El impacto del crimen en la economía de América Latina y Chile

El reciente documento del Fondo Monetario Internacional “Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica” enfatiza la necesidad de un enfoque integral, eficiencia del gasto público y cooperación para abordar el desafío de la inseguridad.

Esta zona representa un tercio de los asesinatos del mundo, lo que afecta el desarrollo socioeconómico, la inversión y la productividad. La inseguridad es una gran preocupación para los ciudadanos y, aunque la tasa de homicidios de Chile es relativamente baja, en comparación a la región, se observa que ha aumentado en los últimos años debido al crimen organizado y la inmigración irregular, particularmente en ciudades y zonas fronterizas.

Una economía más desigual puede fomentar la delincuencia, mientras que una recesión puede crear tensión social. La concentración geográfica de la delincuencia en determinadas ciudades y zonas fronterizas de nuestro país sugiere la necesidad de políticas específicas. Si bien el gasto en orden público constituye una gran parte del presupuesto, su impacto en la reducción de la delincuencia puede ser limitado si no se mejoran la eficiencia de los recursos y la corrupción.

Inversión social: una solución sostenible contra el crimen

Es que la presencia del crimen organizado, incluido el tráfico de drogas, aumenta los costos para la sociedad y las empresas.

Ciertamente, enfrentamos desafíos de eficiencia en el gasto en seguridad. Además, la confianza en la policía y el sistema legal es esencial. Fortalecer la rendición de cuentas del Poder Pudicial y de los órganos persecutores, además de su capacidad para procesar delitos, es fundamental para combatir la impunidad y mejorar la seguridad ciudadana. Asimismo, la cooperación regional puede ayudar a reducir el impacto del crimen organizado transfronterizo.

En nuestra realidad local, el objetivo es fortificar la cohesión social y minimizar la expansión de las redes criminales. Un consenso fundamental del informe es que las inversiones en educación, empleo y oportunidades para los jóvenes pueden reducir las tasas de criminalidad.

Lamentablemente, vemos a Chile enfrentando altos niveles de exclusión educativa y ausentismo crónico, vemos una grave crisis de salud mental con largas listas de espera para niños y jóvenes, incluso en los servicios de protección, y la inversión en la primera infancia es baja.

Estrategias basadas en evidencia para la prevención temprana

La oferta programática del Estado carece del estándar necesario en cobertura o calidad requerida.

Se necesitan modelos de prevención temprana que anticipen la aparición de factores de riesgo, disminuya los de riesgo que están a la base del inicio de trayectorias delictuales y les haga frente con una oferta con evidencia. Sí, los hay en el sector privado, pero con bajas posibilidades de instalarse y replicarse a escala en el sector público.

El diagnóstico está más que claro, no podemos seguir llegando tarde, necesitamos actuar con eficiencia para el desarrollo positivo de nuestros Niños, Niñas y Adolescentes.