sentencia fue dictada por un Consejo de Guerra de Oficiales Generales, aprobada por Francisco Ramón Vicuña como presidente, pese a que la Corte Suprema reclamó infracción de las garantías constitucionales en el procesamiento de Rojas, menciona un informe de la Cámara de Diputados.
Pese a ello, el proceso fue rechazado.
Primera acusación de Carlos Ibáñez del Campo
100 años después, el 18 de agosto de 1931, se presentó una AC contra el general Carlos Ibáñez del Campo, cuando este se encontraba fuera del cargo.
Según el mismo informe de la Cámara, los hechos que se respaldaron en el libelo guardaban relación con “detención violenta, relegación y deportación sin orden judicial, y por medio de agentes de Carabineros, de varios Diputados, ocurridos desde el mes de febrero de 1927 y hasta julio de 1931″.
Tras una amplia discusión, el Senado declaró que Ibáñez del Campo era “culpable del delito de abuso de poder que se le imputa”. En ese sentido, la AC fue aprobada por 32 votos a favor y 1 en contra.
AC contra Arturo Alessandri Palma
Tres meses después de que culminara su tiempo en el cargo como máxima autoridad, el 18 de marzo de 1939, se presentó la acusación constitucional dirigida hacia Arturo Alessandri Palma a raíz de la represión policial que derivó en el asesinato de más de 63 obreros y estudiantes miembros del Movimiento Nacional-Socialista, en lo que se conoce como la “Matanza del Seguro Obrero”. Alessandri asumió la responsabilidad de estos actos.
La acusación fue interpuesta luego que los Tribunales Ordinarios desestimaran la querella de uno de los padres, amparándose en que como el presidente asumió la responsabilidad de lo ocurrido, era tarea del Congreso hacerse cargo del proceso. Tras ser debatida, se rechazó con 66 votos a favor, 53 en contra y 2 abstenciones.
Segunda acusación constitucional hacia Carlos Ibáñez del Campo
En su segundo mandato, Carlos Ibáñez del Campo se convirtió en el primer presidente contra quien se interpuso una AC durante el ejercicio de su cargo.
La medida se adoptó el 27 de noviembre de 1956 y se justificó por “comprometer gravemente el honor y la seguridad del Estado, e infringir abiertamente la Constitución y las leyes”.
“Se encuentra un ciudadano desprovisto de ponderación para dirigir nuestro país; carente de todo principio jurídico, más que eso, la ley le molesta y le estorba; que no comparte ni siente los principios de una democracia bien constituida como la nuestra; que cree que el Poder se ejercita bajo el signo de su sola determinación, y no por el libre juego de los Poderes e Instituciones que dan base a la Nación”, cuestiona el documento acusatorio.
Pese a todos los argumentos esgrimidos, la acusación constitucional fue rechazada con 48 votos en contra, 30 votos a favor y 37 abstenciones.
Las acusaciones constitucionales contra Sebastián Piñera
El expresidente Sebastián Piñera fue el segundo y tercer presidente contra quien se interpuso esta medida en el ejercicio de su cargo.
La primera de ellas fue presentada el 19 de noviembre de 2019, es decir, 1 mes y 1 día después de iniciado el estallido social. En ese sentido, la AC justamente se amparó en las acusaciones por las “graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, comentó la diputada Carmen Hertz en su momento, quien fue una de las impulsoras del libelo.
La Cámara aprobó la cuestión previa que indicó que la acusación no cumplía con lo requerido por la Constitución, por lo cual quedó como no presentada.
2 años más tarde, el 13 de octubre de 2021, se interpuso la segunda AC que nació luego de que se destapara el caso Pandora Papers, en el cual se reveló que las familias Piñera y Délano habían sellado la venta del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas: un paraíso fiscal.
El hecho derivó en una investigación donde se le acusó de posible cohecho, soborno y delitos tributarios, atribuyéndole el establecimiento de una cláusula que condicionaba parte del pago a que el Gobierno no declarara zona protegida el área donde se pretendía instalar el puerto y la mina de hierro y cobre que involucraba Dominga, en las cercanías de Punta de Choros, al norte de la región de Coquimbo.
Finalmente, la tercera de las acusaciones constitucionales contra presidentes en ejercicio fue admitida en la Cámara, pero fue rechazada por el Senado.