Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno tomó la decisión de decretar Zona de Catástrofe entre las regiones de Coquimbo y Ñuble, que se suma a Bío Bío que ya contaba con la medida desde el martes.
En un inicio, algunas autoridades hablaron de que se había decretado “Estado de catástrofe”, sin embargo, estaban cometiendo el error de confundir ambos términos por el alcance de nombre. Pese a que simple vista pueden parecer similares, tienen condiciones que las diferencian.
¿Qué se considera como Zona de Catástrofe?
En 1977 se promulgó el decreto 104, que regula las disposiciones para los casos de sismos y catástrofes en Chile.
Este determina que ante esas situaciones, el presidente de la República puede dictar la aplicación de este decreto cuando estos fenómenos causan un perjuicio en las personas o sus bienes, apuntando las comunas, localidades o sectores geográficos que se hayan visto afectados.
¿Cuáles son las facultades que tiene el presidente en este contexto?
El dictamen implica una serie de garantías especiales que se activan una vez anunciadas, por ejemplo la designación de autoridades y sus determinadas atribuciones o facultades.
Aunque principalmente el decreto autoriza a los organismos la contratación de bienes o servicios, mediante licitación privada o trato directo.
Además el artículo 16 de la norma establece que las instituciones públicas podrán ayudar a las personas damnificadas, sin que exista una “sujeción a las normas legales con cargo a sus fondos propios”. Para ello, el presidente debe fijar el destino o uso de los recursos que se otorgarán.
En general, el presidente tiene las facultades excepcionales de destinar recursos a instituciones públicas, así como a la población chilena. Por ejemplo, el artículo 34 establece que puede destinar un subsidio mensual a las familias que hayan sufrido la muerte de uno de sus integrantes a causa de la catástrofe.
¿Qué implica decretar Estado de Catástrofe?
A diferencia de la Zona de Catástrofe, el Estado de Catástrofe limita los derechos y garantías constitucionales debido a que se configura un Estado de Excepción. Estos pueden ser por guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.
Al igual que la otra alternativa, es el presidente quien tiene las facultades para decretarlo en todo el país o en una zona determinada.
A partir de ahí la máxima autoridad debe designar un jefe de la Defensa Nacional, quien asume la dirección y vigilancia de su zona de jurisdicción, teniendo facultades excepcionales para estas circunstancias:
1. Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública de la zona, velando por el orden público, controlando la entrada y salida de ese territorio, así como dictar medidas que resguardes las obras de arte, los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales, entre otros.
2. Ordenar el acopio o almacenamiento de las reservas de alimentos, artículos y mercancías para la subsistencia de los habitantes, así como controlar la entrada y salida de éstos.
3. Determinar la distribución o utilización gratuita de estos bienes para el mantenimiento y subsistencia de los habitantes.
4. Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público.
5. Impartir instrucciones a los funcionarios del Estado, incluyendo empresas o municipalidades de la zona para subsanar los efectos de la calamidad pública.
6. Difundir por los medios de comunicación las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población.
7. Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona.
8. Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal.
El Estado de Catástrofe se decreta por un máximo de 90 días, pero puede prorrogarse o hacerse una nueva declaración, si así lo requiere.
