Una querella criminal por el delito de “administración desleal”, presentó la Fundación Isabel Aninat en contra de Gerardo Varela, actual presidente del directorio de la Sociedad Productora de Leche del Sur (Prolesur), por haber extinguido una deuda que mantenía Soprole con esta última, por 13.900 millones de pesos.
La acción legal dirigida contra Varela, exministro de Educación que debió renunciar a la cartera -entre otras salidas de libreto- por comentarios sexistas, fue interpuesta ante el Cuarto Juzgado de Garantía por el abogado Gabriel Zaliasnik.
La presentación -a la que accedió Radio Bío Bío– incluye a otros cuatro directores de Prolesur, entre los que destacan Tomás Walker, hermano del actual titular de Agricultura y los parlamentarios DC Arturo e Ignacio. Le siguen el abogado y colega de Varela en el estudio Cariola, Sergio Diez Arriagada y los neozelandeses Robert Spurway y Paul Campbell.
El escrito que ya fue admitido a tramitación y enviado a la Fiscalía Oriente, revela una guerra intestina en Prolesur, controlada por la neozelandesa Fonterra a través de Soprole -donde Varela fue presidente hasta principios de 2018- y dos sociedades extranjeras con asiento en Chile.
Parte de los detalles que reveló la Fundación Isabel Aninat -que forma parte de la propiedad de Prolesur- es que Varela, apenas asumió en octubre pasado, despidió al gerente general, Juan Carlos Petersen, enviándole un mensaje de Whatsapp, con el fin de “sacarse de encima una piedra en el zapato”.
Petersen no era cualquier empleado. Había sido contratado en 2015 como el primer ejecutivo externo y cuya misión era Prolesur y hacerla más independiente de Soprole.
Sin embargo, a poco andar, Petersen, descubrió los ilícitos denunciados por la FIA, luego de hacer una revisión contable a través de la cual acreditó que Soprole adeudaba la millonaria suma, como pagos entre empresas relacionadas.
En la acción legal se detallan ásperas reuniones de directorio, donde la FIA asegura que Varela y los otros querellados, cometieron el delito a sabiendas para perjudicar a Prolesur y favorecer las millonarias ganancias de Fonterra, pese a existir informes de auditoras internacionales que advertían las irregularidades.
De acuerdo a la querella, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF, ex SVS) solicitó antecedentes y habría iniciado una investigación luego de la denuncia presentada por Enrique Alcalde, exrepresentante de la FIA ante Prolesur.
El abogado Gabriel Zaliasnik, patrocinante de la FIA solicitó, entre otras diligencias, que el Ministerio Público interrogue en calidad de imputados al propio Varela, Diez, Walker, Spurway y Campbell.
Además, pidió que la fiscalía tenga a la vista todos los documentos que dan cuenta de las estructuras de precios de transferencia, los libros mayores y diarios desde 2012 a 2018, con lo que la información comercial secreta de Prolesur, quedaría al descubierto.
La historia la revela Radio Bío Bío.
Vuelta a la leche
El 24 de julio de 2018, el entonces ministro de Eduación Gerardo Varela debió dejar su cargo, por decisión del Presidente Sebastián Piñera, luego de varias salidas de libreto que incluyeron burlas a las clases menos acomodadas y otras sexistas, cuando aseguró que sus hijos eran “campeones” por la cantidad de preservativos que ocupaban.
Parte del estudio Cariola, con un patrimonio que supera los tres mil millones de pesos, amplias redes en la derecha y en el mundo empresarial por sus negocios con Southern Cross -entre muchos otros- Varela asumió en octubre pasado como presidente del directorio de la Sociedad de Productores de Leche del Sur (Prolesur).
El tema no le era ajeno, porque hasta febrero de 2018 fungió como presidente de Soprole y vicepresidente de Prolesur, a la que renunció en febrero de 2018 junto al actual ministro de Economía, José Ramón Valente, para asumir labores en el gobierno.
El regreso de Varela a Prolesur quedó ejecutado a fines de octubre, según se lee en el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Vea el nombramiento
Se trata de un sociedad cuyo capital accionario está dividido entre varias personas jurídicas. Por ejemplo, Soprole maneja el 70,45 %, Inversiones Dairy 15,77% y Dairy Enterprises 0,01%. Estas últimas, a su vez, son controladas por la neozelandesa Fonterra. En otras palabras la firma de Oceanía, maneja el 86,23% de Prolesur. Otros dueños son la Fundación Isabel Aninat (FIA) con 13,6% y 600 accionistas minoritarios con el 0,17%.
En palabras simples, Prolesur es el principal abastecedor de leche de Soprole y este último el cliente mayoritario de Prolesur.
No es lo único, hasta ahora Prolesur tiene más de 230 productores de leche desde Temuco a Puerto Montt y un patrimonio que superior los 73 mil millones de pesos de acuerdo a sus últimos balances. Además ocupa el segundo lugar como productor de quesos a nivel nacional y es la tercera de mayor tamaño en materia de recepción de leches, según las estadísticas de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura.
