Señor director:

La semana pasada fui víctima de robo y fraude bancario por un monto de varios millones de pesos, gastados en remesas internacionales y compras de altos montos en una multitienda.

En estos casos opera la ley de fraude (21.234), que protege a los usuarios por hasta 35 UF -1.400.000 aproximadamente-. Para montos superiores, el banco puede reclamar ante la existencia de culpa o dolo del usuario.

Quiero probar mi inocencia y ayudar en la detención de estos sujetos. Como informático pude recabar información relevante para la investigación: me refiero al destino del dinero, la dirección de despacho de los delincuentes y las compras asociadas, que bien podrían detenerse si el banco o las autoridades tomaran cartas en el asunto. ¿El problema? Parece no importarles.

¿Quién responde realmente por estos fraudes bancarios?

Entregué esta información a la multitienda y me responden que necesitan el código de autorización del banco para hacer las diligencias. Lo solicito, y el banco me responde que lo gestionarán, pero es un trámite demoroso. Ya han pasado varios días y nada. Seguramente los delincuentes ya recibieron los productos robados del fruto de mi trabajo y esfuerzo. Qué vergüenza.

Fui a Fiscalía y resulta que es imposible aportar antecedentes hasta que el parte “se haya subido”, lo que puede demorar más de una semana. ¿Cómo hacemos justicia si las diligencias parten meses después del ilícito, cuando la plata ya se fue a quién sabe dónde? QUÉ VERGÜENZA.

La banca se queja por tener que apartar US$350 millones al año por este ítem, alegan contra una “mala ley”. ¿Qué proponen, entonces, si les da lo mismo investigar? Le aseguro que, si se me permitiese colaborar con Fiscalía y el banco, hace rato que hubiésemos pillado a estos desgraciados y evitado que se aprovecharan de mis ahorros.

Me dan vergüenza. Instituciones públicas, privadas, izquierda, derecha. Ustedes son un fraude.

Jorge Araneda
Ingeniero y Profesor de Diplomado UC