Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto de Protección de Datos Personales, que regula el tratamiento de la información sensible de las personas y aplica considerables multas a las empresas por su infracción.
La iniciativa nació a partir de la integración de dos mociones similares ingresadas en 2017, una presentada por la expresidenta Michelle Bachelet y otra por un grupo de senadores. En total, la ley fue aprobada con 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones, con críticas principalmente desde la oposición que apuntaron el impacto negativo que podría generar en la inversión y las excesivas multas.
Pese a la “desproporción” acusada, la normativa que homologa al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, consiguió luz verde. Estas son los principales detalles de la iniciativa.
¿En qué consiste la Ley de Protección de Datos Personales?
En general, la ley regula cómo debe ser el tratamiento y la protección de información personal de las personas como sus nombres, domicilios, geolocalización, correo electrónico, datos biométricos y número de teléfono.
Por lo cual, se limitarían las conocidas llamadas de spam telefónico, a través de las que se insiste a las personas para contratar productos o servicios, pese a que el usuario pertenezca a una compañía diferente.
A través de la aprobación, ahora las personas tendrán derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales.
En ese sentido, la normativa establece legalidad en el uso de estos datos solo cuando las personas den su consentimiento para ello, salvo en casos de celebraciones de contrato o para dar cumplimiento a una obligación legal.
¿Cómo serán las multas por infringir la ley?
Para dar cumplimiento a estas normas, se creará la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo de derecho público, con su propio patrimonio y personalidad jurídica.
Este organismo tendrá la tarea de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que quedarán estipuladas en un informe. Por lo tanto, ante la transgresión de las pautas, el ente podrá aplicar sanciones ante infracciones leves, graves y gravísimas, que incluyen multas de hasta 5.000 UTM ($329.505.000), 10.000 UTM ($659.010.000) y 20.000 UTM ($1.318.020.000), respectivamente.
La regulación se aplicará al tratamiento de datos personales en territorio nacional, incluyendo si se realiza a nombre de un mandatario, si la utilización está ligada a la oferta de bienes, así como también para quienes busquen usarlos fuera de suelo chileno.
Pese a que este lunes se concretó la aprobación de la ley, recién entrará en vigencia en 24 meses, dando tiempo a los responsables para adaptarse a la normativa, consigna una publicación del Gobierno.