Cada cierto tiempo, con el cambio de Gobierno y la llegada de nuevas autoridades, se abre nuevamente el debate sobre la modernización del Estado.

Es un diagnóstico que todos conocemos y que se ha repetido por décadas: Chile tiene un aparato estatal ineficiente, burocrático y sobrecargado, incapaz de responder con agilidad a las necesidades de la ciudadanía. La solución también es ampliamente compartida: digitalización, transparencia, eliminación de trabas administrativas y un freno al crecimiento descontrolado de ministerios y servicios públicos sin justificación real. Sin embargo, el problema sigue intacto. ¿Por qué nunca hacemos nada al respecto? ¿Es falta de voluntad, de coraje, o simplemente hemos aceptado que las cosas sigan igual?

En lugar de facilitar la vida de las personas, el Estado muchas veces la complica con trámites interminables y estructuras sobredimensionadas. A esto se suma su uso como refugio laboral para operadores políticos, más preocupados de consolidar redes de poder que de mejorar la gestión pública. La administración estatal ha sido utilizada como botín de guerra, con contrataciones que responden a afinidades partidarias antes que a méritos o capacidades técnicas.

Mientras el sector privado evoluciona e innova, el Estado chileno sigue operando con esquemas de gestión arcaicos. La burocracia ralentiza decisiones cruciales y eleva los costos sin aportar valor real. Esto afecta no solo la economía, sino también la confianza ciudadana en las instituciones. Un Estado capturado por intereses políticos es un Estado que pierde credibilidad y se aleja de las verdaderas necesidades del país.

Y ahora, una vez más, se abre la oportunidad de cambiarlo. Quizás esta vez, aunque sea lento, se aplique de verdad la reforma que hemos discutido tantas veces y en la que siempre hemos estado de acuerdo.

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Para devolverle al Estado su eficiencia, Chile necesita una transformación profunda basada en seis pilares fundamentales, al menos:

    1. Auditoría externa para eliminar gastos innecesarios y detectar la contratación injustificada de operadores políticos.

    2. Digitalización y simplificación de trámites, reduciendo burocracia y mejorando la eficiencia.

    3. Reestructuración del aparato estatal, fusionando o eliminando ministerios y servicios que no aportan valor real.

    4. Reformas legales para asegurar que el Estado opere con criterios modernos de gestión y meritocracia.

    5. Transparencia y participación ciudadana, permitiendo que la sociedad civil fiscalice el uso de los recursos públicos.

    6. Innovación y datos abiertos en la contratación pública para evitar la corrupción y mejorar la gestión estatal.

Chile no puede seguir operando con un Estado del siglo XX en una sociedad del siglo XXI. Necesitamos un Estado más inteligente, más ágil y realmente enfocado en resolver los problemas de la ciudadanía. No se trata solo de discutirlo cada cuatro años, sino de tomar las decisiones correctas para que, esta vez, el diagnóstico no quede nuevamente en el aire.

Si queremos un país con un futuro sostenible, el desafío es claro: necesitamos un Estado moderno, transparente y eficiente. Porque un Estado ineficaz no solo frena el desarrollo, también profundiza la desigualdad y la desconfianza en las instituciones. Chile merece algo mejor.

David Oddó Beas
Abogado PUC, profesor Facultad de Derecho PUC

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