Más allá de estas polémicas, observamos un decaimiento evidente de su agenda y discurso, tanto a nivel nacional como global. Este vacío nos lleva a una conclusión crucial: Chile necesita una oposición progresista que actúe como contrapeso al oficialismo actual.
Pero ¿Qué entendemos por progresismo? En este análisis lo definimos como una corriente que, desde el optimismo hacia el cambio, busca promover transformaciones estructurales para mayor igualdad, justicia y libertades individuales, cuestionando el statu quo y abogando por derechos emergentes como la igualdad de género y la justicia climática, entre otros. Sin embargo, esta naturaleza disruptiva genera resistencias, especialmente en sectores ultraconservadores que valoran la estabilidad y las tradiciones como pilares inamovibles.
La urgencia de un progresismo de oposición al progresismo actual
A nivel global, hoy el progresismo enfrenta crecientes desafíos. Narrativas ultraconservadoras han canalizado el descontento ciudadano con discursos nacionalistas, xenófobos y misóginos, señalando fenómenos como la globalización, la migración y el feminismo como las causas de todos los males, agregando una fuerte crítica al progresismo, tachándolo de “desconectado” de las necesidades inmediatas.
Este relato, amplificado por redes sociales y medios sesgados, fomenta ansiedad en sectores que ven los cambios como amenazas, fortaleciendo liderazgos populistas que simplifican problemas complejos y proponen soluciones autoritarias. Esto no solo tergiversa la esencia del progresismo, sino que también pone en riesgo valores democráticos al promover el miedo, el odio y la desinformación.
El caso chileno: entre ideales y gobernabilidad
En Chile, el Frente Amplio desplazó en la última década a los partidos tradicionales como principal referente progresista, capitalizando la crítica al statu quo y el establishment de la derecha y la ex Concertación, pero con poco equilibrio entre la expectativa inicial y la capacidad de ejecución en la realidad.
Sin embargo, al llegar al poder, enfrentó la necesidad de abandonar parte de su ideario para garantizar gobernabilidad: la contingencia, burocracias, obligación de consensuar con parlamentos y otros sectores, diluyó muchas de sus posturas iniciales. Esta adaptación, aunque inevitable en términos institucionales, ha contribuido a la percepción de “traición” por parte de algunos movimientos sociales.
El rechazo a la primera propuesta constitucional, marcada por un enfoque progresista e idealista, propició aún más el giro hacia narrativas conservadoras. Aunque el gobierno actual al declararse progresista y feminista ha contribuido a la reducción de la tensión social visible en administraciones anteriores -como el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuya gestión y discurso replicaban violencia estructural y de género intensificando los movimientos sociales-, también ha dejado un vacío discursivo que la derecha radical ha sabido capitalizar.
Un futuro político flexible y resiliente
En un país sísmico como Chile, sabemos que las estructuras deben adaptarse al movimiento para no colapsar. De igual forma, nuestras instituciones y discursos políticos deben ser firmes y flexibles para adaptarse a los cambios inherentes e inevitables de cualquier sociedad.
Chile enfrenta el desafío de demostrar que progresismo y estabilidad no son opuestos, sino complementarios. Una oposición progresista, cercana a las demandas ciudadanas, capaz de articular ideales de justicia e igualdad desde la responsabilidad institucional y la transparencia con las expectativas, podría revitalizar el debate que el oficialismo ha perdido.
Reivindicar demandas sociales postergadas, proponiendo soluciones concretas que inspiren confianza, permitiría contrarrestar en el debate los discursos autoritarios y así proteger nuestra democracia.