Estimado director:

Me dirijo a ustedes para expresar una preocupación que considero importante compartir con la ciudadanía, especialmente en el contexto de los recientes ajustes en los planes de salud familiar tras la implementación de la Ley Corta de Isapres.

Soy afiliada a Isapre Cruz Blanca y tengo un plan denominado Optimus Plus 3000 4018, de tipo familiar matrimonial, cuyo costo base actualizado asciende a 8,712 UF, incluyendo mis cargas familiares. Mi esposo tiene un plan base de 4,385 UF, un incremento desde los 3,912 UF que pagaba antes de la reforma. Anteriormente, él generaba excedentes al superar el costo de su plan respecto al 7% de su remuneración imponible, sin embargo, tras la Ley Corta, no solo se eliminan esos excedentes, sino que además se incrementan los costos para ambos, sin que existan mecanismos claros para mitigar este impacto en familias como la nuestra.

Isapres y sus “Planes familiares”: ¿realmente familiares?

Mi inquietud radica en varios puntos que considero relevantes:

Denominación confusa de los planes familiares:
A pesar de llamarse “familiar” o “matrimonial”, estos planes no contemplan una verdadera redistribución de costos entre los miembros de la familia. En múltiples ocasiones consulté si mi esposo podía asumir una mayor parte del costo del plan, permitiendo reducir el mío. La respuesta fue siempre que debía cambiarme de plan. Lo mismo ocurrió al solicitar una rebaja en el costo asociado a las cargas familiares por edad.

Incrementos significativos en los costos:
Bajo la Ley Corta, el aumento en los costos parece desproporcionado. Me pregunto: ¿por qué no se consideran los ingresos conjuntos de la familia para ajustar los costos en planes familiares? ¿Qué mecanismos existen para garantizar que estos ajustes sean justos y transparentes?

Plazos largos y respuestas insuficientes:
Al plantear estas inquietudes a la Isapre, las respuestas han sido tardías y limitadas a sugerencias de cambio de plan, sin ofrecer soluciones reales ni explicaciones satisfactorias sobre los ajustes realizados.

Falta de control ante alzas de precios:
Según datos públicos, en los últimos tres años las Isapres han reportado utilidades significativas. Este panorama deja dudas sobre la necesidad de transferir estos costos a los usuarios, considerando los recursos acumulados por estas instituciones.

Preguntas que necesitan respuesta

¿Por qué no se contempló en la Ley Corta una regulación que permita a los planes familiares funcionar realmente como tales, complementando los costos entre sus miembros?

¿Por qué se autorizaron alzas significativas sin una fiscalización clara que garantice que estas no perjudiquen a los usuarios?

¿Qué mecanismos existen para proteger a las familias de este tipo de incrementos, que afectan directamente su economía?

Espero que estas preguntas y mi experiencia permitan abrir un debate necesario sobre la implementación de la Ley Corta y las acciones de las Isapres, con el fin de buscar soluciones más equitativas para todas las familias chilenas.

Por Claudia Orellana