Las cifras presentadas evidencian que el mecanismo cuenta con más de 237 mil deudores inscritos y 87 mil eliminados del sistema, siendo este último dato alentador a primera vista. Sin embargo, es crucial que nos detengamos a reflexionar sobre lo que estos números realmente significan.

¿Acaso no son un testimonio desgarrador de un sistema que ha normalizado el abandono parental y la violencia económica contra mujeres y niños?

La existencia de 24 mil reincidentes es un claro indicador de que el registro, aunque útil, no está generando el cambio cultural necesario para erradicar esta problemática.

El hecho de que el 96% de los deudores sean hombres no es una simple estadística; es un grito ensordecedor que nos habla de la persistencia de comportamientos negligentes profundamente arraigados en nuestra sociedad. Este desequilibrio brutal en las responsabilidades parentales es un recordatorio doloroso de cuánto camino nos queda por recorrer en la lucha por la igualdad de género. La carga de la crianza sigue recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres, quienes, a menudo, se ven obligadas a asumir el rol de proveedoras emocionales y económicas en un contexto que no solo las desampara, sino que también las castiga.

La trampa de la solución rápida

El Registro Nacional de Deudores, aunque bien intencionado, corre el riesgo de convertirse en una solución simplista para un problema extremadamente complejo. ¿De qué sirve tener un registro si no abordamos las causas subyacentes que llevan a tantos padres a evadir sus responsabilidades? ¿Estamos realmente generando un cambio cultural o simplemente creando un sistema de “nombre y vergüenza” que puede incluso endurecer las posturas? La trampa de la solución rápida nos lleva a olvidar que el verdadero cambio requiere un compromiso a largo plazo con la educación y la transformación social.

No podemos ignorar el hecho de que nuestro sistema judicial sigue siendo un laberinto para muchas madres que buscan hacer valer los derechos de sus hijos. La lentitud de los procesos, la burocracia asfixiante y la falta de recursos para hacer cumplir las sentencias son problemas que el registro por sí solo no puede solucionar. Este contexto crea un círculo vicioso en el que las madres se ven atrapadas, luchando no solo por la pensión alimenticia, sino también por un sistema que les brinde justicia de manera efectiva y oportuna.

Es hora de reconocer que necesitamos mucho más que un registro para abordar este problema. Es imprescindible un cambio cultural que fomente, desde la infancia, una visión más equitativa de las responsabilidades familiares y sociales, evitando la perpetuación de estereotipos de género. Promover políticas laborales que faciliten la conciliación entre trabajo y familia para ambos progenitores es fundamental. Además, es crucial reformar el sistema judicial para hacerlo más ágil, accesible y efectivo en la protección de los derechos de los niños y niñas, así como fomentar modelos de paternidad responsable y comprometida.

Como sociedad, debemos exigir más. No podemos conformarnos con soluciones a medias que, aunque bien intencionadas, no llegan al corazón del problema. Necesitamos una revisión completa de nuestras leyes de familia, así como una inversión significativa en educación que fomente efectivamente la igualdad.
El Registro Nacional de Deudores, aunque es un paso en la dirección correcta, no es más que una gota en el océano de cambios que necesitamos.

Es hora de que, como sociedad, tengamos el coraje de mirar de frente la magnitud real del problema y nos comprometamos a abordar sus raíces más profundas. Solo entonces podremos aspirar a construir un Chile verdaderamente justo e igualitario, donde ningún niño o niña tenga que sufrir las consecuencias del abandono parental y donde la responsabilidad de la crianza sea genuinamente compartida.