Un plan para antichilenos

La mayor parte de mi actividad profesional de más de medio siglo la empleé en lograr acuerdos entre partes, de modo que terminé convertido en una especie de negociador profesional entre gobiernos, entre empresas privadas, entre empresas y bancos y hasta entre bancos y gobiernos, para no mencionar la “pactación” de convenios de pago para empresas y particulares en dificultades económicas. Una tal dedicación me ha llevado a formar un verdadero arsenal de recursos para lograr acuerdos o para dejar de lado negociaciones que consideré imposible de éxitos.

Uno de esos recursos, de los más útiles, es el de hacer un esfuerzo por ponerme en la mente de mi contraparte para descubrir cuáles son sus prioridades, sus pretensiones y sus puntos intransables, lo que siempre me sirvió mucho para llegar a una feliz conclusión. Ese sistema de tratar de pensar como el antagonista lo he prolongado a mis esfuerzos por anticipar eventos políticos, los que he observado por larguísimas décadas.

Es por eso que ahora me propongo analizar junto a mis lectores lo que va a ser la estrategia del conglomerado político que ha apoyado al gobierno de Gabriel Boric ante la coyuntura que se le presenta por delante. Los más inteligentes de sus dirigentes, en su interior, asumen que se “farrearon” el tremendo poder que les otorgó la ciudadanía en la elección de Boric y en la elección de los convencionales que debían proponer una nueva constitución.

Entienden que los terribles errores, entonces cometidos, deberían en algún momento ser analizados y asumidos para obtener lecciones valiosas para un futuro, pero que en este momento esa tarea no es ni prioritaria ni conveniente. También asumen que todo indica que durante 2025 perderán el poder ejecutivo que lograron hace tres años, o sea, están resignados a que el próximo periodo presidencial será para la oposición.

De esos dos reconocimientos surge nítido el único programa para los próximos cinco años que le conviene políticamente a ese conglomerado y ese programa se compone de los siguientes puntos: Recuperar el poder en 2029, esa debe ser la meta final y suprema del tal programa y para ello se necesitan pasos intermedios que no pueden fallar.

El primero de ellos es lograr retener lo único valioso que ha forjado el gobierno Boric: la fidelidad de aproximadamente un tercio de los votantes. Esa transferencia de Boric al conglomerado político que lo apoya no es automática y debe labrarse con un muy serio trabajo electoral que a lo menos permita lograr dos metas, siendo la primera de ellas que en las elecciones parlamentarias y presidencial que habrá en 2025, de modo de lograr conservar una fuerza parlamentaria cohesionada que a lo menos impida que la oposición construya una verdadera aplanadora congresional. La otra meta, todavía más delicada, es la de pasar a la segunda vuelta en la elección presidencial, de modo de impedir, a toda costa, que la oposición logre obtener 1 – 2 y pasen a segunda vuelta dos candidaturas de ella.

Esas dos tareas son prioritarias y requieren un gran realismo político que se traduzca en candidaturas muy bien escogidas, y en asumir que la mejor carta para la presidencial es de alguien todo lo de centro que sea posible para evitar que ese sector se vuelque hacia la oposición, y aunque eso irrite a los sectores de izquierda más dura que se verían obligados a apoyar a candidatos muy tibios para con ellos. Los nombres para ese posible candidato son muy pocos y, en este momento, se reducen a dos (Claudio Orrego y Michelle Bachelet) y cuando más, a tres (Tomás Vodanovic).

Acción política

Esa labor debe complementarse con una acción política destinada a disuadir la presentación de otros candidatos menores que, sin posibilidad alguna de triunfo, buscan formar ese cinturón de fluctuantes que desean alguna pequeña cuota de poder para jugar permanentemente a ser el recompensado “fiel de la balanza”, pero que en la elección misma aumentan el peligro de permitir el 1 – 2 de la oposición.

Otra tarea a realizarse antes de que las elecciones generen un congreso distinto del actual, es necesario el poder parlamentario para evitar que un nuevo gobierno de oposición pueda expulsar de la administración publica la enorme cantidad de “compañeros” inútiles que el actual gobierno ha incorporado, porque esa falange es importante para mantener poder administrativo y para evitar decepciones generadas por una eventual cesantía. Debe tenerse en cuenta que ese fin es muy prioritario.

El segundo gran objetivo es asegurarse de que el próximo gobierno, probablemente de oposición, no sea exitoso. Para ello hay que utilizar una táctica bautizada hace mucho tiempo en la historia: la de la “tierra arrasada”. En tiempos antiguos, y cuando la geografía lo permite, la táctica de retroceder ante el avance de un ejército enemigo más poderoso, pero cuidándose de arrasar la tierra abandonada de todo elemento que pueda servir para ayudar, alimentar o proporcionar servicios al invasor dejen de existir. Fue la táctica con que los rusos derrotaron a Napoleón y luego a los supuestamente invencibles ejércitos de Hitler. Fue la táctica con que los chinos han enfrentado a los bárbaros invasores, y fue la táctica con que los persas vencieron a la incursión profunda de un ejército griego en plena época imperial.

Esa táctica, inventada con fines bélicos, se ha hecho relativamente común en la política moderna, en que se da con frecuencia el fenómeno de la alternancia en el poder y cada régimen se preocupa de dejarle la tarea lo más difícil posible al bando opositor que seguramente lo sucederá.

En nuestro caso, esa tierra arrasada debe ser en dos planos bien definidos: el plano económico en que deben dejarse el erario completamente exhausto, y en el plano social en que hay que dejar encendidos todos los conflictos movilizadores de grandes grupos encendidos y en pie de guerra. No hay que preocuparse de que esos conflictos puedan complicarle la vida al gobierno de Boric todavía en La Moneda, porque ese gobierno ya está agotado y la corta memoria de la gente impedirá que el recuerdo de esos incendios sociales recaiga sobre su base política si es que esta utiliza un lenguaje no involucrativo.

Naturalmente, las agudas crisis que hoy afectan al país ya garantizan que el próximo gobierno de oposición tendrá un espacio de maniobra sumamente acotado, puesto que tendrá que agotarse en la contención irresolvible de alguna de esas crisis en plazos breves, como ser la de seguridad y la de educación.

Si todas estas tareas se cumplen (y se pueden cumplir), el retorno al poder en 2029 será algo al alcance de la mano y habremos empleado bien nuestra capacidad de análisis y nuestra habilidad en la gestación de planes plenamente operativos.

Yo sé que muchos opinarán que la exposición de este plan puede ayudar a la extrema izquierda a encontrar la única ruta racional que puede seguir para recobrar algún día el poder. Pero creo que ese peligro no existe y por dos muy buenas razones. En primer lugar, porque supone la existencia de una coalición de gobierno monolítica y diseminada, que es la que no existen ni tiene esperanza de existir porque el programa esbozado es tan éticamente repugnante y tan antipatriota que jamás lo compartirían los sectores de la llamada izquierda democrática. En segundo lugar, porque es un plan que surge solo de una visión realista, racional y desapasionada que es imposible en un dirigente político de extrema izquierda. Si tal dirigente existiera con esas características, no sería de ultraizquierda, sino que figuraría en las nóminas del Partido Republicano.

Tal antinomia se nos hará más clara cuando apliquemos el método de ponernos en la cabeza del interlocutor, siendo este un dirigente de extrema derecha. Me comprometo a hacerlo.