Por María José Benavente Bargetto
Administradora Pública, Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción

El Presidente de la República mantuvo en su cargo durante dos días a un alto funcionario acusado de violación, quien además había admitido haber ordenado la revisión de cámaras de seguridad que eran pieza clave en la investigación en su contra.

Considerando que este alto funcionario, Manuel Monsalve, era el entonces subsecretario del Interior, y por lo tanto jefe de las fuerzas policiales del país, la revisión de pruebas de forma anticipada para su beneficio personal constituye claramente un caso de corrupción. A pesar de ello, el Presidente no tomó medidas inmediatas, permitiendo que el exsubsecretario continuara ejerciendo sus funciones, representando al Ejecutivo en la Comisión Mixta de Presupuesto en el Senado.

De no haber sido por la exposición del caso en la prensa, Manuel Monsalve habría seguido con su agenda diaria, que incluía otras responsabilidades vinculadas a su cargo.

La credibilidad del gobierno en crisis

Tampoco el Presidente de la República consideró necesario informar estos antecedentes a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género. La ministra Antonia Orellana, expresó su inconformidad respecto al momento en que fue informada de la denuncia por abuso sexual y violación en contra del ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y expresó que “evidentemente me habría gustado enterarme antes”.

Además, la ministra de Estado admitió sentir frustración y rabia, considerando que su Gobierno “tiene un compromiso firme con los derechos de las mujeres y todo eso se pone en entredicho. Obviamente, cuando se acusa de uno de los delitos más graves de violencia contra las mujeres a una alta autoridad de gobierno”.

Sin embargo, no solo la acusación de violación o el comportamiento impresentable de Monsalve pone en duda la credibilidad de una administración que se autodenomina feminista. También lo hacen las decisiones políticas que se tomaron al conocerse este caso, en especial la poca relevancia otorgada a la ministra, quien debería haber jugado un rol protagónico en la toma de decisiones.

Hemos observado que la falta de relevancia otorgada a la Ministra de la Mujer en estas decisiones le ha generado varios impasses comunicacionales. Un ejemplo de ello fue su declaración cuando se le preguntó por la demora en la salida del exsubsecretario Monsalve: “No estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos que de quien está a cargo de la seguridad del país”, comentó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Cabe señalar que, precisamente por ser el acusado el jefe de las fuerzas de seguridad, su desvinculación del cargo era aún más urgente y necesaria.

La caricatura del gabinete paritario

La respuesta de la ministra se aleja considerablemente del profundo conocimiento en temas de género que ha demostrado a lo largo de este gobierno, donde ha impulsado importantes avances como la Ley de Reparación para Víctimas de Femicidios y la promulgación e implementación de la Ley de Deudores de Alimentos. Su improvisación en este caso le ha valido duras críticas de sus opositores políticos y pone en riesgo el constante apoyo del 30% de la población que se mantiene fiel al Presidente Gabriel Boric, según las encuestas.

Si la ministra hubiera tenido un rol más relevante y menos instrumental en el Comité Político, quizás las decisiones del Presidente habrían sido distintas. Probablemente, se habría valorado que el simple hecho de que el exsubsecretario Monsalve se reuniera con una subordinada para consumir alcohol ya constituye una situación inapropiada, pues pone en riesgo el bien jurídico de la funcionaria, su “libertad sexual”, pues al estar bajo los efectos del alcohol, se compromete su capacidad de conciencia y, por ende, su capacidad de decisión.

Además, tal vez se habría considerado que es más importante proteger y otorgar credibilidad a la presunta víctima de violación que realizar cálculos políticos para las próximas elecciones o conceder tiempo y consideración al presunto victimario.

Al no involucrar a la ministra de la Mujer en este caso, la consigna del gobierno feminista se convierte en un mero símbolo ornamental. Esta omisión no solo invisibiliza el trabajo realizado por esta cartera, sino que también caricaturiza medidas como el gabinete paritario y la inclusión del ministerio en el Comité Político, donde se supone que se abordan los temas más importantes y serios del poder ejecutivo.