El pasado viernes 9 de febrero, la destacada abogada y activista venezolana, Rocío San Miguel, fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, minutos antes de abordar un avión con destino a Miami.
Sin embargo, su detención no fue anunciada sino hasta el domingo 11 del mismo mes, por el Fiscal General, Tarek William Saab, por medio de sus redes sociales.
De acuerdo a la misma autoridad, su detención se debería a su presunta participación en la conspiración e intento de magnicidio denominado “Brazalete Blanco”, en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Esta situación ha provocado una gran conmoción internacional, ya que diversas organizaciones, como las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, e incluso países como Estados Unidos, han señalado su preocupación en el asunto.
¿Quién es Rocío San Miguel?
Rocío del Carmen San Miguel Sosa, nacida el 6 de mayo de 1996 en Caracas, es una abogada y activista de derechos humanos venezolana con nacionalidad española, que se desempeña como la presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Esta organización gubernamental, que investiga casos de violaciones a los derechos humanos desde el 2005, tiene como misión principal el promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de seguridad nacional, de defensa y de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Comenzó su carrera en el sector público a inicios del 2000, donde se desempeñó como Directora General de Despacho en el Ministerio de Infraestructura, para luego adentrarse en el ámbito de la defensa y seguridad nacional.
Posteriormente, ejerció como investigadora en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora en el Consejo Nacional de Fronteras y consultora jurídica. Asimismo, realizó actividades académicas en diversas instituciones militares de educación superior.
El problema empezó a escalar más cuando su figura como defensora de los derechos humanos destacó paulatinamente. Incluso, detalla el Comercio, que el 18 de enero del 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección por “amenazas y hostigamiento” por parte del Estado.
De hecho, el 2018, la abogada ganó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de sus derechos políticos y de expresión, luego de ser despedida el 2004 de su cargo en el Consejo Nacional de Frontera, por apoyar un referéndum que buscaba recortar el mandato, del entonces presidente, Hugo Chávez.
Detención de Rocío San Miguel
Según CNN Español, la detención de Rocío San Miguel se realizó el viernes 9 de febrero, a las 5 am, cuando estaba a punto de salir del país, acompañada de su hija, Miranda Díaz San Miguel.
Hasta ese momento, la información no era de conocimiento público, incluso la defensa argumenta que no hubo comunicación con la familia, ni con los abogados.
Un día después, se dio a conocer de manera extraoficial sobre la detención de la activista, motivo que provocó los primeros pronunciamientos de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, las que exigían su liberación.
El domingo 11 de febrero, pasadas las 4 de la tarde, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció a través de sus redes sociales la detención de Rocío San Miguel, bajo el pretexto de estar presuntamente involucrada en una conspiración e intento de magnicidio.
Desaparición forzada
El lunes 12, las organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la falta de información oficial, indicando que el caso de San Miguel tiene características de una desaparición forzada.
Durante la tarde, el abogado defensor Juan Luis González Taguaruco, acusó que 5 personas más, vinculadas a la abogada, habían sido detenidas también: su hija, dos hermanos y dos ex parejas.
Esa misma noche, el fiscal general de Venezuela, publicó en sus redes sociales que estaban realizando la audiencia de presentación de San Miguel y otras cinco personas, por la presunta participación de la conspiración denominada “Brazalate blanco” (plan conspirativo contra el régimen de Maduro).
El martes 13, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se pronuncia para señalar que seguían con mucha atención el caso de Rocío. Mientras tanto, el Ministerio informó que la activista fue imputada por los supuestos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
La última información del caso se entregó el sábado 17, cuando la defensa de San Miguel confirmo a CNN que todavía no la han podido ver.