Rolando Carmona Aldunate
Investigador Senior, Centro de Estudios Justicia y Sociedad, Pontificia Universidad Católica de Chile
Recientemente, la diputada Camila Flores propuso un endurecimiento de las penas para menores de 16 años, bajando la edad de imputabilidad penal a los 12 años a quienes cometan crímenes graves. Según su declaración, esto correspondería a una política efectiva y duradera para garantizar que la ciudadanía viva en un ambiente seguro, y hace un llamado a los sectores que comparten sus valores de “orden y seguridad” a respaldarla, señalando que los criminales deben estar en la cárcel “donde corresponden”, sin importar su edad.
La propuesta no solo va en contra de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sino que se encuentra notablemente alejada de la evidencia acumulada durante décadas de rigurosa investigación criminológica sobre trayectorias delictuales, reinserción y desistimiento del delito.
La evidencia criminológica: ¿reducir la edad de imputabilidad realmente mejora la seguridad?
Por ejemplo, los hallazgos del estudio de trayectorias delictuales realizado por la Universidad de Edimburgo, que lleva 25 años haciendo seguimiento a 4.300 jóvenes que han infringido la ley, han llevado al parlamento escocés a incrementar la edad de imputabilidad penal, no rebajarla. Esto, debido a la importancia de atrasar el contacto de niños, niñas y adolescentes con el sistema de justicia para, precisamente, interrumpir carreras criminales y promover ambientes más seguros.
La evidencia internacional es clara en mostrar que una vez que un adolescente entra en contacto formal con el sistema de justicia penal, aumentan las probabilidades de tener una larga carrera criminal, y disminuyen sus probabilidades de desistir del delito.
La necesidad de un enfoque basado en la protección infantil y la reinserción social juvenil
Nuestras propias investigaciones han mostrado consistentemente que este grupo tiene una alta probabilidad de haber crecido en contextos de pobreza material, haber estado expuestos a circunstancias adversas en su infancia, y haber sido víctimas de violencia dentro y fuera de sus hogares como parte de sus trayectorias vitales.
En esta línea, en Chile se ha desarrollado en los últimos años un esfuerzo notable por avanzar en la protección de la infancia, con un nuevo andamiaje institucional que incluye la implementación gradual de un Servicio de Reinserción Social Juvenil especializado que toma en consideración las necesidades de aquellos jóvenes sancionados por la ley penal, para apoyar sus procesos de reinserción y desistimiento del delito, a través de diversos mecanismos y modalidades de cumplimiento.
Es en esta dirección que debemos avanzar para fomentar un país más seguro, con menos delitos violentos y donde los ciudadanos podamos vivir en paz.