En Chile, la política habitacional ha sido un motor clave para garantizar el acceso a viviendas dignas, especialmente a través de subsidios financiados con recursos públicos. Sin embargo, esta política enfrenta un problema que no podemos seguir ignorando: la postventa en los proyectos habitacionales. Muchas familias que reciben sus viviendas se encuentran, al poco tiempo, con dificultades que parecen no tener solución debido a la falta de una respuesta adecuada por parte de las constructoras.

Incumplimiento de las obligaciones de las empresas

La realidad es clara. A pesar de los avances en la entrega de viviendas subsidiadas, aún no contamos con un sistema que asegure plenamente que las empresas constructoras cumplan con su obligación de responder ante fallas o problemas posteriores a la entrega. Las denuncias de vecinos que ven cómo su calidad de vida se deteriora debido a problemas de terminaciones, instalaciones o acabados mal ejecutados son cada vez más comunes. Esto refleja una brecha en nuestra política habitacional que debemos abordar con urgencia.

Para enfrentar este desafío, es necesario actuar en dos frentes. Primero, mejorando la fiscalización en la etapa de construcción.

La entrega de una vivienda no debe limitarse simplemente a cumplir con un plazo de entrega. Los órganos encargados de supervisar la construcción deben garantizar que cada proyecto financiado con recursos públicos cumpla con estándares claros de calidad. Esto implica un mayor control durante la ejecución de las obras, con inspecciones rigurosas que aseguren que las viviendas no solo sean entregadas a tiempo, sino también en condiciones óptimas para el uso diario de las familias.

Postventa habitacional, ¿quién responde?

También es importante que las garantías de postventa protejan a las familias. Entendamos que el desafío no termina al entregar las llaves. Es imprescindible contar con un sistema robusto que obligue a las constructoras a responder de manera eficiente y oportuna frente a cualquier problema que surja tras la entrega.

Las familias necesitan certezas: saber que si algo falla tendrán un respaldo claro y accesible para resolverlo sin asumir costos injustos. Esto requiere un rol más activo de las autoridades en fiscalizar el cumplimiento de las garantías de postventa, además de establecer sanciones efectivas para quienes no cumplan con esta obligación.

Garantizar una vivienda digna no es solo entregar un techo, sino también asegurar que las familias puedan vivir en un hogar donde cada detalle haya sido construido con responsabilidad y compromiso.

Hoy tenemos el desafío de cerrar esta brecha y trabajar para que el derecho a una vivienda no se detenga en la entrega, sino que se extienda a un acompañamiento postventa sólido y confiable.

Resolver este problema es una deuda pendiente y un paso necesario para fortalecer la confianza de las personas en las políticas públicas y en el acceso a una mejor calidad de vida. Es hora de avanzar con decisión hacia un sistema que ponga a las familias en el centro y garantice que el sueño de la casa propia no se convierta en una preocupación constante por incumplimientos que podrían haberse evitado.