La evidencia muestra reiteradamente cómo los estereotipos afectan la jurisdicción laboral.

¿Prejuicios sobre la credibilidad de los relatos de víctimas?

La reciente noticia sobre un teólogo adventista condenado por pedofilia, publicada por el portal www.biobiochile.cl, da cuenta de las barreras existentes para víctimas de violencia de género. El reportaje, en primer lugar, da cuenta de una mujer -exnuera del teólogo- quien en 2020 lo denunció ante la Fiscalía de Chillán por tomar fotos de su hija en la ducha y bajo la mesa. Pese a la gravedad de los hechos, la fiscal Claudia Zárate desestimó la denuncia por supuesta falta de antecedentes.

Solo dos años después, un informático contratado para reparar un programa del computador del condenado advirtió el almacenamiento de pornografía infantil. Esta vez la denuncia tenía suficientes visos de credibilidad, por lo cual se abrió una investigación que culminó con la revelación de una red de pedofilia en la comunidad de Chillán. Sin embargo, quien aparece como uno de sus cabecillas, no ha sido investigado.

Varias reflexiones surgen de este caso

1. ¿Por qué la fiscal Zárate decide, a priori, desestimar una denuncia? Una posible explicación sería que la denunciante no aporta evidencia. Si es así, ¿No debería el Ministerio Público investigar cualquier denuncia para verificar su veracidad? ¿Es posible que las metas administrativas influyan en el diseño de casos que parecen complejos? Estas cuestiones requieren un análisis profundo.

2. ¿Será que operaron prejuicios de género?

3. El hecho de que una funcionaria sea mujer, ¿garantiza necesariamente un tratamiento adecuado en casos de violencia de género? Este caso resalta la necesidad de que todos los operadores de justicia —jueces, fiscales, defensores públicos y otros actores— reciban formación en perspectiva de género para abordar adecuadamente los conflictos jurídicos. Esta es una tarea que debe estar presente desde las primeras etapas en la formación de futuros profesionales del derecho.

La reciente noticia sobre la asignación presupuestaria para la Secretaría de Género de la Corte Suprema, promovida por legisladores que cuestionaron la valoración de sentencias con enfoque de género, refleja una preocupante ignorancia sobre la importancia de esta perspectiva para una correcta administración de justicia.

Cuando desde el ámbito legislativo y académico se perpetúa una visión limitada que ignora los efectos de los prejuicios, se contribuye a mantener el mito de la neutralidad del derecho y su aplicación. La evidencia muestra reiteradamente cómo los estereotipos afectan la jurisdicción laboral, y el caso de la Fiscalía de Chillán parece un ejemplo de ello.

Por Lidia Casas Becerra
Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales

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