Señor Director:

El Estado, supuesto garante de la propiedad y facilitador de la vivienda adecuada, remata hogares para cobrarse a sí mismo cuando se adeudan contribuciones. En este contexto, la cámara baja aprobó una indicación que exime del pago de impuesto territorial (tributo de beneficio municipal) a los adultos mayores que reciben la PGU. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que se opondrá a esta medida en el Tribunal Constitucional.

El 23% de las viviendas están sujetas al pago de contribuciones, y existe una exención (total o parcial) para adultos mayores, siempre que el avalúo de la propiedad no supere los $207 millones. Esta medida excluye a quienes adquirieron viviendas en barrios que antes eran emergentes y que ahora están consolidados.

Por ejemplo, en La Reina, en la ex “Población Chacra San Carlos” (hoy Loreley), el avalúo de una vivienda tipo se triplicó en diez años, pasando de $62 millones a $208 millones, a pesar de que un tercio de su terreno está afecto a utilidad pública al colindar con el Canal San Carlos, en una zona normativamente restrictiva. El alza no refleja proporcionalmente el valor comercial del inmueble ni los ingresos del propietario.

El Banco Central estima que los adultos mayores poseen unas 800 mil viviendas con un avalúo actualizado promedio de $80 millones, lo que representaría una recaudación de aproximadamente $11 mil millones anuales, equivalente solo al 0,5% del Fondo Común Municipal ($2,4 billones). La incidencia en los fondos públicos no es significativa.

Implementar una exención total para adultos mayores, sin excepciones, es una medida posible.

Demetrio V. Benito O.
Perito Tasador. Vecino de La Reina