La Fundación Frei negoció una deuda que mantenía con la empresa Asesorías Santa Catalina Limitada por 48 millones de pesos, situación que se realizó de forma paralela a la autodenuncia que hizo Francisco Frei ante la Fiscalía Centro Norte por delitos de estafa y falsificación.
Lo anterior consta en un juicio -hasta ahora desconocido- que involucró directamente al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, su esposa Marta Larraechea y su hija Magdalena. El expediente lo sustanció el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo, al que accedió íntegramente la Unidad de Investigación de radio Bío Bío.
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Según comentaron fuentes ligadas al caso, hubo una negociación previa donde participó Magdalena Frei y su abogado Juan Domingo Acosta, tal como se lee en los escritos ingresados en la causa. De esta manera se evitó, al menos hasta ese momento, manchar la figura y el legado de los expresidentes de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y su hijo Eduardo (1994-2000).
El acuerdo quedó estampado en un escrito presentado el 20 de agosto pasado por la firma, a través de su abogado Fernando Rabat, del estudio de Pablo Rodríguez Grez. En ella María Soledad Martin Velasco, dueña de la empresa, se desistió de continuar un proceso civil en contra de la Fundación Frei, la misma que le debía 48 millones de pesos desde 2003.
Durante la tramitación del juicio declaró el 31 de julio pasado Magdalena Frei, oportunidad en que desconoció la deuda, porque a su juicio estaba prescrita. Sobre esta diligencia el propio Rabat solicitó que se mantuviera “bajo reserva”, porque un expresidente estaba ligado judicialmente al caso, “por lo que su divulgación podría acarrearle a la futura ejecutada consecuencias de difícil determinación”.
Mal augurio o coincidencia, lo cierto es que Rabat predijo lo que vendría después para el clan Frei, cuya caída en picada comenzó el 26 de agosto pasado cuando el sitio Interferencia reveló la autodenuncia de Francisco Frei, el hermano regalón del exmandatario DC.
De allí en adelante, como una bola de nieve, Eduardo Frei Ruiz Tagle enfrenta dos demandas del Scotiabank por más de 472 millones de pesos y el posible embargo de sus bienes. Eso sin contar que las pérdidas de las sociedades Saturno y Almadena, vehículos de inversión del exjefe de Estado ascenderían a más de 7.000 millones de pesos.
La historia de este juicio, hasta ahora desconocido y todos los documentos, los revela la Unidad de investigación de Radio Bío Bío.
Un camino corto
El 24 de junio de 2019 la empresa Asesorías Santa Catalina Limitada, ingresó ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que la Fundación Eduardo Frei (Montalva) confesara una deuda de casi 48 millones de pesos que mantenía impaga de 2003.
El monto mencionado está dividido en cuatro partidas de dinero que la Fundación Frei recibió de la firma el 7 de agosto de 2003 por $ 30 millones de pesos; el 27 de mayo y el 6 de junio del mismo año otros 30 millones, mientras que el 29 de abril de 2004 por 20 millones de pesos.
Atendido que la Fundación Frei está representada por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el tribunal de alzada capitalino nombró como ministro de fuero al ministro Omar Astudillo. Junto al exjefe de Estado, también figuran con poder legal su esposa Marta Larraechea y su hija Magdalena Frei, de acuerdo al expediente.
En sus primeras resoluciones, Astudillo citó el 2 de julio de 2019 a Frei Ruiz-Tagle y Larraechea a una audiencia para confesar lo adeudado. El 8 del mismo mes el receptor judicial Claudio Cortés llegó hasta las oficinas de la fundación ubicadas en Hindemburg 683 para notificar el libelo. Pero los Frei-Larraechea no estaban, según indicó la subdirectora de la organización, Maite Gallego. El 10 de julio Cortés volvió a la carga, pero tampoco pudo realizar la diligencia.
Un destacado en el foro
Quien aparece como dueña de Santa Catalina Limitada y recurrente es María Soledad Martín Velasco, quien designó como abogados a Pablo Rodríguez Grez y Fernando Rabat como sus patrocinantes en el juicio.
Este último, atendido que ni Frei ni Larraechea pudieron ser notificados, ingresó un escrito el 11 de julio para que fueran informados de forma subsidiaria y, que de no ser habidos, se tuviera por reconocida la deuda.
En el mismo escrito, Rabat solicitó la reserva de la causa “de forma tal que su búsqueda no esté disponible al público a través de la página web del Poder Judicial”.
Al respecto, Rabat le explicó al ministro Astudillo: “Fundo la solicitud en la circunstancia que, en estos autos, tiene interés un expresidente de la República, por lo que su divulgación podría acarrearle a la futura ejecutada consecuencias de difícil determinación”.
El 23 de julio acogió lo solicitado por Rabat y el 31 del mismo mes se llevó a cabo la “audiencia de confesión de deuda”.
