Los otros viajes irregulares en el Ejército que la Contraloría llevó a juicio

En una mañana de verano en Italia, en 2014, 31 oficiales del Ejército desayunaron en un hotel en el que alojaban en Florencia, una de las ciudades más turísticas de ese país y de toda Europa. Tras ello, salieron a pasear por sus calles que albergan, entre otros sitios de interés, la plaza del Duomo, el Palazzo Vecchio y la plaza de Miguel Ángel.

En la tarde viajaron en bus hacia Pisa, donde admiraron la plaza de los Milagros, visitaron el Duomo y contemplaron la torre inclinada, el mayor símbolo de la ciudad. Al culminar el paseo, volvieron a Florencia y como era 18 de septiembre cenaron en un restaurante fuera del hotel para celebrar las fiestas patrias chilenas.

Dicha jornada formó parte de la gira de estudios que realizó la Academia Politécnica Militar por Europa, entre el 12 y el 28 de septiembre. En ese contexto, se contrató -a través de una licitación- al proveedor Turismo Cocha para el viaje, transporte y alojamiento del personal, lo cual implicó un gasto de 133.300 dólares, unos 91 millones de pesos según el valor actual de la divisa.

A unos cuatros años de aquello, la Contraloría General de la República (CGR) objetó que los viajes y traslados de ese día y de otras cinco jornadas no procedían, pues determinó que se usaron para fines particulares y recreacionales y no para los objetivos educacionales por los que fue contratado el servicio. De este modo, se mal utilizaron recursos fiscales por cerca de 36 mil dólares, equivalentes a 24 millones de pesos. Junto con ello, las asignaciones especiales únicas que se otorgaron para esos días también fueron objetadas por la misma razón, las cuales ascendieron a poco más de 51 mil dólares, cerca de 33 millones de pesos. En conjunto, los pagos irregulares totalizaron 57 millones de pesos.

El organismo encabezado por Jorge Bermúdez detectó anomalías similares en otras dos giras de estudio de la mencionada academia y de la Academia de Guerra, ambas dependientes del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), efectuadas en 2015 y 2016, también por el Viejo Continente. Así, en total determinó que se hicieron pagos improcedentes por poco más de 400 millones de pesos.

Todos estos antecedentes forman parte de un informe emitido por la CGR (ver informe) y que llevaron a que el jefe de la División de Auditoría de la CGR, Eduardo Díaz Araya, presentara un reparo ante el Juzgado de Cuentas de la misma entidad. Esta última acción era desconocida hasta ahora y la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío la revela íntegramente acá (ver reparo).

En el juicio de cuentas, Díaz Araya acusó a 15 funcionarios militares del CEDOC y de las academias de aquella época de haber tenido algún grado de participación dentro de las autorizaciones de los mencionados pagos. Ellos, argumentó, pese a que tenían “el imperativo de velar por la idónea administración y cautelar el correcto uso del patrimonio público, no lo hicieron, permitiendo de esa forma que se produjeran gastos improcedentes y sin acreditación”.

Por ello, exigió que los funcionarios militares involucrados deben devolver los recursos fiscales que se dañaron con sus acciones u omisiones. Y en el caso de que el tribunal estime que no corresponde una condena pecuniaria, solicitó que se les aplique una sanción disciplinaria en proporción a los hechos. En paralelo, se viene desarrollando un sumario administrativo en la rama castrense a partir de los resultados que arrojó el informe.

Consultados al respecto, desde el Ejército señalaron que actualmente el juicio de cuentas se encuentra en la etapa de contestación al reparo y adelantaron que no comparten las acusaciones formuladas por el organismo fiscalizador.

“Próximamente se hará una nueva presentación ante la CGR, para un nuevo análisis de los antecedentes, principalmente, referidos al sustento y fundamento legal que tendrían dichas actividades educacionales, cuya materialización ha sido ejercida, en su oportunidad, por las autoridades competentes”, afirmaron. “En consecuencia, el personal encargado de su ejecución a nivel institucional, que lamentablemente está siendo requerido en este juicio de cuenta en forma personal, han cumplido, en el ejercicio de sus funciones específicas, de buena fe, con los protocolos y procedimientos administrativos acostumbrados, exponiéndose a cifras muy superiores a sus remuneraciones”, agregaron desde la institución encabezada por el general Ricardo Martínez Menanteau (ver respuesta completa).

Por su parte, Rodrigo Arancibia, abogado que representa a seis de los acusados, aseveró que “las giras de estudio fueron ideadas y propuestas por el Comandante en Jefe, siendo ordenadas por el Ministro de Defensa a través de decreto supremo”. Por lo tanto, añadió, “el reparo está mal dirigido, pues debió dirigirse contra quienes ordenaron las giras de estudio”.

Estos viajes irregulares se suman a los que está pesquisando la ministra en visita civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford, en el cuaderno “empresas de turismo” en el marco del proceso de investigación de las 21 aristas de defraudación a la Ley Reservada del Cobre que surgieron a partir del denominado “Milicogate”. Según ha trascendido, en este cuaderno están siendo investigados cerca de 25 altos oficiales, de los cuales unos 15 son generales.

