Las tasas de criminalidad han aumentado en Chile y lo hacen a la luz de un incremento del crimen organizado internacional. Su ocurrencia obedece, entre otras causas, a la fragilidad institucional que afecta a diversos países de la región, la crisis profunda que atraviesa Venezuela, la falta de cooperación de regímenes como el de Bolivia y una falta de significación del crimen organizado dentro de la política exterior.
Abordarla y tematizarla como área de trabajo internacional no sólo sería útil para conocer más el contexto en el que se gesta y desenvuelve el crimen organizado, sino que aportaría un ángulo de análisis diferente al trabajo que realizan los organismos del Estado encargados de su gestión interna.
1.- Violencia, un fenómeno transnacional que requiere una respuesta multilateral
La internacionalización de la criminalidad y la violencia en Chile no sólo están deteriorando la calidad de vida de nuestras ciudades y habitantes, sino que exponiendo las dificultades del Estado -y su política exterior-, para entender integralmente un fenómeno que dejó de tener raíces domésticas y se propaga en Chile gracias a la fragilidad institucional en la región, la crisis en Venezuela y la opacidad de regímenes como el de Bolivia.
De ahí que priorizar en nuestra política exterior el combate a la criminalidad no sólo abre un ángulo distinto al entendimiento de la ola delincuencial en marcha, sino que permite depurar y efectivizar las líneas de trabajo que Chile debe impulsar con países de la región que atraviesan por el mismo flagelo. Nuestro país padece una crisis de seguridad de naturaleza transnacional y ante ello no sólo se requiere recuperar el control del territorio, sino que impulsar estrategias bilaterales, micro y multilaterales, con el foco puesto especialmente en la región.
2.- El deterioro de los indicadores internacionales de seguridad en Chile
Distintos institutos internacionales han alertado respecto del aumento de la violencia en Chile, entre ellos el prestigioso Instituto de estudios de la violencia internacional de Heidelberg, en Alemania, que desde hace un tiempo constata los altos niveles de violencia en Chile. Nuestro país se ha convertido en un importador y exportador de violencia en la región, que usa trajes distintos en el norte, en el centro y en la Macrozona Sur. También han elevado la categorización de la violencia en Chile otros estudios internacionales como el Global Peace Index o el Global Terrorism Index.
Más allá de los rankings sobre la materia, excluir o minimizar a estas alturas el rol de la política exterior en la generación de una respuesta nacional articulada ante la violencia y la migración irregular, no sólo profundiza el desamparo e inseguridad de la sociedad chilena, sino que limita la capacidad del Estado para prevenir y enviar alertas tempranas a los organismos internos encargados del combate de la delincuencia en nuestras ciudades.
3.- Tareas y desafíos de la política exterior en el ámbito de la internacionalización de la criminalidad
Alertadas por una creciente internacionalización del crimen organizado, varias Cancillerías europeas y otras tantas de la región han asumido una postura más activa ante la delicada cuestión de la violencia y sus vinculaciones transfronterizas. En este campo resulta clave una lectura precisa y no sesgada de la migración irregular, que encubre flagelos como el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el abuso infantil, etc. Por lo mismo, experiencias de acuerdos migratorios como los suscritos por Alemania con Georgia, Marruecos, Colombia y los que negocia con Kenia y Uzbekistán, tienen la virtud de registrar (según el país), distintas sensibilidades políticas e incluso formatos distintos con países vecinos, y debieran ser observados con dedicada atención.
De ahí que resulta difícil entender -salvo que haya impedimentos ideológicos-, los problemas de nuestra agenda vecinal para abordar de una vez por todas el crimen organizado con Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Bolivia. También llama la atención el distanciamiento -nuevamente por razones ideológicas-, con países proveedores claves de tecnología de seguridad.
Casos como la firma de un acuerdo de cooperación policial con la dictadura de Maduro en enero pasado, ejemplifican del mismo modo no sólo una evidente desprolijidad en la comprensión política (y conveniencia) de las iniciativas internacionales del país en materia de seguridad, sino que la ligereza de la política exterior al confundir contrapartes y evaluarlas equivocadamente.
Si además atendemos al modus operandi en el que se desenvuelve el crimen organizado y sus actividades conexas -narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y persona, robo de cobre y madera, entre otras-, y cómo saca provecho de la permeabilidad de las fronteras de Chile, lo que parece tener gran incidencia en la criminalidad y violencia de algunas regiones de nuestro país, es pertinente preguntarse si la diplomacia chilena tiene entre sus prioridades apoyar el diseño y coordinación de políticas internacionales de seguridad que contengan este flagelo, especialmente combatiendo la delincuencia en los países que la exportan. En otras palabras, en este puzle de estrategias que el Estado debe articular, ¿es plausible y útil la pertinencia de una mirada de nuestra política exterior?
Por lo pronto, no parece existir convicción en nuestra Cancillería respecto del lugar de prioridad que ocupa el crimen organizado ni el tono con que se explica esta amenaza en los distintos foros internacionales. Es cierto que el fenómeno de la violencia es emergente en Chile, y tal vez por ello la falta de adiestramiento de nuestra diplomacia, pero también es fruto de la desactualización de objetivos y prioridades de la política exterior chilena, en que un asunto tan sensible no asoma con la importancia debida en la acción internacional del país.
Si el crimen organizado se globalizó y ese cambio de circunstancias afecta hoy a nuestra población, la acción de nuestros representantes en el exterior, particularmente en el trabajo con las Cancillerías y organismos de seguridad de la región, deben volcar toda la atención de nuestra política exterior.
Esto debe ocurrir con un sentido de urgencia y reflejarse en una estrategia coordinada con los países que forman parte de la ruta de la violencia transnacional que envuelve a Chile, con un foco de atención prioritaria en las agendas disruptivas que albergan los regímenes de Venezuela y Bolivia.
4.- La política exterior dentro de un marco institucional más amplio
Los actores criminales que ejercen la violencia y el control territorial son generalmente visibles a través de su integración a las cadenas de la “economía política” que se ramifica en distintos estamentos del Estado. Centrarse únicamente en las organizaciones criminales que ejercen la violencia reduce la mirada e impide una comprensión más amplia del entorno político en el que se gesta y desenvuelve la violencia, cómo migra a Chile, qué formas adopta, en qué territorios se ha concentrado, cómo enfrenta nuestra institucionalidad, etc. De ahí, entonces, la importancia de que la política exterior deba hacer un especial esfuerzo por analizar el contexto institucional, territorial y económico en el que se gesta el crimen organizado, que luego migra a nuestro país o incluso emigra después a otros.
La actual situación demanda que nuestra Cancillería asuma con premura y energía la criminalidad internacional y la violencia como un flagelo que compromete la paz y la seguridad de nuestro país.
Finalmente, para volver a la senda del orden y del progreso que nos caracterizó por décadas, resultará clave que en el futuro la política exterior ordene sus prioridades y considere el combate contra el crimen organizado como uno de los ejes centrales de su actuar.