De acuerdo a otro escrito ingresado por Rabat el 8 de agosto, durante este último trámite judicial, se presentó Magdalena Frei Larraechea, como representante legal.
Interrogada por Astudillo, la mujer contestó: “No reconozco la deuda porque está prescrita”. Independiente de sus dichos, lo cierto es que el 31 de julio de 2017, en una escritura que consta en la Notaría San Martín, fue la propia Fundación Frei la que reconoció la deuda en una sesión de directorio.
Rabat insistió en que al invocar la prescripción, la mujer confirmaba de forma explícita la plata que la Fundación Frei le debía a Santa Catalina.
“Como se observa, al contestar en la forma que se hizo, la confesante se ha valido de una respuesta evasiva, que contiene aspectos contradictorios que permiten, en definitiva, dar por establecida la existencia de la deuda, de manera tal que debe ella debe tenerse por confesada y, en consecuencia, por preparada la vía ejecutiva”, escribió.
En otras palabras, que al reconocer el monto, el ministro podía decretar el embargo de bienes con el fin de cancelar los más de 48 millones de pesos.
El mismo día Astudillo rechazó la alegación, por lo que Rabat recurrió el 14 de agosto pasado a la Corte de Apelaciones de Santiago para revocar la decisión. Lo que de seguro Rabat desconocía es que al interior de la familia Frei, un escándalo financiero de proporciones estaba por estallar.
Bola de nieve
El 16 de agosto pasado Francisco Frei se autodenunció ante la Fiscalía Centro Norte por los delitos de estafa y falsificación de documento privado. Lo hizo en su calidad de gerente de Almadena y Saturno, vehículos de inversión de su hermano Eduardo Frei Ruiz -Tagle. Lo que está claro es que el clan DC planificó la estrategia legal para enfrentar el problema, por lo que los movimientos se realizaron mientras se tramitaba el juicio en la Corte.
Fuentes que conocieron del tema reconocieron a este medio que hubo reuniones reservadas a fin de pagar la deuda y evitar de esta manera que el legado de Frei Montalva se viera expuesto a lo que ya se veía como un escándalo financiero y político.
Por lo anterior, Rabat presentó un escrito ante Astudillo el 20 de agosto, en el cual se desistió del libelo,
“Que, habiendo las partes de esta gestión judicial alcanzado un acuerdo, por este acto, me desisto del recurso de apelación deducido con fecha 14 de agosto”, se lee en el documento judicial.
Ese mismo día la empresa Santa Catalina hizo una segunda presentación, para confirmar el acuerdo con la Fundación Frei, representada entonces por Magdalena Frei Larraechea, quien firmó el documento asesorada por su abogado Juan Domingo Acosta. Este último nunca presentó patrocinio y poder en el caso.
Desde la mencionada gestión, habían transcurrido cuatro días desde la autodenuncia de Francisco Frei, pero fue recién el 26 de agosto pasado se conoció, a través del sitio Interferencia.
De ahí en adelante la bola de nieve si hizo más y más grande y Eduardo Frei Ruiz-Tagle se vio envuelto en demandas civiles en calidad de codeudor solidario, debido a la mala administración hecha por su hermano en Almadena y Saturno.
La primera de ellas la interpuso Inversiones para el Desarrollo ante el 23º Juzgado Civil de Santiago por una deuda de 53 millones de pesos.
Le siguieron otras dos interpuestas ante la Corte de Apelaciones de Santiago que actualmente se tramitan en forma separada. Una de ellas a cargo del ministro de fuero Guillermo de la Barra, atenido a que Frei es exmandatario.
La segunda en tanto es de la misma casa financiera, pero por otro préstamo, juicio que actualmente está sin ministro, ya que Dobra Lusic se inhabilitó.
El total de la deuda requerida por el Scotiabank supera los 472 millones de pesos.
En picada
La situación judicial para Eduardo Frei Ruiz-Tagle se complica cada día más. La empresa Finameris, que también recurrió a la justicia para recuperar 159 millones de pesos, logró que el 26º Juzgado Civil de Santiago decretara el embargo de bienes.
Si bien hasta ahora se conoce que las pérdidas de Almadena y Saturno superan los 4 mil millones, en el entorno de los Frei se comenta que el monto podría superar los 7 mil.
La semana pasada, en tanto, Francisco Frei solicitó la quiebra de las sociedades ante la Superintendencia de Emprendimiento, mientras que su hermano Eduardo -el viernes 13 de septiembre- habló por primera vez desde que estallara el escándalo.
“Hay muchas personas que creen que yo sabía. Yo hice confianza en mi hermano, una persona profesional que ha trabajado, que ha tenido altibajos pero nunca imaginé que nos iba a engañar en la forma en que lo hizo”, puntualizó.
Conocía o no conocía el hoyo financiero que provocó su hermano parece ser hasta ahora la pregunta del millón. La misma que tiene el fiscal a cargo del caso Francisco Jacir, como también la ciudadanía. Por ahora todo es un contraste de luces y sombras.