Ojo de lince
En agosto de 2015, por acuerdo del directorio de Prolesur, fue designado como gerente general, Juan Carlos Petersen.
De probada experiencia en el rubro como ejecutivo de la firma lechera Manuka -proveedora de Prolesur- también de capitales Neozelandeses y asentada en la Región de Los Lagos, era el primer empleado contratado que no tenía relación alguna con Fonterra. ¿Su misión? Convertir a Prolesur en “una sociedad independiente de Soprole”.
Así quedó refrendado en la entrevista que Petersen le concedió a La Tercera en septiembre de 2017, donde dio a conocer las nuevas estrategias de negocios de Prolesur, que aparte de la leche produce quesos, yogurt, entre otros derivados y que constituyen un ingreso aparte de la relación con Fonterra.
En la publicación del matutino de Copesa, Peteresen aseguró que separar aguas “era esencial, puesto que la visión que tenemos en Prolesur es que Soprole es un tremendo cliente, líder en su categoría y hay que atenderlo como cliente, pero nos dimos cuenta de que necesitábamos tener mucha más independencia”. Sin embargo, el paso del tiempo diría otra cosa.
A principios de 2018 Petersen realizó una revisión profunda de los contratos como empresas relacionadas y descubrió “que Soprole adeudaba altísimos montos a Prolesur, lo que puso en conocimiento del directorio”, donde Varela fungía como vicepresidente, detallan los querellantes.
Petersen realizó la indagatoria contable para determinar si la estructura de precios de transferencia pactados entre ambas sociedades, al amparo de un acuerdo marco firmado en 2016 que regulaba las acciones comerciales, se apegaba a las normas legales.
La principal conclusión a la que arribó, fue que en el período 2016-2017 había una diferencia de pagos hacia Prolesur por un monto de 3.645 millones de pesos.
El 6 de agosto del año pasado, el directorio, dirigido entonces por el ejecutivo de Fonterra Miles Hurrell, aprobó íntegramente la presentación, designándose a una comisión especial para entablar una negociación con Soprole. Esta última estaba integrada por tres directores de Prolesur: el representante de la Fundación Isabel Aninat, Jaime Milic Barros y los designados por Fonterra en dicha sociedad, Tomás Walker y Arturo Tagle.
Los nombrados se reunieron con los directores de Soprole Hugo Covarrubias y Juan Pablo Matus, con quienes no lograron acuerdo sobre las diferencias encontradas.
En paralelo a estos encuentros, Petersen continuó revisando que sucedía con la estructura de precios para 2018, tal como lo mandaba el acuerdo marco de 2016.
La deuda que Soprole mantenía con Prolesur, “era además sumamente delicada (…) que contaba con pérdidas operacioneales importantes en sus transacciones”, detalla el libelo.
Independiente de lo anterior, -explicó Prolesur en la acción legal- mantenía números azules, pero en otros productos derivados del lácteo como quesos y yogurt.
El matón
La comisión liderada por Milic dio cuenta al directorio -el 27 de agosto de 2018- de las tratativas con Soprole. Básicamente, explicó que la firma lechera objetó la deuda de 3.645 millones de pesos. A cambio propuso pagar solo 1.869 millones de pesos, condicionando la cancelación de la plata a que se extinguiera “totalmente la deuda de Soprole con Prolesur, hasta el primer semestre de 2018”.
Una fuente allegada al directorio, indicó a este medio que apenas el representante de la FIA escuchó la cifra, entendió que Fonterra estaba escondiendo una deuda mucho mayor, “porque de lo contrario ni siquiera habrían pensado en soltar dinero por algo que no hubieran cometido”.
Las negociaciones continuaron entre las partes y el 6 de septiembre, nuevamente se reunió el directorio de Prolesur. En la oportunidad Soprole planteó un nuevo acuerdo para resolver las diferencias. Esta vez serían 2.500 millones de pesos, más otros 918 millones de pesos, donde se aplicaría una nueva metodología para medir los precios.
Después de esa reunión, Petersen no se detuvo y continuó indagando los dineros que a su juicio adeudaba Soprole. Es así que a principios de octubre volvió a enviar una carta al directorio. En ella indicó que debido a la falta de corrección de precios e ingresos que correspondía hacer, Soprole le había producido una pérdida a Prolesur de 13.900 millones de pesos.
La cifra encendió los ánimos en los directores designados por Fonterra, por lo que Gerardo Varela, envió un mensaje de Whatsapp a Petersen donde le anunciaba su despido.
“El señor Petersen fue despedido en una actitud matonesca y desconsiderada, sin previo aviso al directorio, “de modo de sacar del camino a la persona que estaba velando por los intereses de Prolesur”, continúa el libelo de la Fundación Isabel Aninat.
Posteriormente el director neozelandés del Grupo Fonterra, Robert Spunway, instó a Petersen a que aceptara el término de su contrato de mutuo acuerdo, hecho que quedó plasmado en un hecho esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero.
Vea el hecho esencial
Arm’s Length
Ante la decisión adoptada por los directores de Fonterra, el exdirector de Prolesur Enrique Alcalde, y en representación de la Fundación Isabel Aninat puso en conocimiento a la CMF de lo acontecido.
