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El Marco Global de Biodiversidad de Kunming–Montreal, adoptado a fines de 2022, ayuda a responder la urgencia de la crisis ambiental y establece un horizonte claro y concreto, donde destaca la Meta 3. Esta propone proteger en todo el mundo al menos el 30% de la tierra, el mar y las aguas continentales para 2030.
Este mandato, conocido como meta “30×30”, representa una oportunidad histórica para Latinoamérica, una de las regiones más ricas del mundo en biodiversidad, pero que enfrenta diariamente graves amenazas como la deforestación, la expansión agrícola y la minería en algunos lugares y, en general, las malas prácticas productivas.
Adicionalmente, el Informe Planeta Vivo 2024, publicado en estos días por WWF, muestra que la región está sufriendo una dramática pérdida de su diversidad biológica. Esto, dado que registra una disminución promedio de 95% en el tamaño de las poblaciones monitoreadas en este estudio durante los últimos 50 años.
Para nuestros países, implementar la Meta 3 no sólo significa la conservación de ecosistemas únicos, sino también asegurar beneficios fundamentales como agua limpia, seguridad alimentaria y una mayor resiliencia frente al cambio climático. Las comunidades indígenas y locales, que dependen estrechamente de los recursos naturales, también se verán beneficiadas.
Latinoamérica tiene una gran responsabilidad, no sólo de frenar la pérdida de biodiversidad, sino también de abordar las crisis interconectadas, como la climática y la de contaminación.
En esta línea, el compromiso con el “30×30” también debe promover el desarrollo sostenible y la justicia ambiental. A través de iniciativas de restauración y conservación, los países pueden integrar Soluciones Basadas en la Naturaleza que fortalezcan sus economías y protejan a las poblaciones vulnerables.
Chile, por ejemplo, está generando su Hoja de Ruta 30×30, con base en diálogos regionales que identificaron áreas prioritarias y brechas en gestión y equidad, con un foco en generar igualmente beneficios económicos para las comunidades, en donde WWF ha colaborado.
Este apoyo se enmarca en el proyecto GEF-7, que en Latinoamérica incluye también a Ecuador y México, quienes junto a Chile y el resto de la región, pueden dar un gran impulso a la acción global hacia un futuro sostenible. Porque adoptar el enfoque “30×30” protege el patrimonio natural al tiempo que garantiza un futuro resiliente donde humanidad y naturaleza coexistan en armonía.
La COP16 en Cali, Colombia, se presenta como un espacio ideal para seguir empujando la integración de las agendas de clima, biodiversidad y desarrollo sostenible, con miras a lograr sinergias y maximizar los impactos de los diferentes esfuerzos. Esto es decisivo, porque los recursos para conservación siempre serán escasos.
Financiamiento
Un punto clave de la Meta 3 tiene que ver con sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien conectados, gobernados de forma equitativa y correctamente financiados, considerando también otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas, y reconociendo los territorios indígenas y tradicionales.
En el caso de Chile, sólo para el financiamiento de áreas protegidas terrestres gestionadas por el Estado existe un déficit que se ubica, aproximadamente, entre 48 millones de dólares y 62 millones de dólares anuales (CEP, 2023). Según los mismos datos, se estima que la brecha de inversiones fluctúa entre unos 73 millones de dólares y 94 millones de dólares.
Movilizar esos recursos requiere fórmulas y esquemas colaborativos que cada país de la región debe consensuar e implementar, con la participación de los diversos sectores -filantropía, iniciativa privada y Estado y sociedad civil-. Ello, además, en un contexto donde los incentivos de mercado aún se muestran insuficientes para abordar la tarea.
Sólo con presupuestos sólidos y de largo plazo podrá recogerse de forma cabal el mandato de la Meta 3.
Otro desafío que WWF ya está visualizando es qué hacer fuera de esas áreas protegidas, qué cuidar y preservar más allá de sus límites.
Las respuestas deben llegar pronto, y alineadas con lo que es la mayor urgencia que nos coloca la COP16: la actualización de los Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (NBSAPs).
