¿Quién compensa a los vecinos de Santiago 1?

Señor Director:

La ampliación de “Santiago 1” considera albergar a 500 nuevos reclusos relacionados con el crimen organizado. Se levantaría en la comuna con más cárceles del país, que tiene una victimización cercana al 40% y una tasa de homicidios de 12,2 víctimas por cada cien mil habitantes, superando a Chiapas y Ciudad de México.

Estos indicadores, por sí mismos, reducen el valor de las viviendas, según análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La revista “The Review of Economics and Statistics”, publicada por el MIT y editada en Harvard, divulgó la investigación “El impacto económico local de las prisiones”. Concluye que las cárceles reducen el valor de las propiedades circundantes y generan un impacto social negativo sobre los vecinos más desposeídos. Mientras, el estudio “Efecto de la proximidad a las prisiones sobre los precios de la vivienda” de la Universidad de Groningen, reveló que las minusvalías inmobiliarias oscilan entre el 3% y el 6%. En contraste, el cierre de una cárcel implica un alza del 6,4% en el precio de los bienes raíces.

¿Por qué seguir castigando a la comunidad del “barrio penitenciario” sin compensación individual? La evidencia internacional sugiere que existe una responsabilidad patrimonial del Estado en este caso. Si el Gobierno insiste en instalar una nueva cárcel en la comuna capital, las medidas de mitigación debiesen pensarse tanto de manera colectiva como particular.

Demetrio V. Benito O.
Perito Tasador