El Proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), propuesto por el gobierno, introduce reformas que transforman de manera significativa el modelo de financiamiento para estudiantes y para las instituciones. Estas modificaciones afectan el acceso a una formación profesional de calidad y tendrán un impacto profundo en el desarrollo del país y en la equidad del sistema educativo, influyendo en las generaciones presentes y futuras.
El FES propone una modalidad de financiamiento para los alumnos basada en la restitución contingente a los ingresos bajo condiciones favorables, sin intereses y con plazos amplios. Este esquema representa un avance al asegurar una mayor accesibilidad a la educación superior. De este modo, más estudiantes podrán continuar su formación sin la carga inmediata de deudas.
Además, la devolución de los recursos, de manera proporcional a los ingresos, garantiza la sostenibilidad del sistema, lo que permitirá financiar los estudios de las próximas generaciones.
Sin embargo, una de las restricciones del proyecto es la eliminación del copago —la diferencia entre el arancel regulado y el real— lo cual impone una carga financiera considerable a las universidades. El Estado busca implementar que se transfiera el costo del copago universitario desde las familias a las instituciones de educación superior, las que, lamentablemente, no están en condiciones de asumir mayores cargas financieras a las impuestas hoy por ley.
Esta medida afecta la autonomía de las instituciones para definir sus proyectos educativos y orientaciones académicas, priva a familias que pueden de aportar a la educación de sus hijos y obliga a las instituciones a funcionar con aranceles fijos, ya sean de gratuidad o del FES, que en muchos casos no cubren los costos reales de los programas académicos. Esto ya ha afectado a las universidades con los aranceles de gratuidad, comprometiendo su desarrollo y calidad.
Mantener el copago, como ocurre con los deciles 7, 8 y 9, no genera un gasto adicional para el Estado. Al contrario, permite que las familias contribuyan y fortalezcan la calidad educativa de todos los estudiantes, tanto aquellos beneficiados por la gratuidad como por el FES. Esto contribuiría a evitar que la educación superior de calidad se concentre sólo en universidades fuera del sistema, lo que agravaría la segregación educativa y dañaría la cohesión social de nuestro país.