El modus operandi que utilizaban era el siguiente: cuando eran enviados a comisiones de servicio al extranjero, principalmente Estados Unidos y España, cotizaban los pasajes más caros con una agencia de viajes, le entregaban la cotización a la institución y ésta autorizaba el pago, luego compraban pasajes más baratos e incluso a otros destinos para ellos y su familia y después pedían la devolución de la diferencia que se había generado. Justamente, una de las agencias de viaje involucradas en el proceso es Cocha, la misma que fue contratada para realizar los viajes y traslados que fueron objetados por la CGR.

Entre los destinos a los que iban de forma improcedente se encuentran Los Ángeles, Orlando, Miami y Punta Cana. Tal como ha informado Radio Bío Bío, ya hay tres procesados por esta arista.

Las otras dos giras

Durante la mañana del segundo sábado de septiembre de 2016, un poco más de 60 oficiales del Ejército realizaron una visita panorámica por París, la capital de Francia. Mientras que la tarde la tuvieron libre. Ese día fue parte de la gira de estudios que desarrollaron la Academia de Guerra y la Academia Politécnica Militar por Europa, donde contrataron -a través de una licitación- los servicios de Turismo Cocha para los traslados del personal, implicando un costo de 174 mil dólares, unos 119 millones de pesos.

Sin embargo, al igual como ocurrió con la gira de 2014, la CGR objetó que los viajes y traslados de ese sábado y de otros cinco días de la gira, que se extendió desde el 10 al 23 de septiembre, no procedían, pues determinó que se usaron para fines que no eran educacionales. De este modo, pagaron de forma irregular 66 mil dólares, equivalentes a 45 millones de pesos.

Junto con ello, los viáticos designados para esos días también fueron objetados por motivos parecidos, los cuales ascendieron a 180 mil dólares, unos 125 millones de pesos. En conjunto, los pagos irregulares de esta gira totalizaron cerca de 170 millones de pesos.

La otra gira de estudios en la cual se detectaron pagos improcedentes fue la que realizaron ambas academias por Europa, desde el 14 al 28 de septiembre de 2015. Para aquella ocasión contrataron los servicios de Viajes Falabella por un costo de 145.360 dólares, casi 100 millones de pesos.

Tal como ocurrió en las otras dos giras, el organismo contralor objetó que los viajes y traslados de seis días no se hicieron con fines institucionales ni del propio viaje, por lo que, a su juicio, se realizaron pagos improcedentes por 51.300 dólares, unos 37 millones de pesos. Sumado a ello, los viáticos que se desembolsaron para esos días tampoco procedían, los cuales ascendieron a 184.185 dólares, más de 136 millones de pesos. Así, los gastos objetados por esta gira totalizan 173 millones de pesos.

Los funcionarios involucrados

El objetivo principal que persigue el juicio de cuentas de la Contraloría es que los 15 funcionarios militares acusados reparen los recursos fiscales que se dañaron con los pagos improcedentes.

Uno de los acusados es Eduardo Estrada Romero, quien se desempeñó como director de la Academia Politécnica Militar cuando sucedieron los hechos. En el reparo se expuso que él participó de forma activa en el proceso de adquisición del servicio de traslados y alojamiento para el personal que asistió a la gira de 2014, al firmar las bases administrativas de la respectiva licitación, junto con adjudicar el servicio y autorizar el contrato y la posterior orden de compra. Algo similar realizó para la gira del año siguiente, consigna el documento.

En el reparo también se exhibe que Estrada, en la calidad de su cargo, recepcionó los valores solicitados como viáticos para las giras y pese a que él tenía conocimiento de que algunos no correspondían, no lo informó en su oportunidad. Por todo ello, exigen que responda, junto a otros funcionarios militares, por pagos improcedentes que bordean los 95 millones de pesos.

Otra oficial a la que apunta el libelo es María Teresa Morales Metzner, quien era jefa de la Sección Gestión Financiera de la División Educación en 2015. Estando en ese cargo, acusó la Contraloría, autorizó la compra del servicio a Cocha, “cuyo itinerario era conocido, sin dejar constancia de aquellos días utilizados como actividades particulares”.

Además, durante 2016, cuando seguía en el mismo puesto, Morales Metzner participó en la confección de solicitud de los viáticos para la gira de ese año y después recibió los fondos que serían entregados a los participantes de los respectivos viajes, según consta en el recibo de dinero. Lo anterior, consigna el reparo, “pese a que no correspondía entregar ese estipendio por aquellos días de la comisión de servicios, en que según el itinerario, se realizarían actividades al objeto de esa”.

Por ambas situaciones están pidiendo que restituya, junto a otros funcionarios militares, cerca de 300 millones de pesos.

Puede revisar los nombres de todos los acusados y sus eventuales responsabilidades en el documento adjunto en este artículo.