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A nivel mundial, la población está creciendo y envejeciendo. Según el informe de Perspectivas de la Población Mundial en 2022, el número de personas mayores de 65 años crece más rápidamente que aquellas por debajo de esa edad. Por otro lado, estilos de vida como el sedentarismo, junto con la alimentación y factores genéticos han influido en el aumento de patologías como las oncológicas y autoinmunes en edades cada vez más tempranas. Esta compleja situación se extrapola también a Chile, y gracias a los avances en la tecnología los tratamientos pasan a ser crónicos, lo que impone una presión financiera cada vez mayor sobre los sistemas de salud.
Si se considera, además, la falta de financiamiento para coberturas en la Ley Ricarte Soto y el GES, contar con mecanismos que impacten en el Estado se hacen indispensables debido al ahorro en recursos que se podría generar con la intercambiabilidad de medicamentos biológicos de alto costo a biosimilares. Esos recursos pueden ser redestinados a la cobertura de nuevas terapias y llegar a más pacientes para democratizar el acceso a tratamientos de calidad y vanguardia.
En términos regulatorios, los países con alta vigilancia sanitaria establecen que los biosimilares son un tipo de medicamentos biológicos seguros y eficaces para tratar muchas enfermedades. Entre ellas, afecciones crónicas y graves que incluyen enfermedades de la piel como la psoriasis; intestinales; osteoporosis, diabetes; afecciones renales, artritis reumatoide y algunos tipos de cáncer. Además, el biosimilar se usa para tratar las mismas enfermedades y en las mismas condiciones que el medicamento de referencia.
Como actores de la industria, reconocemos que existen importantes brechas que impiden una mayor incorporación de medicamentos biosimilares en el sistema de salud. Por ello, resulta relevante visibilizar la evidencia científica que respalda la seguridad y eficacia de los medicamentos biosimilares; educar en la temática a los distintos protagonistas del ecosistema de salud como profesionales de la salud y pacientes; junto con incorporar recomendaciones internacionales y marcos regulatorios de países de alta vigilancia sanitaria, que permiten identificar oportunidades para revisar la normativa nacional en cuanto a promover el uso e intercambiabilidad de biosimilares, tal como es abordado por agencias regulatorias como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que en su declaración en 2022 confirmó que los biosimilares aprobados en la Unión Europea (UE) son intercambiables.
En Chile, el nivel de adopción de medicamentos biosimilares es muy inferior comparado con Europa o Estados Unidos, situación que es una oportunidad. En países como España los medicamentos biosimilares ahorraron más de 1.800 millones de euros en 2023 al sistema sanitario, esto es un 80% más respecto del año anterior, según cifras de la Asociación Española de Biosimilares (BioSim).
Además, es importante acelerar los procesos de aprobación de biosimilares por parte de la autoridad sanitaria en Chile, aplicando conceptos de “Reliance regulatorio” para productos ya aprobados por agencias sanitarias como EMA y FDA, favoreciendo la incorporación rápida de mayor cantidad de medicamentos biosimilares.
Es necesario que Chile avance en la adopción de medicamentos biosimilares como en Europa y América del Norte debido a sus enormes ventajas y beneficios en ahorro para el sistema de salud, junto con la cantidad de pacientes adicionales que sería posible tratar. El llamado es a generar las condiciones para que ese impacto económico-social positivo en la salud de los chilenos, ocurra ahora. Porque mayor acceso se traduce también, en una mejor salud.