La Unidad de Investigación de la entidad -dirigida por el exfiscal regional Centro Norte, Andrés Montes-, solicitó información a Prolesur “para indagar acerca de los hechos”, según Alcalde.
Sepa cómo funciona la Unidad de Investigación de la CMF
“De esta forma, el Grupo Fonterra intervenía a Prolesur y obtenía la remoción del gerente general que había develado el indebido manejo de los precios de transferencia entre sociedades relacionadas que venía teniendo lugar hace varios años (…) Petersen se había transformado en una piedra en el zapato (…) al intentar resguardar los derechos e intereses de todos los accionistas de Prolesur”, sigue el libelo.
A los pocos días, en la sesión del 29 de octubre de 2018, Gerardo Varela, Sergio Diez, Robert Spurway, Paul Campbell y Tomás Walker, todos designados por la neozelandesa Fonterra, resolvieron nombrar en reemplazo de Petersen a Erich Becker, que se desempeñaba como Gerente de Abastecimiento de Soprole. Este último, al mismo tiempo, había sido la contraparte de Prolesur en las tratativas por la deuda antes mencionada. En contra de la designación, votaron los directores de los minoritarios Jaime Milic y Sebastián Oddó.
En la misma oportunidad, Soprole presentó un informe preparado por la auditora KPMG “con información absurdamente incompleta; por lo que se discutió en el directorio la necesidad de un segundo informe sobre la propuesta”, detallan los denunciantes. De esta manera, el 26 de noviembre se presentó, un nuevo documento, esta vez redactado por la empresa Ernst and Young. Según la querella, nuevamente solo se incluyó la fórmula de Soprole con la anuencia de los directores designados por Fonterra, sin que se tomara en cuenta lo investigado por el exgerente Petersen.
Al escuchar las conclusiones del informe, Jaime Milic, por parte de los minoritarios, levantó la voz. Dijo que había encargado a Deloitte Advisory un estudio detallado sobre la deuda que, a su juicio, mantenía Soprole.
Básicamente, el contenido apuntó a establecer si se cumplía con el llamado principio “Arm’s Length”, conocido también como principio de mercado o plena competencia. Este último opera cuando las partes “de una transacción se encuentran en situación independiente y están actuando en su propio interés, sin ser sujeto a presiones o coacciones de otra parte”.
La conclusión de Deloitte fue lapidaria: “ningún tercero independiente aceptaría la propuesta realizada por Soprole”.
“(…) la misma omite costos y gastos a remunerar, utiliza márgenes incorrectos e inferiores a los que acordarían terceros independientes (…) existe una incorrecta aplicación de los métodos de Precios de Transferencia y utiliza precios no comparables para fijar la forma de remuneración a Prolesur”, escribió el auditor Alejandro Paredes.
Milic insistió que el informe debía ser analizado por todos los miembros del directorio, pero los designados por el Grupo Fonterra hicieron caso omiso, “de modo de pretender desconocer el verdadero perjuicio que con su actuar estaban causando a Prolesur”.
A renglón seguido, Milic ofreció también que los profesionales de la firma Deloitte expusieran los alcances y conclusiones de su revisión. En primera instancia, según la querella, Varela aceptó, pero luego se retractó de sus dichos.
Pleno conocimiento
Erich Becker, el gerente general nombrado en la administración de Prolesur y quien reemplazó a Petersen, llevaba poco más de un mes en el cargo cuando hizo la presentación el 10 de diciembre de 2018 ante el directorio de Prolesur.
Indicó que todo lo averiguado por Petersen era “erróneo” y que la propuesta de Soprole era la correcta. Para ello, señala la querella, los representantes de los minoristas quedaron excluidos “para que sus intereses no pudieran ser resguardados”.
Más allá de los reclamos e Milic, el directorio -con los votos de Gerardo Varela, Diez, Spurway, Campbell y Tomás Walker, resolvieron que Soprole pagaría a Prolesur 2.547 millones de pesos y cualquier otra deuda quedaba anulada en ese instante y se modificaba el contrato de suministros de leche y productos elaborados. En otras palabras, muy por debajo de los 13.900 millones de pesos -desde 2012 a 2017- que alegaban los minoritarios de Prolesur. Entre ellos, la Fundación Isabel Aninat.
“Esto significa que los directores querellados actuaron en el más pleno conocimiento del significado, tanto económico como jurídico de su acto, de modo de que estuvieron dispuestos a generar, con total desfachatez y desprecio a los accionistas minoritarios, un perjuicio a la empresa de la cual eran directores y con la cual tienen una obligación de resguardar su patrimonio, en favor de la empresa controladora (Fonterra” que los puso en ese cargo”, se lee en el libelo.
Como sea, el caso quedó en manos de la Fiscalía Oriente que deberá desentrañar los secretos que guarda el directorio de Prolesur. Y que de seguro, no son pocos.
Campeón de la leche: querellan a Gerardo Varela por “administración desleal” con activos de Prolesur
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