ONG’s y la influencia indebida

Con recursos de la fundación Heinrich Böll (ligada al partido verde alemán) FIMA, ONG ambientalista experta en judicializar procedimientos de evaluación ambiental, capacita gratuitamente a los empleados de los organismos públicos que evalúan los proyectos.

En otro caso, contraloría resuelve que “no resulta procedente” que dos abogados con sueldo de una ONG hagan asesorías a la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos de la Subsecretaría de RREE, por el evidente riesgo “que privilegien los intereses particulares de la entidad privada en que trabajan”.

Pew Charitable Trust, fundación norteamericana, es denunciada en Contraloría por financiar el desarrollo de los planes de manejo de Áreas Protegidas. El director de Greenpeace en Chile amenaza en el senado: “Garantizo que puedo agregar unos 2 mil días a cualquier proceso de evaluación ambiental que no cumpla con requerimientos de contaminación”.

Los casos pertenecen a un mismo guion: riesgo de influencia indebida con financiamiento internacional.

Influencia indebida: el poder oculto de las ONG en Chile

Haga el ejercicio, reemplace ONG o fundación por “empresa”. Sería un escándalo de proporciones y con justa razón (en el pasado reciente varios espacios de prensa se han visto copados por estas denuncias). Pero, cuando hablamos de ONG no despierta el mismo interés.

El caso chileno del financiamiento a la conservación es estudiado profundamente por la académica de la Universidad de California, Clare M. Beer, quien bautiza el poder de la filantropía-ambientalista como “dólares por política”. Analiza la situación de la Patagonia chilena y plantea que el objetivo de estas organizaciones es obtener un mayor control sobre la gobernanza estatal de la conservación, privilegiando las perspectivas de las élites dueñas del capital (fondos filantrópicos) y advierte un gran riesgo: la creciente búsqueda de retornos políticos y normativos.

Juan Carlos Tonko Paterito, dirigente Kawésqar de Puerto Edén (dentro del Parque Bernardo O’Higgins en Magallanes), se refiere al rol de las ONG extranjeras: “probablemente atraídas por la influencia histórica que han tenido las instituciones públicas en modelar la sociedad chilena, los activistas diseñaron una estrategia de copamiento de estas instituciones. Torcieron con ello el sentido de tales instituciones públicas para satisfacer así sus propios intereses y el de sus mandantes del Hemisferio Norte”.

Influir en las políticas públicas representando intereses es inherente a ser una ONG. Así lo informa la OCDE en su documento Lobbying in the 21st Century: “las prácticas de lobby son similares a las de otras partes interesadas cuando buscan aumentar la atención sobre una cuestión política… estas organizaciones reciben fondos, a menudo de empresas, gobiernos o individuos, y representan intereses específicos y posiciones políticas”.

El lobby está regulado en nuestro país. Sin embargo, el financiamiento y la forma de representar los intereses de las ONG no, es difuso, y por ello es situación que demanda especial atención.

¿Deberían las ONG rendir cuentas como las empresas?

Luego del bullado caso “fundaciones”, la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSL) y el Estado, propuso fortalecer la transparencia activa para las IPSL con ingresos superiores a las 2.400 UF a través de medidas como señalar los beneficiarios finales, transparentar su gobierno corporativo, exponer los estados financieros (FECU social), señalar las reuniones por lobby efectuadas, etc. Asimismo, actualizando los mecanismos de influencia, propone ampliar el registro de lobby a todo tipo de comunicación.

En un país con una cultura democrática sólida, las ONG son parte del “tercer sector” (entre el sector público y las empresas privadas) y representan un rol clave para que los ciudadanos participen activamente y asuman responsabilidades en las materias de interés (ambiental, social, cultural, etc.).

En Chile se crean tres veces más organizaciones sociales que empresas. El país tiene más de 339 mil organizaciones sociales registradas, casi 38 mil son fundaciones y corporaciones (entre ellas ONG). Por esta razón, es muy importante establecer un sólido mecanismo de control de la influencia de este tipo de organizaciones, especialmente aquellas que, por mandato internacional, tienen injerencia en las decisiones públicas que afectan a todo el pueblo de Chile.