La violencia ha sido, históricamente, uno de los métodos más antiguos que los seres humanos han empleado para resolver conflictos. Aunque hoy se aspira a la diplomacia y la resolución pacífica, la guerra sigue desempeñando un papel crucial en las dinámicas de poder y hegemonía entre las naciones alrededor del mundo.
No obstante, incluso las guerras más crudas y despiadadas tienen normas y reglas a las cuales deben ceñirse a la hora de proteger la dignidad humana, evitar el sufrimiento innecesario y proteger a los civiles, prisioneros de guerra y heridos.
Lamentablemente, en muchos casos, estas normas no son respetadas, incurriendo en lo que se conoce como crímenes de guerra y revelando fragilidad de los acuerdos en medio de la brutalidad del conflicto armado.
Los Convenios de Ginebra
Los esfuerzos por alcanzar acuerdos sobre cómo actuar en situaciones de conflicto bélico se remontan a varios siglos atrás. No obstante, la reglamentación del Derecho Internacional Humanitario a nivel global se inició durante la segunda mitad del siglo XIX.
En 1864 tuvo lugar el primer Convenio de Ginebra, en el marco de las guerras de Crimea e Italia. En total son cuatro. El primero se centró en los combatientes, mientras que ya en el último, realizado en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial, se buscó proteger a la población civil. Más adelante, se añadieron nuevos protocolos que profundizaron en el derecho de guerra.
Aunque existen diversos acuerdos, tratados y convenios sobre las leyes de la guerra, los Convenios de Ginebra son fundamentales en el Derecho Internacional Humanitario. Adoptados globalmente, son la base de la regulación de la guerra y limitan los actos más atroces, siendo una referencia central en este ámbito.
Es importante dejar claro que lo anterior no significa que existe un “derecho a la guerra”, pero sí existen una serie de normas que regulan el comportamiento entre beligerantes durante los conflictos armados.
¿Qué dicen las leyes de la guerra?
En esencia, las leyes de la guerra hacen la distinción entre aquello que puede ser atacado durante un conflicto bélico y aquello que debe ser preservado.
Por un lado, estas contemplan la protección y el resguardo de civiles, personal humanitario y sanitario, periodistas, etc. Es decir, aquellas personas que no participan directamente de las hostilidades.
“Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten”, explican desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Medialuna roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan”, agregan.
Así mismo, las leyes de la guerra también regulan el uso de ciertos métodos de combate o armas, así como el trato ético a prisioneros de guerra.
“Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos”, explica el ente.
Por último, según explican, dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, también se ha acordado establecer límites a su empleo.
Crímenes de guerra
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define como crímenes de guerra las infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, así como otras violaciones significativas de las leyes y costumbres que rigen los conflictos armados.
Algunos de ellos, según el mencionado estatuto, son:
Tomar rehenes: Capturar personas para usarlas como intercambio o para presionar al enemigo.
Atacar civiles o bienes civiles: Dirigir ataques a personas que no están participando en la guerra o a cosas que no son objetivos militares, como casas, escuelas o hospitales.
Atacar misiones de paz o humanitarias: Lanzar ataques contra el personal, vehículos o instalaciones de las Naciones Unidas o de misiones que están ayudando a las personas afectadas por el conflicto.
Realizar ataques desproporcionados: Lanzar ataques sabiendo que causarán muchas muertes de civiles, daños graves al ambiente o destrucción de bienes, que no justifican el objetivo militar.
Mover población hacia o fuera de territorios ocupados: Trasladar a la fuerza a personas dentro o fuera de una zona ocupada, o instalar a la propia población en territorios ocupados.
Saqueo: Robar o saquear ciudades o lugares después de tomar control de ellos.
Usar armas químicas: Emplear gases tóxicos, venenos o dispositivos similares que causen graves daños.
Cometer violencia sexual: Actos como violación, esclavitud sexual, embarazo, prostitución o esterilización forzadas, entre otros tipos de abuso sexual.
Atacar personal médico: Atacar a personas, vehículos o instalaciones que llevan el emblema de la Cruz Roja o de los Convenios de Ginebra, como hospitales o ambulancias.
Usar el hambre como arma: Privar a la población civil de alimentos y bienes esenciales o bloquear la llegada de ayuda humanitaria.
¿Qué ocurre cuando un país transgrede las leyes de la guerra?
En gran medida, las consecuencias por crímenes de guerra dependen de la voluntad política de los Estados involucrados.
Aunque existen mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar estos crímenes, su efectividad puede verse limitada si los países no cooperan o si no aceptan la jurisdicción de la CPI.
Según explican desde Amnistía Internacional, cuando un país comete crímenes de guerra, la responsabilidad de juzgar a los culpables recae inicialmente en el sistema judicial del propio Estado donde ocurrieron los crímenes.
Si este no actúa, entra en juego el Derecho Internacional Penal, y la Corte Penal Internacional puede intervenir para investigar y enjuiciar a los responsables, siempre que tenga jurisdicción o si así lo decide el Consejo de Seguridad de la ONU.
Un ejemplo emblemático de que sí puede haber consecuencias para crímenes de guerra, cuando existe voluntad política, son los Juicios de Núremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un tribunal militar internacional para juzgar a los líderes nazis.
Estos juicios, celebrados entre 1945 y 1946, marcaron un precedente histórico, ya que altos funcionarios fueron enjuiciados y condenados por sus crímenes.
