Lecciones del caso Puerto Coronel

Este caso es un recordatorio contundente de que la alta dirección de las empresas tiene un papel fundamental en la construcción de una cultura de ética y cumplimiento. La Ley Nº 21.595 refuerza esta idea al establecer como agravantes la “culpabilidad muy elevada” y la “posición jerárquica superior”, subrayando que las acciones de los altos ejecutivos pueden influir en las consecuencias legales y reputacionales de una organización.

Esto exige que la alta dirección de una empresa no solo conozca los estándares legales, sino que también participen activamente en la implementación de políticas de integridad y prevención de delitos como el soborno. La capacitación de la alta dirección en estas materias no puede seguir siendo vista como opcional; es un requisito imprescindible para garantizar la efectividad de los sistemas de cumplimiento.

Los cambios que trajo la Ley de Delitos Económicos

La aplicación de penas bajo la nueva Ley de Delitos Económicos muestra un cambio paradigmático en el tratamiento de estas materias. Mientras los delitos cometidos antes de la vigencia de la ley permitían penas más flexibles, como alternativas al encarcelamiento, las sanciones posteriores reflejan un endurecimiento notable.

Un ejemplo claro es el delito de cohecho, que ahora puede llevar a penas privativas de libertad significativamente más severas, sin posibilidad de sustituciones cuando estas superan los 3 años. Este cambio evidencia la intención de la normativa de establecer un mensaje claro de intolerancia hacia los delitos económicos y refuerza la percepción de que el cumplimiento legal no es negociable en el entorno empresarial actual.

Aunque los hechos investigados en el caso Puerto Coronel no incluyen la aplicación retroactiva de la Ley Nº 21.595 en materia de responsabilidad penal empresarial, el caso deja en evidencia la importancia crítica de contar con modelos de prevención de delitos efectivamente implementados.

Estos no solo funcionan como un escudo contra sanciones legales, sino que también fortalecen la reputación de las empresas y las posicionan como actores responsables en la sociedad. Para ser efectivos, estos modelos deben incorporar herramientas avanzadas de gestión de riesgos, incluir programas robustos de capacitación dirigidos tanto a la alta dirección de la empresa, como al resto de los colaboradores, contemplar auditorías internas regulares y mecanismos de supervisión que permitan evaluar la eficacia de las políticas de cumplimiento, entre otras medidas.

En definitiva, el caso Puerto Coronel refleja que el compliance no es solo una herramienta de prevención, sino un motor de cambio cultural en las empresas, siendo un elemento clave para cumplir con las exigencias de la Ley Nº 21.595, y para fortalecer la confianza de los reguladores, los clientes y la sociedad en general.

Por Nicolás García
Socio García Parot Abogados