ONG FIMA y el Estado: una relación cuestionable en la capacitación de funcionarios públicos

Señor director:

En estos días, ONG FIMA está invitando a los funcionarios públicos de Magallanes a un curso gratuito de “Derecho, gestión y política ambiental”. El objetivo es positivo, creo que los funcionarios públicos deben capacitarse para realizar mejor su labor pública en el marco de una regulación ambiental cambiante.

Lo improcedente es que el curso sea dictado por una ONG que ha enfrentado al Estado respecto de decenas de Resoluciones de Calificación Ambiental. Ello por vía judicial y administrativa, en las que funcionarios públicos deben resolver sus reclamos. Solo entre el 2020 y 2022, FIMA llevo a los tribunales 14 proyectos que involucraban una inversión de 352 millones de dólares en la región y la creación de numerosos puestos de trabajo.

Luego de la polémica por la cuestionada contratación directa que realizó la Municipalidad de Ñuñoa a esta ONG es razonable la pregunta ¿Por qué FIMA insiste en el sector público?

Según el aviso, el curso es financiado por la fundación Heinrich Böll Stiftung, una “fundación política sin ánimo de lucro cercana al partido alemán Alianza 90/ Los Verdes”, dice en su página web. La misma que ha financiado diversos programas para promover la autodeterminación mapuche en Chile.

Al igual que las empresas, FIMA tiene un legítimo interés privado propios de su objeto como ONG, por ello, resulta al menos cuestionable que funcionarios de las organizaciones del Estado que participan en la evaluación ambiental de proyectos de inversión, o analizan otros aspectos relevantes desde la perspectiva ambiental, sean capacitados en horario laboral por una parte interesada financiada por una organización política internacional.