La millonada que los gobiernos de Piñera y Bachelet no distribuyeron en textos escolares

El 27 de marzo de 2017, la Coordinadora Nacional de Patrimonio del Ministerio de Educación (Mineduc), Evelyn Toledo, firmó el último de los oficios que gestionó la baja y destrucción de un millón setecientos mil textos escolares, operación aprobada anual y mecánicamente por los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, según revelan una serie de memorandos publicados este martes en exclusiva por Radio Bío Bío.

“Se realizó la invitación a tres empresas recicladoras de material de desecho, a quienes se les solicitó enviar cotización”, detalló la funcionaria en aquella documentación (<a href="http://

ver anexo 1).

La resolución, que asignó el negocio a la firma Comercial Río Aconcagua, luego de que esta ofreciera ochenta pesos por kilo de papel, implicó eliminar 498.833 textos escolares desde las bodegas del Estado (ver anexo 2). La baja del otro millón doscientos mil libros escolares fue sancionada administrativamente entre 2013 y 2016, según las autoridades.

El proceso, como indica la documentación, comenzó siempre a solicitud de la Unidad de Administración General del Ministerio de Educación. “La Coordinación Nacional de Patrimonio a recepcionado (la falta ortográfica es del Ministerio de Educación) solicitud proveniente Jefa Administración General, Memo interno N° 021/110 del 16.02.2017 de la División de Administración General en el cual han solicitado la baja de material”, consignó Evelyn Toledo.

Las cifras, en todo caso, son sólo un atisbo a este desconocido proceso de eliminación de libros escolares, ya que ni siquiera existen estadísticas históricas fiables, según sostuvo el propio Ministerio de Educación.

“No se cuenta con información de la adquisición de textos de los años anteriores al 2009, ya que no se llevaba registro”, reconoció por escrito la secretaría de Estado (ver anexo 3).

Nadie sabe, por tanto, cuentos miles o millones de textos escolares fueron eliminados desde 2000 a la fecha, como se solicitó conocer a través de la Ley de Transparencia. Por cierto, mucho menos desde antes de ese año.

Los pocos datos disponibles confirman, sin embargo, que sólo entre 2013 y 2017 fue gestionada la mencionada baja y destrucción de un millón setecientos mil textos escolares, sin que éstos jamás llegaran a las aulas de los escuelas más vulnerables del país.

En detalle, el 17 de diciembre de 2013 se gestionó la baja de 251.050 libros y textos escolares (ver anexo 4). La empresa Río Aconcagua, dedicada a la compraventa al por mayor de papel y cartón, fue nuevamente la adjudicataria, pagando también ochenta pesos por kilo de libros.

La operación implicó eliminar -entre otros- dieciséis mil libros de biología para II Medio de editorial SM, once mil textos de historia para Sexto Básico de Editorial Zig Zag y un número similar de libros de inglés para Séptimo Básico de Cal y Canto. Los otros títulos eliminados correspondieron a los sellos Santillana, Pearson, Harcourt, Galileo, MN, R&B, Vicens Vives y Norma.

El 20 de noviembre de 2014 se informó de otros 964.897 textos escolares que debieron salir de las bodegas estatales ubicadas en Quilicura con destino a las recicladoras, la mayor de las destrucciones de libros conocidas hasta ahora (ver anexo 5). Nuevamente, la empresa favorecida con la licitación fue Río Aconcagua (ver anexo 6).

Casi ochenta mil libros de lenguaje y comunicación para Primero Básico de Editorial Santillana fueron eliminados. También fue ordenada la destrucción de otros doscientos mil textos de inglés para diferentes niveles de la editorial Cal y Canto.

El 13 de diciembre de 2016 fue el turno de las últimas 498.833 unidades dadas de baja, como se mencionó. Entre los libros desechados figuraron -entre otros- sesenta mil textos escolares de física para III Medio de Editorial Zig Zag, otro número similar de textos de quómica del sello Cal y Canto y unos cincuenta mil libros de biología para Primero Básico de Santillana.

El Ministerio de Educación -a través de la Ley de Transparencia- observó que “los textos escolares que quedan como excedentes, debido a la pérdida de vigencia curricular o porque son licitados nuevamente, en general se ve la posibilidad de que sean donados a instituciones relacionadas y/o se solicita su baja”.

El proceso, que implica pérdidas millonarias al Fisco, es increíblemente considerado un problema por las mismas personas que lo ejecutan, como muestran los documentos a los que accedió La Radio.

De hecho, en 2016, la coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación, Alejandra Arriata, sostuvo por escrito la necesidad de reducir el número de textos que son anualmente dados de baja. “El propósito de estas medidas es aumentar la reutilización”, sostuvo la funcionaria.

Todos los recursos captados por el Ministerio de Educación a través de estas licitaciones ingresaron a sus cuentas como otros ingresos, por lo que su eventual gasto debe ser aprobado por el Ministerio de Hacienda.

Un negocio millonario

La información revelada a Radio Bio Bío por el Ministerio de Educación apunta también a que sólo entre 2014 y 2017 fueron adquiridos unos 73,3 millones de textos escolares por un total de 113 mil millones de pesos, incluido el pago de IVA (ver anexo 7).

Es decir, unos 175 millones de dólares, cifra equivalente al costo de construcción de un hospital de alta complejidad.

Sin embargo, sólo 69,7 millones de textos fueron efectivamente distribuidos en este período. Las mayores diferencias entre textos adquiridos y distribuidos ocurrieron entre 2015 y 2016 (ver anexo 8).

En total, y sólo para el período reseñado, se forjó una diferencia de más de tres millones de unidades entre los textos adquiridos y los efectivamente distribuidos. Una inversión de millones de dólares que jamás llegó a las aulas de escuelas y liceos.

Pero los registros existentes develan que el problema es anterior a 2014 y que desde 2010 hay cientos de miles de libros que cada año dejaron de ser entregados a los liceos, pese a que el Ministerio de Educación erogó miles de millones de pesos en su adquisición.

Entre 2010 y 2012, por ejemplo, los textos no distribuidos sumaron 1.1 millón de ejemplares. En 2014, fueron 938 mil unidades y en 2016, unos 498 mil textos (ver anexo 9).

En 2014, sobresalen decenas de miles de libros de matemáticas y física que quedaron sin distribución. En 2015, una cantidad similar de textos de inglés y en 2016, sobre todo, libros de biología.

¿Cuales fueron los sellos cuyos textos no fueron entregados a los estudiantes de liceos más pobres? Nuevamente, los nombres de Santillana, Cal y Canto y Zig Zag se repiten. También Norma, SM, R&B y Galileo, entre otros.