Señor director:
Mi nombre es Ignacio Araneda, soy ingeniero, misionero, profesor de teología y activista cristiano. Me dirijo a ustedes para compartir esta carta sobre los recientes casos de abuso infantil divulgados esta semana, así como sobre la urgente necesidad de una legislación estatal que regule y estandarice las medidas de seguridad para proteger a nuestros niños dentro de las instituciones religiosas.
Es común escuchar comentarios sobre estos temas desde afuera, pero considero fundamental señalar que la gran mayoría de los cristianos, como yo, estamos firmemente a favor de la protección de nuestros niños. Los abusadores que se escudan en la “fe” para cometer y ocultar sus crímenes deben ser juzgados y encarcelados. Sin embargo, también es crucial reformar el sistema que permite que estos actos se perpetúen con tanta facilidad en el seno de nuestras instituciones religiosas.
Esta semana hemos conocido nuevos casos de abuso sexual infantil en instituciones religiosas, tanto en la Iglesia Evangélica (región de Los Ríos) como en la Católica (Viña del Mar). Y no podemos dejar de mencionar el caso del profesor de teología en Chillán y la red de pedofilia que operaba detrás de él.
Lamentablemente, estos casos no son nuevos ni aislados. Existe una alarmante ola de abusos sexuales en las instituciones religiosas en los últimos años. La cantidad de casos es preocupante, y debemos considerar que estos son solo los que han sido denunciados públicamente. Imaginen cuántos más siguen ocultos en las sombras.
El problema no radica solo en la criminalidad de los abusadores. Cuando hay una repetición sistemática de estos abusos, es porque detrás de ellos existe un sistema eclesiástico que, en muchos casos, permite o, al menos, facilita que estos delitos ocurran.
¿Cómo es posible que a todas las instituciones gubernamentales y privadas que trabajan directamente con niños se les exija presentar un “Certificado de antecedentes e informes de inhabilidades” para poder trabajar con menores de edad, pero a las instituciones religiosas, que interactúan con miles de niños semanalmente, no se les exija lo mismo?
Es fundamental que el gobierno establezca un marco regulatorio básico para todas las instituciones religiosas, que incluya estándares mínimos de seguridad para velar por el bienestar de nuestros niños en dichos entornos.
La legislación de libertad de culto y el derecho canónico deja vacíos legales que facilitan la ocurrencia de estos delitos. Si las iglesias no velan por la seguridad de los menores que confían en ellas, el gobierno debe intervenir de manera urgente.
La Biblia condena de manera tajante todo tipo de abuso contra menores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Incluso Jesús dijo:
“Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar.”
Marcos 9:42
Es imperativo que tomemos medidas concretas y urgentes para evitar que estos abusos continúen ocurriendo dentro de instituciones que deberían ser lugares de confianza y seguridad para los niños.
Ignacio Araneda
Ingeniero. Misionero y activista cristiano
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