En su visita a Israel, el presidente Javier Milei ratificó su promesa de mover la embajada argentina a Jerusalén. El anuncio generó polémica dado que se trata de una ciudad que, si bien el país hebreo controla unilateralmente, cuenta con un status especial a nivel internacional en línea con el conflicto irresuelto con los palestinos.
El eventual traslado de la embajada a la ciudad sagrada para las tres grandes religiones monoteístas implicaría un giro drástico en la tradición diplomática del país trasandino.
Argentina se mantuvo neutral desde que inició el conflicto israelí-palestino tras la partición de Palestina que dio origen al estado de Israel en 1948.
La resolución 181 de las Naciones Unidas (ONU) otorgó un status especial a Jerusalén, bajo la premisa de que sea una “ciudad internacional” dividida en dos partes: la occidental, bajo la órbita israelí; y la oriental, bajo dominio árabe y considerada como capital del eventual estado palestino. Sin embargo, desde 1967 Israel ejerce el dominio total de la ciudad, a la que considera su capital, luego de ocuparla tras la guerra de los Seis Días.
En ese entonces, si bien la mayoría de los países mantuvieron su “neutralidad” frente al status de Jerusalén (que representa el punto más álgido del conflicto árabe-israelí), en 2017 Donald Trump sentó precedente al convertir a Estados Unidos en la primera potencia en mudar la embajada a Jerusalén, desoyendo las críticas por ir en contra de la normativa internacional.
¿Puede Milei mover la embajada a Jerusalén?
En caso de que Milei efectivamente lleve a cabo su propuesta, tendría algunos obstáculos a nivel local que se remontan al momento en que la Argentina de Juan Domingo Perón reconoció al estado de Israel en 1951, siendo el primero de la región.
En ese entonces, el reconocimiento del Estado judío quedó estampado en la ley 14.025 de junio de ese año, después de un intercambio de notas firmadas por el canciller argentino Juan Atilio Bramuglia y su par israelí, Carlos Grunberg.
“Apruébase el establecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre la República Argentina y el Estado de Israel, realizado mediante las notas reversales firmadas en la ciudad de Buenos Aires, el día 31 de mayo de 1949”, reza la norma.
En cuanto a Jerusalén, la ley establece que la embajada argentina debe estar en Tel Aviv, al igual que hicieron la mayoría de los países que firmaron la resolución de la ONU sobre la partición de Palestina. Por tanto, para que Milei pueda efectivamente trasladar la embajada, deberá impulsar la modificación de la norma ante el Congreso.
“Es una ley que refleja tratativas diplomáticas sobre la cual ambos Estados deciden que la embajada argentina tiene que estar en Tel Aviv. Para que cambie esto tiene que cambiar la ley”, explicó a Perfil Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. “Tiene que haber una nueva negociación diplomática, un nuevo intercambio de notas. Si no modifica esta ley, no puede cambiar la embajada”, agregó.
La opción del DNU
Para mover la embajada, en tanto, el Gobierno de La Libertad Avanza deberá presentar la iniciativa ante el Congreso, donde tiene una posición minoritaria con apenas 38 diputados y 7 senadores. Pero el presidente Milei tiene otra opción para derogar la ley que establece la sede de la embajada argentina en Israel: emitir un decreto de necesidad y urgencia.
Según la constitución nacional, el presidente puede derogar leyes por decreto siempre que no tengan que ver con las materias prohibidas expresamente: penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Sin embargo, de optar por esta opción, el Congreso tendrá la palabra final al respecto, tanto por acción como por omisión, de dar luz verde al traslado de la sede diplomática.
Antecedentes
Al igual que Trump, Milei prometió en campaña trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén, algo que refrendó durante su viaje a Israel, el primer país que visitó de manera oficial como presidente. En caso de lograrlo, romperá con la histórica neutralidad argentina ante el conflicto israelí-palestino.
De los 193 países que conforman la ONU, apenas tres reconocen a Jerusalén como capital de Israel: Estados Unidos, cuyos pasos siguió luego Honduras y Guatemala. También Kosovo, un estado no reconocido por la comunidad internacional.
La decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel en diciembre de 2017 fue cuestionada incluso por líderes de países aliados, por sus implicancias en el proceso de paz en Medio Oriente.
La condena también escaló a los organismos internacionales, tanto que, en una reunión de emergencia, 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de ONU condenaron la decisión (que no prosperó por el veto estadounidense). La Asamblea General, por su parte, aprobó una resolución para pedir a sus miembros no seguir el ejemplo de Trump de trasladar sus embajadas.