El 13 de mayo de 2022 fue la última vez que el proyecto ‘ley arbolito’ tuvo movimiento en el Senado. Se trata de una iniciativa que busca regular la tala, poda y cuidado del arbolado en zonas urbanas.
A comienzos de agosto, un temporal de fuertes vientos botó más de 1.800 árboles en la región Metropolitana. Algunos fueron sacados de cuajo, otros terminaron con parte de su corteza y ramas destrozadas y volcadas hacia cables del tendido eléctrico, ayudando, en parte, al masivo corte de luz que afectó a esa zona por 2 semanas.
¿Una mejor planificación en torno a la integración de árboles al entorno urbano, podría haber evitado la numerosa caída de especies?
Lo que dice la iniciativa ‘ley arbolito’
La Ley de Arbolado Urbano e Infraestructura Verde, más conocida como ‘ley arbolito’, ingresó al Senado el 28 de abril en 2021.
Se define como una moción que busca definir un cuerpo legal que garantice el desarrollo de ciudades verdes y sostenibles a través de una gestión integral de estructuras verdes.
Esto lo realizaría a través de la “valoración, fomento, planificación, gestión, protección y conservación”, consigna una publicación del Senado. Y se aplicaría a zonas urbanas y de extensión urbana en terrenos considerados bienes nacionales de uso público, como en parques, plazas, áreas verdes, aceras, caminos públicos, riberas de esteros y cuerpos lacustres.
Durante su tramitación, el proyecto pasó por la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, donde se aprobó que antes de salir sea revisado por la comisión de Vivienda y Urbanismo. Luego, tuvo un par de movimientos para presentar indicaciones y desde entonces, hace más de 2 años, el proyecto duerme en el Senado.
Ahora bien, ¿cómo funcionaría esta normativa en casos como el del temporal pasado? Luego del mencionado sistema frontal, la ONG Red Árbol Urbano emitió un comunicado en su cuenta de Instagram donde se refirieron a la necesidad de poner celeridad a la aprobación de la iniciativa, reflexionando sobre su utilidad.
“Es una solución efectiva (…). La promulgación de esta ley debería mejorar significativamente la gestión del arbolado urbano, reduciendo los riesgos asociados a la caída de árboles y potenciando los beneficios ambientales, sociales y económicos”, sostienen desde la entidad.
Sobre esa misma línea, plantean que en estos escenarios la situación se complica ante una “deficiente gestión del arbolado urbano”, reflejada en un mantenimiento inadecuado. “Una infraestructura urbana que no contempla el espacio necesario para su crecimiento, la elección incorrecta de especies, y la ausencia de una planificación integral, son carencias que se suman a intervenciones severas, haciéndolos más vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos”, añaden.
Algunos de los puntos clave del proyecto de ley incluyen la petición que deberán realizar las empresas eléctricas a los municipios para efectuar una poda, que deberá estar acompañado por un plan de podas, que se justifique con un informe técnico. Además, los planes de áreas verdes tendrán que considerar 1 árbol cada 100 m² de superficie total, donde al menos el 50% deberán ser especies nativas de la zona.
