El alto número de denuncias es, sin duda, un indicador positivo. Refleja que las trabajadoras y trabajadores están encontrando en la ley Karin un respaldo para alzar la voz contra situaciones de abuso que antes callaban por miedo o falta de apoyo. Esta visibilización es crucial para comenzar a desmantelar las estructuras de poder que han permitido que el acoso y la violencia laboral se perpetúen en nuestros espacios de trabajo.

Ley Karin y la sobrecargada del sistema

No obstante, este mismo éxito inicial ha puesto de manifiesto una problemática preocupante: la sobrecarga del sistema. El elevado número de denuncias en tan poco tiempo amenaza con colapsar los mecanismos de investigación y resolución de conflictos. Esta situación podría llevar a retrasos en la atención de casos, lo que no solo es injusto para las víctimas que buscan justicia, sino que también podría desalentar futuras denuncias si se percibe que el sistema no puede responder de manera eficiente.

Más allá de estos desafíos inmediatos, la Ley Karin deja al descubierto varias áreas que requieren atención urgente. En primer lugar, aunque la ley establece medidas punitivas, no aborda de manera suficiente la prevención del acoso y la violencia laboral desde sus raíces. Es fundamental que se desarrollen programas integrales de educación y sensibilización que promuevan un cambio cultural profundo en los lugares de trabajo.

Asimismo, la ley no parece abordar específicamente la disparidad de género en casos de acoso y violencia laboral. Sabemos que las mujeres son desproporcionadamente afectadas por estas situaciones, y una ley verdaderamente efectiva debe reconocer y abordar esta realidad de manera explícita. Es necesario incorporar una perspectiva de género en todos los aspectos de la implementación y aplicación de la ley.

Otro punto crítico es la protección de los denunciantes. Sin mecanismos robustos para proteger a quienes se atreven a denunciar, corremos el riesgo de que muchas víctimas sigan guardando silencio por temor a represalias. La ley debe garantizar no solo la confidencialidad, sino también medidas concretas para prevenir cualquier forma de retaliación contra quienes denuncian.

La falta de programas de capacitación extensivos para empleadores y empleados sobre la nueva normativa es otra brecha importante. Sin una comprensión clara de sus derechos y responsabilidades bajo la nueva ley, tanto trabajadores como empleadores pueden encontrarse en situaciones de incumplimiento involuntario o incapacidad para aprovechar plenamente las protecciones que ofrece la ley.

Efectividad de la ley

Por último, es preocupante la ausencia de un plan de seguimiento a largo plazo para evaluar la efectividad de la ley y realizar los ajustes necesarios. Sin un monitoreo continuo y una disposición a adaptar la legislación según las lecciones aprendidas, corremos el riesgo de que la Ley Karin se quede corta en su objetivo de crear espacios laborales verdaderamente seguros y respetuosos.

Mientras celebramos los avances que la Ley Karin representa, debemos mantener una mirada crítica y constructiva. Es imperativo que se desarrollen estrategias para abordar las problemáticas derivadas y aquellas que aún no han sido resueltas. Solo así podremos garantizar que esta ley no sea solo un gesto simbólico, sino un verdadero instrumento de cambio que proteja a todas las trabajadoras y trabajadores de Chile, sin distinción de género, posición o condición social.