“El objetivo de la Política Nacional de Acuicultura es promover el máximo nivel posible de crecimiento económico de la acuicultura chilena en el tiempo, en un marco de sustentabilidad ambiental y equidad en el acceso a la actividad”. Dijo en 2004, en Puerto Chacabuco, el expresidente Ricardo Lagos en el lanzamiento de la política nacional de acuicultura: Con visión de Estado, estaba lanzando una hoja de ruta para el sur de Chile, y así fue.

La salmonicultura se convirtió en el motor del desarrollo económico no solo del sur, sino del país, transformándose en el segundo producto de Chile después del cobre. Un motor que tiene como objetivo el crecimiento y que durante 30 años permitió tener las oportunidades de un mejor vivir.

Gracias a este impulso, la región de Los Lagos, pudo reducir la pobreza dura por falta de ingresos que padecían 2 de cada 5 personas en el año 1990 a solo 2 de cada 50 habitantes.

Con un país abierto al mundo, las exportaciones de salmón desde las tres regiones productoras pasaron de US $150 millones en el 90’ a US $6.400 millones el 2023. Gran resultado, se agregó valor a la principal ventaja comparativa de las regiones del sur: el mar interior.

Si crecimos y mejoramos nuestra calidad de vida fue por una decisión de Estado.

Los resultados están a la vista. En salmonicultura se otorgaron 2.085 RCA ingresadas durante el periodo 2000 – 2014, que incluyen pisciculturas, centros de engorda y plantas de procesamiento de salmones, informándose US$ 4.426 millones de inversión

Pese al éxito del crecimiento, el diseño del motor tenía errores. Estos fueron evidentes en la rápida expansión del virus ISA hacia finales de la década del 2000, lo que motivó el primer gran ajuste: un profundo cambio del modelo sanitario y territorial de las concesiones de acuicultura.

Gracias al nuevo modelo sanitario y el acelerado avance tecnológico de la última década, se redujo significativamente el periodo de cultivo y las mortalidades. Esto ha permitido un crecimiento promedio de 4% de la producción en los últimos 10 años. Pura eficiencia.

Pero las reparaciones regulatorias para un ordenamiento territorial a través de relocalizaciones y fusiones no resultaron. Se quedaron atrapadas en las telarañas de la burocracia.

Salmonicultura

José Miguel Burgos, director de acuicultura de Subpesca el año 2014, decía que en salmonicultura de Los Lagos y Aysén “sólo estamos haciendo relocalizaciones en estas dos regiones. Aquí nuestro eslogan para esas regiones es: No más concesiones, sino que mejores concesiones”.

Mejores concesiones prometían más inversiones, pero eso no ocurrió. Desde el 2015 solo se aprobaron 131 proyectos de inversión, un 90% menos que el periodo anterior.

Alicia Gallardo, subsecretaria de Pesca del gobierno anterior, le explicaba al Senado que a diciembre del 2021 había al menos 270 solicitudes de relocalización que no habían logrado avanzar desde esa Subsecretaría. Se sigue igual, el motor no volvió nunca a ser el mismo.

Ya no alcanza solo con eficiencia, desde el año 2020; el promedio de crecimiento de las cosechas ha sido de un magro 2% y en los dos últimos años prácticamente no se han aprobado nuevos proyectos de inversión en salmonicultura.

Las piezas del motor

El motor sufrió sabotaje, y aquello que parecía un buen plan, terminó siendo el peor enredijo. El discurso de la judicialización, suspensión, paralización y moratoria reemplazaron las palabras desarrollo, crecimiento y colaboración.

El motor desajustado necesita otra vez una visión de Estado que lo ponga a punto, elaborando una nueva hoja de ruta para la salmonicultura que sepa canalizar la fuerza productiva generadora de riqueza que es esta industria.

Ya no hablamos de pobreza por ingresos, sino que hoy la pobreza es por acceso a la salud, por falta de especialistas, por mala calidad de educación, falta de infraestructura pública, entre otras tantas. Los recursos para responder a estas necesidades provienen del crecimiento.

A la demanda de soluciones a los problemas que tanto duelen a los vecinos, solo podemos responder que la industria quiere ser un permanente generador de oportunidades, las empresas quieren invertir. Pero no es suficiente el deseo, se requiere de la voluntad política que cree las condiciones regulatorias para ordenar y expandir el sector.

Por ello esperamos que el inicio del proceso participativo de la nueva ley Acuicultura sea la gran oportunidad para que todos los actores de la industria y del mundo político aúnen voluntades, arreglemos el motor, y reconstruyamos el compromiso con el crecimiento sostenible de la salmonicultura para el bien de cada chileno que hoy tanto lo necesita.

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