El 23 de octubre de 2024, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) vivió una tragedia sin precedentes en la historia de la educación pública chilena. Un grupo de estudiantes, mientras se preparaba en un baño del establecimiento para participar en una manifestación, provocó accidentalmente una explosión debido a la incorrecta manipulación de materiales peligrosos. El resultado fue 35 estudiantes con quemaduras graves, todos hospitalizados, algunos de ellos con el 30% de sus vías respiratorias quemadas, consignaba en una nota La Tercera.

Los profesores y funcionarios del INBA fueron los primeros en asistir a los heridos, demostrando un compromiso invaluable con su comunidad. Sin embargo, las secuelas psicológicas de este evento son profundas, tanto para los afectados como para el resto de la comunidad educativa, que ahora evalúa cerrar el año escolar de manera anticipada.

Este trágico suceso ocurrió en un momento particularmente sensible: cinco días después del aniversario del 18 de octubre, que conmemora el estallido social de 2019, y a solo cuatro días de las elecciones municipales. Es probable que estos hitos hayan servido de catalizador para las manifestaciones de los estudiantes del INBA, una institución emblemática por su activa participación en movimientos sociales.

Sanciones v/s soluciones estructurales

En este contexto, se ha generado un cruce de declaraciones entre Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, y Mario Desbordes, alcalde electo de Santiago. Desbordes, quien asumirá como sostenedor del INBA, ha optado por una postura rígida: exigir la renuncia de la rectora y plantear sanciones severas, incluyendo la intervención del SENAME para menores de edad y cárcel para los mayores involucrados en delitos.

Aunque es necesario sancionar los actos de violencia, partir con un enfoque amenazante podría resultar contraproducente, incitando a los estudiantes a reaccionar con más violencia. Por su parte, Aguilar ha cuestionado esta política, recordando que medidas similares aplicadas durante la gestión de Felipe Alessandri, como la Ley Aula Segura, no lograron resultados positivos. No obstante, resulta preocupante que Aguilar ponga en duda la aplicación de una ley vigente.

Cuestionar el marco legal envía una señal equivocada y una poca confianza en las instituciones. A esto se suma la falta de propuestas concretas por parte del Colegio de Profesores para abordar la crisis del INBA, un vacío que necesita ser llenado con urgencia, esto se evidencia en su propia página donde declaran una falla en el sistema y tener cuidado con el retorno a clases.

Actualmente, el desafío de Desbordes como nuevo alcalde y sostenedor del INBA es monumental. Hasta ahora, sus propuestas han carecido de un enfoque dialogante, necesario para canalizar el clamor de cambio social que emana de los estudiantes. Este colegio, que opera con un tercio de su capacidad, necesita un liderazgo que no solo sancione, sino que ofrezca oportunidades reales de transformación, ya que los apoderados han declarado en entrevistas de años anteriores que son un grupo minoritario quienes realizan este tipo de manifestaciones.

También es preocupante la negativa de Mario Desbordes a traspasar la administración del INBA al Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Este rechazo refleja una visión política que prioriza intereses partidistas sobre soluciones estructurales para la educación pública.

Pensando en las elecciones presidenciales de 2025, es seguro que este será uno de los temas centrales en las campañas.

La responsabilidad de los líderes educativos

Estimado lector, este punto es primordial para avanzar hacia una educación pública de calidad y autónoma, que deje de estar a merced de los gobiernos de turno. Esto implica la capacidad de definir planes curriculares con una estabilidad mínima de cinco años y abordar las necesidades reales de las distintas comunidades.

Cabe destacar que los establecimientos que reciben aportes del Estado concentran más del 90% de la matrícula nacional. Por tanto, la educación no puede seguir siendo un botín político, ajustándose a los vaivenes de cada administración. Es alarmante que, pese a un crecimiento significativo del presupuesto en educación, los resultados académicos de los colegios públicos siguen rezagados.

Volviendo a nuestro tema central, el futuro del INBA, y de la educación pública en general, requiere un esfuerzo conjunto. Los líderes educativos deben fomentar un entorno donde la energía de cambio social de los estudiantes se canalice hacia propuestas constructivas. La comunidad educativa, en todas sus facetas, debe trabajar unida: profesores, estudiantes, apoderados y autoridades. Lo anterior direccionando al colegio que quieren construir la mayoría de quienes lo componen.

Mario Desbordes tiene ahora la responsabilidad de construir una comunidad educativa sólida y cohesionada. Esto no se logrará con amenazas, sino con políticas inclusivas y dialogantes, que ofrezcan soluciones reales a los desafíos del INBA. Su gestión estará bajo la atenta mirada de los vecinos de Santiago, quienes confiaron en él a través del voto.

El éxito de su administración será clave no solo para el INBA, sino para el futuro de la educación pública en Chile.

Rodrigo González Onell
Profesor de Matemática y Computación
Magister en Liderazgo y Gestión Educativa