Loreto Pelegri
Tax Partner at PwC Chile

Juan Alberto Pizarro
Presidente Comisión Tributaria
Colegio de Contadores de Chile

Entre los principios que todos los sistemas tributarios buscan establecer está la equidad, tanto horizontal como vertical. La equidad horizontal consiste en que la tributación entre un mismo tipo de contribuyentes, independientes se trate del capital (dividendos) o del trabajo, sea la misma.

Pero no basta con que se cumpla este principio, también debe existir una equidad vertical para que aquellos contribuyentes con mayor renta contribuyan en mayor proporción que los de menores rentas, lo que en forma práctica se logra en Chile con la progresividad del impuesto global complementario y del impuesto de segunda categoría.

Adicionalmente, el sistema tributario debe ser eficiente, es decir, que afecte lo menos posible las decisiones económicas, cuestión que no es 100% lograda, ya que todo impuesto afectará en mayor o menor medida las variables económicas como crecimiento, inversión, ahorro y empleo. El objetivo es que su impacto sea el menor posible.

Chile respecto a sus pares

En consideración a este efecto, los países optan por entregar incentivos directamente al sector privado a través del denominado gasto tributario (exenciones o beneficios) que en la OCDE es un 5% en promedio, pero que en países como Canadá y UK alcanza el 8%. En contraposición está nuestro país, que mantiene una tendencia a bajar dichos beneficios directos que solo llegan al 2% del PIB.

Un indicador para poder conocer si un sistema tributario es más o menos eficiente es el grado de competitividad fiscal, es decir, qué tan simple, neutral, transparente y estable es la normativa tributaria de una jurisdicción en relación con sus pares. Precisamente, en materia de impuesto a la renta es donde Chile ocupa una de sus peores posiciones en el ranking global de competitividad tributaria, llegando al puesto 36 de 38 países. Solo en los últimos 15 años el impuesto corporativo ha sido el tributo que más ha reducido su competitividad (-30 puestos), pasando desde el puesto 5 al 35.

Este deterioro ha sido progresivo, desde el año 2012 a la fecha, nuestro país no solo aumentó sus impuestos a las empresas, además cambió su sistema desde uno 100% integrado a uno semi-integrado, que permite utilizar solo el 65% del impuesto de primera categoría pagado por la empresa a nivel de impuestos finales.

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Falta de equidad horizontal

De esta manera, se afectó la equidad horizontal del sistema y también la equidad vertical, ya que el flat tax de 9,45%, producto del 35% de impuesto renta corporativo que no se puede utilizar como crédito a nivel de impuestos finales, afecta con mayor fuerza a los primeros tramos del impuesto global complementario.

La falta de equidad horizontal la podemos graficar en el hecho de que en nuestro país un emprendedor, que se encuentra en el régimen de grandes empresas, se ve castigado con un impuesto adicional a los dividendos de 9,45% (pérdida del 35% del crédito por impuesto renta pagado como empresa). En otras palabras, resulta más útil no emprender y correr riesgos, ya que como dependiente pagaría impuesto de segunda categoría, estando exento en el primer tramo, y solo pagaría 4% en el siguiente tramo.

Sorprende, por tanto, que al revisar la actual propuesta de reforma tributaria al impuesto renta presentada por Hacienda, se insista en desintegrar el sistema tributario, en vez de corregir este defecto se profundicen los problemas de equidad, y tibiamente se aborden los problemas de competitividad fiscal.

Un golpe para los emprendedores de ingresos medios

Analizando la propuesta, una rebaja de impuesto corporativo de 27% a 25% no mueve la aguja en competitividad fiscal, favoreciendo débilmente el crecimiento. A su vez, se propone desintegrar el sistema con un régimen dual, con una tasa fija de 16% a los dividendos finales que constituye un nuevo impuesto a las rentas del capital, más un 4% un nuevo impuesto a la primera distribución de dividendos. Dicha propuesta agudiza los problemas de equidad vertical y horizontal, pues si bien se mejora la competitividad del tramo máximo de impuesto (el 1% de los contribuyentes), que bajan su tributación efectiva total de 44,45% a 39,5%, la fórmula afecta negativamente la progresividad del sistema.

En efecto, el costo de dicha rebaja lo pagarían los menores tramos de renta, aquellos con una tasa en el actual régimen tributario de impuesto global complementario menor a 16%. Probablemente, se afectarán las casi 100.000 pymes y emprendedores que se encuentran capturados en el régimen de grandes empresas, ya sea por normas de relación o por contaminación de giro.

Incluso el argumento de simplicidad del régimen dual que ha esgrimido Hacienda es bastante discutible, cuando en la práctica el régimen integrado seguirá existiendo para pymes e inversionistas extranjeros que cuenten con un convenio de doble tributación, generándose, a su vez, otros sistemas como el transparente y el mono tributo- Y creando, adicionalmente, una barrera al crecimiento de las pymes al momento de transitar de un régimen integrado a uno desintegrado de grandes empresas.

En resumen, el régimen dual desintegrado, propuesto recientemente por Hacienda, constituye un golpe para los emprendedores de ingresos medios, al ser un retroceso a la equidad y competitividad fiscal, que tiene que ser para todos los contribuyentes y no solo un grupo de contribuyentes. De igual forma, no genera los incentivos para una recaudación fiscal sostenible, que es la gran debilidad del sistema tributario, y que solo se logrará superar con mayor crecimiento económico, que es la principal fuente de recursos fiscales.

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