Sr. Director:

Los estudiantes del INBA son las verdaderas víctimas de esta tragedia, y a ellos dirijo mis más sinceros deseos de pronta recuperación y mis oraciones ante esta dolorosa situación.

La responsabilidad de esta crisis recae en diversos actores, cuya inacción o falta de visión ha permitido que la violencia y el crimen crezcan en nuestra sociedad, impactando inevitablemente a nuestras escuelas.

Primero, los Gobiernos, que en la última década han fracasado en implementar políticas sólidas y efectivas, dejando que la violencia se infiltre en el ámbito educativo.

Segundo, los políticos, quienes en lugar de fortalecer la democracia y promover expresiones legítimas de protesta dentro de un marco de respeto y paz, buscan revivir traumas del pasado con fines electorales, tolerando el vandalismo y el desorden en nombre de la disidencia.

Tercero, la Superintendencia de Educación, que, al dictar el decreto N°65, limitó las acciones y financiamiento estatal para medidas preventivas adaptadas a cada institución educativa, impidiendo acciones como la instalación de pórticos de seguridad o detectores de metales, y restringiendo la posibilidad de una prevención efectiva en los colegios.

Cuarto, los alcaldes, quienes, impulsados por ideologías o consideraciones electorales, restringen las facultades de los rectores y directores para tomar acción cuando emergen señales de alerta en sus recintos.

Igualmente, algunos sostenedores, rectores y directores que, al tolerar actos violentos dentro de sus instituciones, contribuyen a la escalada de violencia e ingobernabilidad, permitiendo tomas y otras acciones que afectan el ambiente educativo. Aquellos docentes y asistentes de la educación, que, motivados por sus convicciones, promueven conductas que minan la convivencia escolar y transforman la cultura institucional de forma negativa. También los gremios y federaciones, que anteponen sus agendas políticas a una condena clara y firme de aquellos que, con su inacción, agravan esta tragedia.

Finalmente, algunos padres y apoderados que, adoptando una visión idealizada de la rebeldía juvenil, toleran expresiones que erosionan la convivencia, desde faltas de respeto hacia los docentes y asistentes de la educación hasta enfrentamientos con las autoridades, descuidando su responsabilidad de fomentar una educación basada en el respeto y la resolución pacífica de conflictos.

Hago un llamado urgente a todos estos actores a dejar de lado los cálculos políticos y la preocupación por la imagen, y a tomar una postura firme en favor de los inocentes. Es momento de actuar con valentía y determinación en beneficio de nuestra sociedad, empleando todos los recursos que nos ofrece la democracia para restablecer la gobernabilidad y la paz social.

Edgardo Araya Rojas
Rep. Legal de Colegios
Licenciado en Educación